Una oposición no timorata y desleal a Venezuela, es lo exigido por el pueblo

El Reportero del Pueblo

En política no solo son importantes las acciones, sino que también es fundamental el discurso desde el cual se legitiman las acciones. Un buen discurso legitimador de acciones genera mística para atrapar emocionalmente a los potenciales votantes, y permite superar contradicciones manifiestas en la construcción política. Los gobiernos requieren crítica, necesitan ojos que cuestionen, que pregunten, que se opongan. Solo en el debate las ideas crecen y es posible enriquecerlas. La oposición debe ser capaz de concertar y presentar ante el pueblo una propuesta de programa que exprese la lucidez en su interpretación de la historia nacional, y que sea de verdad una lectura, una visión y una acción alternativa frente a la del oficialismo.

Es decir, una oposición que ayude a construir los grandes acuerdos, una oposición parlamentaria fuerte y vigorosa que garantice no solo el derecho al disenso de las minorías, sino que se constituya en un verdadero poder institucionalizado. Uno de los grandes retos que enfrenta el Congreso costarricense es el de consolidar una oposición corresponsable, que contribuya a que el poder legislativo se convierta en un órgano que colabore, fiscalice y sirva de contrapeso al Poder Ejecutivo.

Con la llegada de la oposición al Directorio de la Asamblea, este grupo ejerce la tarea de controlar la acción gubernamental como una de sus funciones primordiales. También le corresponde impulsar propuestas para el control y la orientación política que le permitan ejercer una supervisión detallada del Ejecutivo, que contribuya a la consolidación y fortalecimiento de nuestro sistema democrático.

Venezuela, debe reajustar el funcionamiento del Congreso a las nuevas realidades. Esto supone un Poder Legislativo fuerte, vigoroso, fuera de la órbita presidencial, que sea capaz de ejercer por la vía del control parlamentario y de sus instrumentos, un verdadero contrapeso al Ejecutivo.

Por lo tanto, los mecanismos de control político deben estar en manos de las minorías parlamentarias, independientemente de que puedan o no ser gobierno, pero que a través de sus distintas posturas, puedan constituir oposición en el congreso al Gobierno de turno.

Cabe destacar que los legisladores discuten, deciden, convocan, pero muchas veces no resuelven, y es precisamente aquí donde el uso del control político se desvirtúa, porque algunos creen que oposición política significa ser promotor de marchas, huelgas y diatribas, sin darse cuenta de que  desaprovechan los espacios convenientes de colaboración para colocar en la mesa los intereses del país.

Tal y como lo señala Norberto Bobbio en su libro “El Futuro de la Democracia” las actuales democracias enfrentan adversidades que tambalean o, al menos ponen en entredicho, sus principios fundantes, entre las que destaca la sujeción de la colectividad y el interés general a los grupos organizados de interés particulares; la cada vez más sólida presencia de estructuras paralelas y opuestas a la institucionalidad formal; la preeminencia de lo técnico sobre lo político (muy acorde con el discurso antipolítico dominante) y la incapacidad de las autoridades de gobierno para procesar en forma efectiva y satisfactoria, el conjunto de las demandas sociales existentes y potenciales, con la consecuente pérdida de legitimidad del sistema en la percepción social.

Detrás de esta ingobernabilidad del sistema democrático emerge el problema de la representación política que es expresión de una crisis de mayor envergadura: la crisis de la organización social en su conjunto, incapaz aún de aprehender las nuevas complejidades y dinámicas surgidas con el desarrollo intensivo de novedosas expresiones tecnológicas y formas de interacción social de ellas derivadas.

Los aspectos antes esbozados desde una perspectiva teórica, adquieren inusual vigencia y significado en la Venezuela del siglo XXI.

En forma sostenida, desde la última década del siglo pasado, nuestro país, al igual que muchos otros Estados- Nación de América Latina, vienen experimentando un proceso sostenido de pérdida de legitimidad y credibilidad de sus principales instituciones políticas.

A su vez, distintas encuestas y estudios de opinión reflejan que los partidos políticos son las instituciones políticas con el mayor descenso en opiniones favorables y aceptación de la población. Hoy los “sin partido” superan en forma amplia a los que señalan adherencia partidista.

La Asamblea Legislativa y el Régimen Municipal no gozan de la confianza de la ciudadanía, convirtiéndose en focos permanentes de crítica y sanción social. Ante ese panorama negativo enfrentado por las entidades del sistema político, ha surgido en el ambiente nacional, una tendencia caracterizada por promover modelos de organización política que descansen en formas institucionales alternativas o sustitutivas de aquellas, cuya lógica se sustenta en la búsqueda de un esquema de democracia participativa, con amplio protagonismo de la denominada “sociedad civil”. Aunado a ello, grupos de distinta naturaleza y afiliación, se han aglutinado en torno a la defensa de intereses específicos y concretos, autoerigiéndose para ello, como voceros auténticos de la sociedad.

Bajo este contexto, resulta esencial para el futuro del modelo democrático venezolano, analizar las implicaciones, riesgos y eventuales escenarios surgidos como consecuencia de la reproducción de la tendencia observada. Hoy la democracia, como forma de organización política de la sociedad, enfrenta varios y muy serios desafíos.