Una comunidad de vecinos se niega a instalar una plataforma elevadora para un niño con una discapacidad del 87%

Una comunidad de vecinos de la localidad madrileña de Villaverde Alto se niega a instalar una plataforma elevadora en el acceso al portal del edificio donde vive un niño de tres años que tiene discapacidad del 87%, con lesiones cerebrales, con ceguera, sin movilidad alguna y en situación de dependencia total de sus padres y de los medios de transporte apropiados para personas con discapacidad.
Según denuncia la familia del niño, tras distintas juntas vecinales, la comunidad "no sólo se niega a realizar la instalación de la plataforma que, además en un principio, se había aprobado en una primera junta, según establece la propia ley, sino que decidieron desacordar la instalación y, a cambio, aprobar unas obras en el garaje de la finca para el cuidado de los vehículos de los vecinos y aprovechar esas obras para que dicho lugar sea el paso de acceso para nuestro hijo con discapacidad".
En este sentido, la familia interpuso una demanda el pasado día 10 de abril ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid contra la comunidad de propietarios de dicho edificio, en la que solicita que se declare la nulidad de dicho acuerdo como medida para eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad a los portales y, por tanto, la paralización de cualquier gestión o acción relacionada con las obras relativas al pasillo perimetral interior (al que se accede por puerta peatonal junto a la del garaje) como medio de acceso para personas con discapacidad.
Entre otras actuaciones, previamente, el demandante acudió al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Cermi Comunidad de Madrid para buscar asesoramiento, y también informó a la Junta Municipal del Distrito de Villaverde que corresponde a la finca sobre las obras relacionadas con el acceso al garaje y al pasillo perimetral de la finca, con el objetivo de que el organismo municipal realizase las comprobaciones legales oportunas con el fin de que esas obras se adecúen a la normativa urbanística y, concretamente, a la relacionada con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la eliminación de barreras. 
"Nos encontramos ante una situación totalmente injusta e inhumana llevada a cabo por la comunidad demandada", señala la familia, a quien ya se le ha informado de que el primer juicio se celebrará el próximo 20 de junio.
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