Con las inundaciones en Alemania, los incendios en Grecia o el récord europeo de altas temperaturas en Italia, 2021 ha evidenciado la emergencia climática en Europa más que nunca. Ante esta crisis, la Unión Europea lanzó a finales del 2019 su Pacto Verde, un plan dotado de un billón de euros para financiar su objetivo climático más ambicioso: ser el primer continente en alcanzar la neutralidad climática para 2050.
Para acelerar este compromiso, Bruselas presentó el pasado 14 de julio el Fit for 55, un paquete de reformas para asegurar la reducción de las emisiones de CO2 al menos en un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990. Este programa tiene un fuerte componente transformador: se ha presentado no solo como una hoja de ruta hacia la neutralidad climática, sino como toda una estrategia de desarrollo económico. Sin embargo, no está exento de polémica, sobre todo porque extiende el principio de “quien contamina, paga” a nuevos sectores.
El plan pasa por reformar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, el mercado donde se subastan permisos para emitir CO2 y cuya recaudación se destina principalmente a invertir en renovables. Unas 10.000 entidades del sector energético y la industria pesada, además de las aerolíneas que operan en el espacio comunitario, ya participan en este mecanismo. Bruselas quiere ampliarlo al transporte marítimo, endurecerlo en la aviación y crear un nuevo mercado de derechos de emisión para el transporte por carretera y la climatización de edificios. Es decir, moverse por carretera y calentar los hogares será cada vez más caro.
Desigualdad y descontento como punto de partida
El objetivo de estas medidas es concienciar a los europeos de que la contaminación tiene un precio para desincentivar así el uso de las energías más contaminantes. No obstante, los hogares y países más pobres cuentan con menos recursos para invertir en esta transición. Al mismo tiempo, están menos electrificados, utilizan los vehículos más viejos y contaminantes y tienen viviendas peor aisladas, y pronto tendrán que pagar por ello.
El otro revés de la crisis energética: Europa quema aún más carbón en plena transición verde
Las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia son un ejemplo de la reacción que el Fit for 55 podría acarrear. Surgieron en 2018 como respuesta a la subida del impuesto al diésel y, después de una serie de manifestaciones a veces violentas, hicieron que el Gobierno retirara las tasas. Ahora que la Comisión Europea quiere introducir medidas en esa línea, muchos temen que la transición verde se frustre en las calles europeas y que incluso alimente el euroescepticismo y la narrativa de una Europa burocrática, alejada de las preocupaciones reales de la sociedad.
Francia y Polonia, en contra del plan
Conscientes de la amenaza, varios Estados miembros han mostrado su oposición a algunas propuestas de la Comisión. Además, porque los Gobiernos nacionales serán los encargados de aplicar las medidas del programa y hacer frente al consecuente desgaste político.
Francia, donde la sombra de los chalecos amarillos se extiende a otras protestas, ha sido de los primeros en expresar su preocupación en torno a la propuesta de incluir al transporte rodado en el mercado de derechos de emisión. “Nosotros experimentamos con ello y tuvimos a los chalecos amarillos”, afirmó Pascal Canfin, presidente del Comité de Medioambiente del Parlamento Europeo y eurodiputado por La República en Marcha, el partido del presidente, Emmanuel Macron. La postura de la formación es clara: el coste político es extremadamente alto para un impacto climático demasiado bajo. Por ello, Francia propone al menos suavizar el plan o expandir las compensaciones económicas a los más afectados.
La situación de Macron es delicada. En abril del 2022 se enfrenta a unas elecciones presidenciales al mismo tiempo que Francia ostenta la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea. En este contexto, el mandatario tendrá que conjugar sus intereses electorales con su imagen de joven líder medioambientalista. Ahora su prioridad es evitar asociarse con una élite desconectada del ciudadano de a pie. Para ello, Macron no olvida la consigna principal de la que ha sido su peor crisis: “Mientras ellos piensan en el final del mundo, a nosotros nos preocupa llegar a fin de mes”.
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Pero Francia no ha sido la única en mostrar oposición a un mercado de emisiones para vehículos y edificios. Algunos de los Estados miembros más contaminantes y con menos recursos también lo han hecho. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, sostiene que el Fit for 55 hará a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, y pide un incremento sustancial en el Fondo de Modernización, destinado a financiar la transición energética de los once Estados miembros más desfavorecidos. Hoy se destina a ello el 2% de los beneficios de la subasta de permisos de emisión, y el Fit for 55 pretende incrementarlo hasta el 4,2%. Morawiecki no cree que sea suficiente, siendo Polonia, con creces, el país europeo más dependiente del carbón.
Pero esta no es la única propuesta que ha encontrado oposición. Algunos Estados miembros también se han manifestado contra los planes de la Comisión de prohibir la venta de vehículos de combustión para 2035 ante el previsible impacto para sus industrias automovilísticas. Francia, uno de los mayores exportadores de coches de la UE, demanda que los híbridos sigan en los concesionarios, mientras que el primer ministro de República Checa, Andrej Babiš, ha rechazado la prohibición tachándola de ideología pensada “por los fanáticos verdes del Parlamento Europeo”. No en vano, la industria automovilística representa un 9% del PIB checo. Por su parte, Italia, sede de varias empresas de coches deportivos, busca una excepción para los de alta gama.
La transición verde “será justa o no será”
La Comisión tampoco es ajena a la amenaza de una fuerte reacción política y popular a su plan climático, en especial con unos precios de la electricidad desbocados en toda la Unión Europea. Kurt Vandenberghe, el consejero de la presidenta Ursula Von der Leyen para el Pacto Verde, aboga por una introducción progresiva a partir de 2026 para evitar una “gran revolución”. Mientras, el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, ha admitido que Europa no se puede permitir confrontar lo social con lo climático y que la transición “será justa o no será”.
Para conseguirlo, Bruselas ha diseñado el Mecanismo de Transición Justa, un instrumento con el que pretende paliar los efectos adversos de la transición energética entre los países más afectados. Dotado con unos 70.000 millones de euros, cuenta con ayudas a la inversión privada, préstamos al sector público y un Fondo de Transición Justa para suavizar el impacto socioeconómico del cierre de minas y refinerías. Pero algunos parlamentarios europeos dudan que sea suficiente. El fondo, reducido de los 40.000 millones esbozados inicialmente a los 17,5 acordados tras las negociaciones, no podrá usarse en inversiones de gas natural ni nucleares.
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Por lo pronto, el plan Fit for 55 aún tiene que ser aprobado en el Parlamento Europeo y en los nacionales, lo que podría llevar hasta dos años. Todo dependerá de cómo evolucionen las negociaciones, en especial con relación a la cuantía final que se asigne a los mecanismos de compensación.Sin embargo, ya pueden sentirse sus efectos de manera indirecta: el solo anuncio ha disparado los precios a futuros de los permisos de emisión de CO2. La inclusión de nuevos sectores en el mercado ha anticipado una mayor demanda de permisos y ahora los precios son el doble que hace un año. No obstante, una mayor recaudación a través de su venta significaría más dinero en las arcas europeas para invertir en la transición energética. La clave para predecir cómo contestarán las calles estará en cómo se distribuyan esos recursos.
¿Una ola de chalecos amarillos en toda Europa? El temor de Bruselas ante la transición verde fue publicado en El Orden Mundial - EOM.
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