Una historia política de la 'ley Sinde'

Escribe José Cervera:

«En el principio, allá por junio de 2008, intereses del mundo discográfico y de los intermediarios de la autoría se reunieron y fundaron La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, un nuevo lobby que agrupa a alguna de las facciones más extremistas de la interpretación más cerrada de la llamada propiedad intelectual. Este nuevo grupo de presión está tan integrado en la Era de Internet que no se han molestado en crear una página web. Lo que sí que hicieron fue nombrar como director a Joan Navarro, un profesional de esa difusa frontera entre la administración pública y la empresa privada con excelentes contactos dentro del partido gobernante en España, el PSOE. Desde el principio Navarro aparta a la Coalición de cualquier veleidad de asociación con métodos basados en la represión a los internautas para luchar contra la llamada piratería, como las leyes de desconexión que desarrollan países como Francia o Gran Bretaña. Su planteamiento, mucho más cercano al sentir de la cúpula del PSOE, será otro: una defensa de la propiedad intelectual desde la izquierda.

Para realizar esta filigrana la Coalición dirigida por Navarro desarrolla la tesis de que es necesario proteger a los trabajadores de la cultura cerrando y bloqueando las páginas que hacen negocio con los contenidos ajenos. Dados los reiterados fracasos de las entidades gestoras por conseguir condenas en los tribunales españoles con las leyes actuales (los jueces rechazan conceptos legales como el “lucro cesante” o la ilegalidad intrínseca del intercambio de ficheros) para conseguir los cierres es necesario eliminar a los jueces del proceso, llevando a cabo el cierre desde una instancia administrativa: una comisión del ministerio de Cultura. Para subrayar el respaldo político desde las más altas instancias del Gobierno, el mecanismo legal se incluye en forma de Disposición Final Primera (DF1) en una de las leyes estrella de la legislatura: la Ley de Economía Sostenible (LES). Surge así la redacción original de la DF1, la 1.0, con entusiasmado respaldo de los técnicos del ministerio de Cultura y de la propia ministra González-Sinde, pero con el impulso político procedente de instancias superiores. Y sin consulta con los internautas.

Cuando se conoce la DF1 1.0, a principios de diciembre de 2009, inmediatamente saltan todas las alarmas. La norma permite que se cierren páginas españolas sin control judicial ninguno, y además bloquear páginas publicadas en el extranjero impidiendo su visión en España. La nueva ley equipara la propiedad intelectual con conceptos como la salud y la seguridad públicas y la protección de la infancia, y criminaliza el hiperenlace, la estructura básica de la Web. El modo como se nombra la comisión responsable de los cierres y cómo se seleccionan las páginas a cerrar queda abierto. En suma, una comisión administrativa formada nadie sabe cómo puede hacer desaparecer una página web de la Red sin que esté claro por qué y sin que su responsable tenga mecanismos de defensa. La libertad de expresión queda al arbitrio de una comisión del ministerio de Cultura con la excusa de defender unos derechos de autor que se colocan por encima, equiparándolos con la integridad física y moral; lo que no se hace con los robos físicos se podrá hacer con los virtuales. La agresión a libertades fundamentales y el potencial de abuso de la nueva norma son incalculables.

Inmediatamente un grupo de periodistas y profesionales de la Red analiza la DF1 1.0 y se moviliza contra ella en Internet. En menos de 24 horas se redacta y publica un Manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet que en apenas medio día alcanza centenares de miles de adhesiones en Facebook y es publicado en decenas de miles de páginas web por toda la Internet hispana. Los partidos políticos en la oposición se adhieren a la protesta. Reaccionando a la ebullición de la Red el gabinete de la ministra de Cultura convoca una apresurada reunión para hablar con un grupo de internautas. La selección de este grupo depende, en buena parte, del azar, de la distancia, y de contactos particulares. Elementos como las agendas previas (la convocatoria se hace con apenas 12 horas de antelación) determinan muchas ausencias.

La reunión se celebra la mañana del día 3 de diciembre en la sede del ministerio. Para la ministra y su gabinete el objetivo es explicar las (excelentes) intenciones del proyecto: está dirigido tan sólo a un par de centenares de páginas que se lucran vendiendo contenido ajeno, los cierres tienen que hacerse con rapidez porque los tribunales tardan demasiado y se ha consultado a las organizaciones de consumidores. Los afectados, además, siempre podrán recurrir para proteger sus derechos a la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Nadie usará jamás el texto para cerrar páginas web por razones de opinión. En suma, las mejores intenciones. Cuando los allí presentes les comunican, en términos enérgicos, que eso no basta, los técnicos del ministerio no saben qué decir; la ministra ha abandonado la reunión por un compromiso previo.

En los días siguientes el tumulto se mantiene y amplifica por el efecto mismo de la reunión. El resultado es que inmediatamente el ministro de Justicia, y más tarde el mismísimo presidente del Gobierno, aparecen negando públicamente que se vaya a producir el cierre de ninguna página web sin intervención judicial. Esto supone un varapalo político para la ministra, que no olvidemos forma parte del gobierno pero no tiene carné del PSOE y se ve públicamente»...

[+] La tribuna de «Cuarto Poder»