Una política obrera frente a la crisis

Los informes son cada vez más lapidarios: la producción automotriz se encuentra en picada. Registra una caída del 35% durante el último mes. El panorama de las principales automotrices (Fiat, Renault, Peugeot) muestra suspensiones -actualmente 5.000 trabajadores del sector se encuentran en esta situación- y despidos encubiertos -por la vía de las consultoras, que han dejado de renovar contratos o de efectuar nuevos.
Todos coinciden en que la razón fundamental radica en la caída de las exportaciones, a raíz de la retracción del mercado brasileño. Pero el patentamiento en el mercado interno cayó 3% durante junio.
La devaluación del real -que algunos presentan como un augurio de que Brasil saldría de la crisis- agravaría la situación y, sobre todo, las presiones devaluacionistas sobre el peso argentino, por parte de los grandes capitales: Ratazzi -de Fiat- es un adelantado en este reclamo. Pero un golpe de esta escala al salario en Brasil o en Argentina sólo provocaría un agravamiento del problema. Estamos en las vísperas de un reacomodamiento de toda la industria, con enfrentamientos entre los grupos capitalistas y quiebras de una parte de ella. Se trata de la expresión concreta de la bancarrota capitalista mundial.
Frente a esta situación, a pesar del fracaso, gobierno y burocracia sindical acentúan lo que ha sido su política hasta ahora. El gobierno sigue subsidiando a las empresas a costa de terminar declarando la bancarrota del propio Estado y la burocracia sostiene, a rajatablas, que con el pago del 75% del sueldo durante la suspensión los trabajadores están blindados frente a la crisis. Uno y otro evitan una intervención obrera.
La decisión de la burocracia del Smata Córdoba de sumarse al paro moyanista se explica por el estado de deliberación, por las tendencias y expresiones de autoorganización que se abren paso en las plantas. Por eso planteamos una campaña por la asamblea general, que unifique a los trabajadores y los plante frente a la crisis.
El programa de acción que parte de prohibir los despidos y las suspensiones, así como de imponer el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, cumple no sólo con la función ineludible y progresista de defender a la familia de los trabajadores, sino que garantiza que los trabajadores no sean apartados de sus lugares de trabajo y que puedan, en ese marco, establecer una reconversión de la industria en función de los intereses generales de la población y no de los particulares de los grupos capitalistas.
Eduardo Salas