Siempre me he sentido orgullosa de haber estudiado en la enseñanza pública, desde la EGB de entonces a la universidad; por la que pasé dos veces, cursando dos carreras diferentes. Y eso procediendo de una familia de clase trabajadora; sin alcurnia ni pedigrí. Por suerte para mí, atrás quedaban aquellas historias de mis abuelas o incluso de mi madre, que no pudo seguir estudiando por ser “mujer y pobre”.
Pero entrado el siglo XXI, cuando ya eso se creía superado, vuelven estos fachas de tres al cuarto a querer encarecer la enseñanza subiendo las tasas universitarias bajo la ya asqueante excusa de la crisis, para poner de nuevo el filtro que distinga todavía más a ricos y pobres.
Precisamente ayer tenía lugar la Conferencia General de Política Universitaria, en la que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se lavaba las manos como Pilatos, diciendo que el incremento del precio final de la matrícula dependería de los criterios que aplicara cada comunidad autónoma. La nuestra, que precisamente nunca ha brillado por su inversión educativa ni por la gestión de los responsables de esta materia, afirma que aplicará un 15% de alza; el mínimo establecido por el Ministerio y que tratará de compensar la subida con su política de becas. Pues vamos listos.
Menos mal, que hay más gente que protesta y así yo destacaría la campaña emprendida por la organización no gubernamental FACUA-Consumidores en Acción, que denuncia “los recortes en la educación pública que pueden expulsar de la enseñanza universitaria a los hijos de las clases trabajadoras más humildes”. Entre sus acciones han lanzado un vídeo protagonizado por las actrices Silvia Marsó y Natalia Dicenta y el periodista Ramón Arangüena en la que llaman a la movilización a los consumidores para que defiendan sus derechos ante estos recortes brutales.
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