La reforma laboral aprobada por el gobierno de Rajoy avanza por el buen camino, pero se queda corta porque deja demasiado poder en manos de los sindicatos, no incluye medidas que estimulen la contratación y ha eludido el gran reto de crear un contrato especial, adaptado a los tiempos de crisis, temporal y sin indemnizaciones, que permita colocar fácilmente y sin apenas ataduras a los cientos de miles de jóvenes sin empleo.
No es una reforma "Histórica" como afirma el gobierno, aunque sí es una reforma positiva. Una vez más el gobierno de Rajoy genera cierta decepción, no sólo porque se queda corto en sus objetivos, sino porque elude su compromiso electoral de reducir las cotizaciones de las empresas a la seguridad social, una medida que habría ayudado a las empresas con dificultades y estimulado la contratación. La avaricia y el afán recaudatoria pierden, una vez más, al gobierno popular.
Menos mal que la ley, aprobada como "decreto", sufrirá un trámite parlamentario, lo que permite albergar ciertas esperanzas de que se introduzcan cambios que la mejoren.
La ley ha concentrado su mayor esfuerzo en el abaratamiento del despido, no en el estímulo de la contratación, un camino que sólo podrá crear empleo a medio y largo plazo, con el riesgo de que provoque más desempleo en una primera etapa.
No es fácil que los sindicatos se atrevan a convocar una huelga general contra la reforma, aunque el PSOE presionará en ese sentido, entre otras razones porque el estado de la economía desaconseja un paro de la actividad productiva y porque el nuevo gobierno tiene suficiente apoyo popular para reaccionar endureciendo todavía más la reforma durante su trámite parlamentario.
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