Una nueva legalidad

Quizá hayáis escuchado o leído en las últimas semanas noticias que hablan sobre los diversos conflictos que azotan Bolivia: que si la libertad de prensa, que si el nuevo padrón electoral biométrico, que si la “supuesta” célula terrorista en Santa Cruz, que si el traslado de familias campesinas del altiplano a los departamentos amazónicos del norte del país, etc.

A mi modo de ver, toda esta conflictividad radica en un proceso de construcción de una nueva legalidad que está dando sus primeros pasos, titubeantes e indecisos en muchos ocasiones, pero que tienen un componente de transformación lo suficientemente potente como para que surjan resistencias de todo tipo, principalmente de aquellos sectores que han vivido instalados en los privilegios y la impunidad durante décadas.

Todo proceso de cambio, como es esta revolución democrática, conlleva, inevitablemente, una modificación más o menos radical de los valores, conductas, principios y maneras de hacer política, predominantes en una sociedad.

Estas transformaciones llevan asociadas, de manera invariable, la oposición radical de esos sectores antes mencionados. El arraigo de valores democráticos es lo que determina que esta confrontación discurra por vías pacíficas o violentas, tal y como, desgraciadamente, en ocasiones ocurre en Bolivia.

El aspecto fundamental, el cambio trascendental y que se ha convertido en el eje del conflicto, es la estructura de la propiedad de la tierra.

En Bolivia, apenas 100 familias son dueñas del 80% de toda la tierra productiva del país, hecho que lleva aparejado, de manera obvia pero muchas veces oculta según se presenten los datos, que la inmensa mayoría de la población (más de 9 millones de personas) resulta desplazada y marginada del acceso a un factor de producción esencial en sociedades como la boliviana y, porqué no decirlo, latinoamericana.

El Gobierno ha comenzado, de manera tímida y negociando con los sectores más reaccionarios, una redistribución de la tierra que ha servido para paliar los efectos más desgarradores de esta injusta situación, no para cambiar esta deficiencia estructural, que mantiene, a pesar de estas iniciativas, la misma composición excluyente y generadora de pobreza y abusos.

Pese al impacto limitado del proceso de saneamiento de tierras improductivas, que ha permitido el mantenimiento de grandes latifundios, determinados grupos políticos y económicos, élites alejadas de la realidad de su país, han tomado una actitud de oposición radical y violenta con la que tratan de desestabilizar un gobierno que goza de un respaldo y una popularidad indiscutible.

Denuncian el presunto desprecio de Evo Morales por la propiedad privada, derecho máximo y sacro que defienden por encima, incluso, de los derechos humanos de las comunidades guaraníes que han sido encontradas en sus propiedades en régimen de esclavitud.

Más allá de otras consideraciones acerca de la concepción de la propiedad privada como un derecho indiscutible, es interesante leer como estos grandes latifundios fueron adquiridos, en su gran mayoría, durante la dictadura de Hugo Bánzer (uno de los ideólogos de la Operación Cóndor junto a los “insignes” Pinochet, Videla, Stroessner…), regalos de este infame personaje a aquellos que colaboraban con el mantenimiento de un régimen represor y genocida.

Desde esta perspectiva de análisis es perfectamente entendible su oposición violenta a todas las medidas que tratan de cambiar, aunque sea levemente, este estado de cosas.

Denuncian constantemente los ataques a la libertad de prensa… desde sus medios de comunicación… curiosa paradoja: periódicos que se venden en todas las ciudades del país, cuyos titulares rayan la infamia (es bastante común leer como acusan al gobierno de ser cómplice de asesinatos), y que, al mismo tiempo, denuncian ser víctimas de persecución y hostigamiento, que ven cercenados sus derechos…

Lo peligroso, lo más grave de esta situación, son las evidencias, por mucho que estos sectores se empeñen en negarlas, de la articulación y financiamiento de grupos paramilitares con los que pretendían generar un clima de inseguridad y desestabilización en todo el país, con el único objetivo, escondido detrás de reivindicaciones autonomistas, de mantener unos privilegios económicos que, siendo objetivos, están muy lejos de ser afectados seriamente.

Todas estas expresiones, digamos, “inadecuadas”, instaladas en los extramuros de un marco democrático normal, son consecuencia de la debilidad de una legalidad neonata, que aún no ha definido con firmeza sus límites infranqueables, sus principios irrenunciables, y que presenta grietas e inseguridades por donde se cuelan y se permiten actitudes contrarias al respeto a los derechos y a la dignidad humana.