Una vida ilegal

Impresiona saber que según la OIM 769 inmigrantes han fallecido o desaparecido en la ruta occidental del mediterráneo en 2018. También impresiona que la cifra hasta nuestros días no haya parado de aumentar. Pero lo que más debe sobrecoger al ciudadano es el hecho de que aun así, una vez consiguen llegar a nuestro país se encuentran las puertas cerradas y con llave.

A pesar de que las recomendaciones de la Unión Europea en cuanto a los refugiados son otras, partidos políticos como Vox indicaron recientemente en las redes sociales su posición con respecto a los MENAS (menores extranjeros no acompañados). En el caso de dicho partido, se ignoran las recomendaciones de la Unión, ya que se proponen medidas como por ejemplo el declarar ilegales a todas las ONGs que busquen ayudar a estas personas, devolver a dichos inmigrantes a su lugar de origen y expulsar de manera inmediata a aquellos que cometan delitos graves. Debido al cargo que ostenta dicha formación, Vox debería entender que dichos MENAS o mejor dicho, niños, no vienen a nuestro país de excursión o de visita turística. Estos niños huyen de la pobreza, del comercio de personas, de la guerra y del maltrato, y lo que dicho partido junto a otros defiende es que vuelvan a esa situación de miseria, ya que, en pocas palabras, no les interesa tenerlos aquí.

Estas personas que llegan a nuestro país son sometidas a pruebas con un amplio margen de error para determinar su edad, en ocasiones incluso sin haber recibido a priori acogida o protección, incumpliendo por ello el protocolo establecido para dichos casos. Si son considerados mayores de edad, tras no contar con ningún abogado ni con ningún recurso para recurrir, estas personas o son devueltas a la guerra, a la pobreza y al maltrato o por el contrario se quedan en la calle en una situación considerada como irregular y sin ninguna posibilidad de trabajar. En caso de que sea considerado menor, la suerte para ellos no cambia, pues dichos niños se dirigen a centros de acogida que lamentablemente no poseen los mínimos necesarios para que salgan adelante y, salvo que consigan un contrato laboral de 18 meses (algo prácticamente imposible debido a sus circunstancias), saldrán a la calle al cumplir la mayoría de edad sin posibilidad de trabajar y sin ningún amparo.

Por todo ello es necesario comprender que la situación de desamparo de estos niños no les ofrece ninguna posibilidad en nuestro país, e incluso les obliga a realizar en ocasiones actos ilegales para poder sobrevivir. No es que quieran incumplir la ley, es que la misma no les permite llevar una vida digna de un ser humano. Y fomentar ayudas para que aquí tengan las posibilidades que se merecen, es adecuado, pero no nos olvidemos de que la única solución al problema es evitar que estas personas se vean en la necesidad de huir de sus países para poder lograr una vida digna, y a lo mejor en eso, también tenemos parte de culpa.