A fines de los '70, la cúpula de Montoneros organizó el regreso al país de decenas de militantes para la lucha armada, casi todos murieron; seis militares acaban de ser condenados a prisión perpetua
Pablo Mendelevich
El último eslabón de la escarpada serie judicial en torno de la Contraofensiva montonera, pese a su enorme importancia pasó casi inadvertido, soslayado por la gravedad de los problemas colectivos del presente. Fue la condena a prisión perpetua dispuesta por el Tribunal Federal 4 de San Martín de cinco oficiales del Batallón 601 de inteligencia del Ejército por los crímenes cometidos en la represión de la Contraofensiva. El veredicto se dictó el 10 de junio y el viernes pasado se dieron a conocer los fundamentos del fallo. Una sentencia de fuerte impacto sobre el relato histórico que busca obtener centralidad.
Cuarenta años después de los hechos, los seis militares de inteligencia a los que fue posible encausar -a los cinco originales se sumó el mes pasado un sexto, cuyo juicio se había demorado a la espera del resultado de una junta médica- resultaron culpables como coautores de delitos de lesa humanidad: privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio. El tribunal, además, revocó sus arrestos domiciliarios y ordenó que las condenas se cumplan en cárceles comunes.
En dos años de audiencias el juicio reunió 190 testimonios de sobrevivientes y familiares de los miembros de Montoneros que participaron de la Contraofensiva. Algunos testigos eran niños cuando ocurrieron los hechos y brindaron testimonios fuertemente emotivos. Como Ana María Montoto Raverta. Ella, junto a su hermana Fernanda Raverta, la actual titular de la ANSES, fueron llevadas en 1979 a "La guardería" que los Montoneros instalaron en La Habana con el fin de que los padres dejaran a sus hijos al cuidado de miembros de la organización para poder participar de la Contraofensiva. En este caso se trató de la madre, María Inés Raverta, una de las cuatro víctimas de la inteligencia argentina secuestrada y asesinada en Lima: no todos consiguieron volver. La inteligencia del Ejército, en complicidad con militares locales, también ejecutó secuestros en Brasil y en España.
La contraofensiva fue dispuesta por la cúpula montonera a comienzos de 1979 en un plenario celebrado en un convento de Génova. Para entonces el ERP había sido diezmado y los Montoneros, casi sin cuadros activos en el país, habían espaciado sus acciones terroristas. La dictadura, si bien había desmontado algunos campos de detención, conservaba intacto el aparato de represión ilegal. Frente a ese panorama la cúpula entendió, desde Europa, que la dictadura estaba en crisis y dispuso la Contraofensiva, el reingreso a un país plenamente controlado por la Junta Militar de guerrilleros que estaban a salvo en el exilio, muchos de ellos después de haber pasado por campos de detención. El objetivo era "terminar de derrotar" a la dictadura.
A los oficiales montoneros los seleccionó la conducción. Muchos viajaron al Líbano para hacer entrenamiento militar. Los de menor rango podían negarse a volver, aunque debían para eso abstraerse del clima de "la orga".
Este dramático capítulo de los años de plomo consagró la sospecha de que pudo existir, si no una infiltración, alguna connivencia entre militares y miembros de la conducción montonera.
La irracionalidad del plan, militar mucho más que político, de Mario Firmenich, que motivó la sonora escisión de Rodolfo Galimberti y Juan Gelman (quienes por ello serían condenados a muerte por la conducción de Montoneros, aunque la sentencia no llegaría a cumplirse), una irracionalidad refrendada por el hecho de que la Contraofensiva resultó para la organización un fracaso estrepitoso con un costo de alrededor de ochenta vidas, inspiró un sinfín de análisis, especulaciones y acusaciones de todo tipo. Una de las suspicacias más repetidas sostuvo desde el comienzo que la contraofensiva le convenía al entonces almirante Emilio Massera para consolidar su proyecto personal.
A la luz de los hechos siempre resultó particularmente difícil entender por qué pese al fracaso de la primera contraofensiva la conducción montonera insistió al año siguiente en disponer el reingreso al país de más guerrilleros exiliados en Europa y en México, quienes en su mayoría terminarían muertos o desaparecidos luego de ser secuestrados y torturados. Unos pocos fueron detenidos y legalizados y sobrevivieron.
Por el elevado índice de información certera que le permitió a la inteligencia del Ejército aplastar la contraofensiva montonera, este dramático capítulo de los años de plomo consagró la sospecha de que pudo existir, si no una infiltración, alguna connivencia entre militares y miembros de la conducción montonera, donde a su vez había quienes desconfiaban de la integridad de los guerrilleros que habían logrado sobrevivir al sanguinario aparato de represión y consiguieron ser autorizados a salir del país. Es conocido, por ejemplo, que los montoneros habían escondido armas en muebles guardados en depósitos y que cayeron cuando, tras reingresar en el marco de la Contraofensiva, fueron a recuperarlas.
No obstante, una parte de los que lograron entrar al país y no fueron emboscados llegó a producir graves atentados, como la voladura de la casa de Guillermo Walter Klein, en la que murieron dos custodios, el intento de asesinato de Juan Alemann y el asesinato del empresario Francisco Soldati. Firmenich fue condenado por estos dos últimos hechos en 1989, la Corte Suprema confirmó esta sentencia en septiembre de 1990 y cuatro meses después Menem lo indultó.
En 2003, el juez federal Claudio Bonadio, quien en su juventud había militado en la organización peronista Guardia de Hierro, puso presos a los exdirigentes montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja y pidió la captura internacional de Firmenich (vivía en Barcelona, donde hoy sigue residiendo), acusados los tres de ser "partícipes necesarios" en la desaparición de quince montoneros durante la Contraofensiva de 1980. Interpol no consiguió ubicar a Firmenich. Dos meses más tarde, la Cámara Federal de Apelaciones consideró arbitraria la causa, sostuvo que no había pruebas, los presos fueron liberados y cesó el pedido de captura internacional.
El juez Ariel Lijo condenó en 2007 a Cristino Nicolaides y otros seis militares con penas de entre 21 y 25 años de prisión por las desapariciones de cinco guerrilleros en 1980. El mismo juez condenó a otros dos militares en 2012 por delitos similares, también relacionados con la Contraofensiva.
Sin embargo, el juicio en el que los camaristas de San Martín Esteban Rodríguez Eggers, María Claudia Morgese y Matías Mancini vienen de dictar sentencia fue distinto. Tuvo para los sobrevivientes y familiares que lo impulsaron una dimensión de epopeya, porque desde su punto de vista permitió modificar la imagen pública "antes demonizada" de la contraofensiva montonera. En el blog "La retaguardia", que siguió el juicio oral día a día, incluso se habla de una reivindicación. "Este juicio que acaba de terminar es histórico por varios motivos: consiguió torcer el rumbo estigmatizante que acompañó a las víctimas durante estas décadas. Reivindicó en cambio el derecho de los pueblos a la resistencia en tiempos de opresión. El TOF N°4 fue además el primero en aceptar la propuesta de La Retaguardia para transmitir en vivo las audiencias.
El aludido derecho a la resistencia a la dictadura ha sido históricamente el argumento central de Firmenich y los demás miembros de su Consejo Superior para justificar la contraofensiva (y en general la lucha armada), pese a que los Montoneros también habían usado las armas para combatir al gobierno constitucional peronista. Habían pasado a la clandestinidad en 1974.
En el sitio oficial Argentina.gob.ar, al consignarse la información sobre la sentencia del jueves 10 de junio del TOF 4 de San Martín, se reitera lo de "juicio histórico" y se explica que los testimonios de sobrevivientes y familiares "pusieron en relieve la vida y militancia de quienes participaron de la Contraofensiva, así como el derecho a la resistencia a la dictadura". Ni la lucha armada ni los atentados que fueron la parte más visible de la Contraofensiva aparecen mencionados. El texto oficial desliza una opinión crucial desde el punto de vista histórico: "Entre 1979 y 1980 -dice-, militantes de Montoneros en el exilio decidieron regresar a Argentina en el marco de la denominada Contraofensiva con el objeto de realizar acciones de resistencia a la dictadura junto a integrantes de la organización que se encontraban en el país".
La decisión de regresar al país, o el grado de autonomía que tuvieron quienes siendo combatientes de la organización regresaron en momentos en que la muerte era el final casi asegurado, ha sido por décadas el aspecto más controvertido de la Contraofensiva. Al decir que los propios militantes montoneros "decidieron regresar", el Gobierno desdeña la orden de Firmenich, el verticalismo férreo, y toma partido por la postura que exime de responsabilidad a la conducción o que mitiga culpas en base a la idea de que en todo caso hubo "un error".
Gellman y Galimberti (quienes luego disintieron entre sí) llegaron a disuadir a varios candidatos de acometer el retorno "suicida", como ellos mismos les decían. Posteriormente dieron cuenta de las dificultades que había para negarse. Ambos rompieron con la conducción de Montoneros en desacuerdo con la decisión de Firmenich de disponer la Contraofensiva y en contra del militarismo exacerbado de la organización, algo que en cierto modo quedó corroborado con la condena a muerte que se les dio por respuesta.
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