El PP, frustrando los deseos de millones de españoles que desean limpieza general y un castigo ejemplar para los ladrones y corruptos en el poder, ha decidido "pasar página" y, en lugar de encomendar "mano dura" a la Fiscalía, ha condecorado a Zapatero y a sus cómplices. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, afirma que está investigando más de mil casos de políticos españoles presuntamente implicados en delitos de corrupción, pero la realidad es que esas causas avanzan con una lentitud desesperante y que no hay prácticamente ni un sólo político español en la cárcel, quizás porque gozan de una impunidad no escrita, pero vigente en la práctica, a pesar de que el país está destrozado e indignado por la ineficacia del poder, el expolio de las arcas públicas y la corrupción a gran escala.
La idea no es mía porque la he leído en la red, y tampoco es original porque el movimiento 15 M realizó ya algunos conatos de juicios populares en la puerta del sol, pero mal organizados y sin las mínimas garantías y el rigor necesarios. La idea es tan buena que he decidido perfeccionarla y promocionarla porque es eficaz y funcionaría como una gran terapia colectiva para este país enfermo. Para combatir la impunidad de las castas poderosas en España y suplir esa gran carencia básica de la mal llamada "democracia española", las asambleas de indignados que se reunen por todo el país, que, con la llegada del buen tiempo, es previsible que renazcan en muchas ciudades de España, deberían organizar juicios populares para analizar y dar a conocer el comportamiento presuntamente delictivo de muchos políticos españoles, aireando públicamente sus vergüenzas, abusos, rapiñas y fechorías. Esos juicios populares no tendrían validez legal, pero constituirían verdaderas manifestaciones públicas contra la corrupción y aportarían datos y argumentos a los medios de comunicación para que apoyen la lucha ejemplar de la sociedad española contra los abusos de esa casta dirigente que ha conducido y tal vez siga conduciendo al país hasta la pobreza, el descrédito internacional, la corrupción generalizada, la derrota y el fracaso.
La organización de juicios populares públicos hay que afrontarla con seriedad y rigor, movilizando equipos de investigación capaces de buscar y aportar indicios y pruebas contra el acusado y funcionando siempre dentro de un escrupuloso sentido de la verdad y de la justicia, ajustándose siempre al principio rigurosamente democrático de que las carencias del poder en democracia deben ser suplidas por el pueblo en acción.
En realidad los actos que se organicen no serán propiamente juicios sino escenificaciones de comunicación social donde se aporte información a la ciudadanía sobre asuntos de interés general y alto valor para la regeneración. La legalidad de esos actos es indiscutible, ya que todo su funcionamiento girará en torno al inalienable derecho constitucional de todo español a informar y ser informado.
El juicio del pueblo es un elemento clave de la democracia. La opinión pública se forma acumulando información y sus criterios y juicios deben ser tenidos en cuenta tanto por la Justicia oficial como por el poder político. Los juicios populares, cuando son reprimidos y asfixiados por el sistema, se abren camino por si solos y operan con especial fuerza. En la España del presente Zapatero y Urdangarín, presidente del gobierno anterior y yerno del rey, respectivamente, constituyen dos casos claros de juicio y condena popular. Zapatero, condenado por la opinión pública y rechazado por el pueblo, tuvo que abandonar el primer plano político para evitar que su partido fuera arrasado en las elecciones del 20 de noviembre, mientras que Urdangarín ha provocado la indignación y la condena de la opinión pública española por haberse aprovechado de su alto posicionamiento como miembro de l familia real para realizar negocios sucios y apropiarse indebidamente de dinero público y evadirlo.
Los "condenados" en esos juicios populares no irán a la cárcel, pero sus abusos quedarán ejemplarmente descubiertos y ellos quedarán "marcados" ante la ciudadanía, un castigo popular nada despreciable en democracia.
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