Urbanismo y transparencia digital

Urbanización residencial en Bonita Springs, Florida. Imagen: Boston.com

La difusión reciente y generalizada de maquinas para el manejo de todo tipo de datos ha introducido la posibilidad de estructurar ordenadamente cualquier sistema que implique el uso masivo de información. Por ello, también el diseño de los mecanismos para la gestión y acceso automatizado a información espacial se ha convertido en el próximo desafío para el urbanismo y, en general, para la ordenación del suelo en la esfera de las administraciones públicas.<---
Una ordenación territorial sistemática adaptada a su gestión mediante aplicaciones informáticas es hoy en día un reto esencial para el gobierno del territorio en los países avanzados. Sin embargo, y de una manera generalizada, todavía se siguen empleando herramientas inadecuadas para el control y gestión de esa información masiva asociada a los usos y aprovechamientos del suelo. Parecería que las inercias administrativas fueran un lastre de difícil superación en este campo. En países como España, por ejemplo, el control legal del territorio se ha confiado tradicionalmente al registro de la propiedad urbana y rústica, el catastro relacionado con los impuestos asociados y, más recientemente, a través de instrumentos urbanísticos específicos que faciliten la administración en la esfera municipal. Es el caso de los planes generales y parciales de ordenación, que generalmente no superan un nivel de definición instrumental y documental básico para esa posible ordenación informatizada del tráfico privado de los terrenos. Las bases registrales son un instrumento esencial para el manejo de las transmisiones privadas de la propiedad del suelo mientras que el catastro de la propiedad es una herramienta ligada a la hacienda pública que posibilita al estado asignar impuestos al suelo de una manera justa, teniendo en cuenta las posesiones reales de cada cual. Ambos instrumentos son fundamentales para permitir un tráfico de esos bienes privados sobre bases contrastadas y fiables y con ello, acceder a otros servicios que se apoyan en la propiedad de carácter inmobiliario, como los financieros. En muchos países tanto los registros de la propiedad como el catastro son inexistentes o poco fiables y ese hecho supone un déficit notable para el desarrollo social de los territorios, como así han comprendido algunos. Existen ya algunos esfuerzos altruistas que pretenden contribuir a implantar este tipo de servicios colectivos de una manera eficiente y fiable. Es el caso del Instituto para la Libertad y la Democracia, que desde Perú impulsa sistemas más eficaces y honestos para extender las garantías sobre los derechos de propiedad del suelo entre los más pobres y desasistidos.

Parcelario catastral del barrio del Ensanche en la ciudad de Barcelona. Fuente: BCN Pic

Los registros de la propiedad y los servicios catastrales públicos son, en sí mismos, ejemplos de bases de datos territoriales, imprescindibles para una gestión adecuada del suelo. Es decir, el acopio duradero, constante y fiable de los datos relativos a la distribución de la propiedad del suelo permite actuar con unas mínimas condiciones de seguridad. Esta es una tarea que tradicionalmente se ha llevado a cabo en archivos escritos y otros sistemas de carácter analógico en los que se tienen en cuenta las referencias y mapas cartográficos de una manera nominal. Hoy en día, la disponibilidad de cartografías digitales avanzadas permite asociar esas bases de datos relativas a la propiedad del suelo a la identificación geométrica precisa de cada parcela. En muchos lugares se ha desarrollado ya esa tarea de transferir esa ingente información acopiada sobre el suelo hacia bases cartográficas homologadas. Un grave problema que se suele presentar es el volcado de la información utilizando referencias cartográficas y mapas dispares, que no tienen una homologación unitaria, lo que hace disímiles e incompatibles las nuevas capas dibujadas de datos con otras afectadas.

Zonificación urbana del PGO de Lerida. 2005. Revista Urban nº 13

En lo que se refiere a los instrumentos relacionados con la disciplina urbanística que se han incorporado a la ordenación del suelo desde mediados del siglo XIX, sus herramientas tampoco han evolucionado de acuerdo a las capacidades disponibles ya, de carácter informático y digital. Hoy en día, se sigue proyectando masivamente la ordenación del territorio y de la urbanización usando ideas, conceptos, e instrumentos provenientes de las maneras y metodologías heredadas del pasado. Pero es que además, existen contradicciones y superposiciones que impiden aclarar el objetivo y alcance de los instrumentos técnicos y administrativos. Por poner un ejemplo, la legislación espacial española, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha concebido los planes generales de ordenación como una anticipación deseable del desarrollo de lo urbano en las distintas circunscripciones municipales.

El plan establecería un diagnóstico y unos objetivos para decidir la mejor opción en la disposición de las nuevas áreas residenciales y económicas sobre la base de un análisis previo de las distintas componentes que pueden tener una influencia en el crecimiento de las ciudades (geográficas, económicas, sociodemográficas, etc.). Junto a lo anterior, ese instrumento urbanístico definiría también los elementos que garanticen una funcionalidad y estructura adecuada al conjunto, nuevas carreteras, dotaciones colectivas, etc.; además aportaría una definición básica de las condiciones de uso y aprovechamiento de las distintas superficies ordenadas. Un sistema muy endeble y discutible para garantizar una adecuada ordenación del territorio que a la vez oriente el desarrollo de la urbanización y al mismo tiempo cumpla también con la tarea de determinar el alcance del derecho de propiedad en las distintas piezas de suelo que componen un término municipal. Con esta doble responsabilidad el plan falla en la anticipación futura de los desarrollos y además también fracasa como instrumento de ordenación, concebido colateralmente para asignar nuevos aprovechamientos urbanísticos. Por todo ello, el sistema urbanístico español ha degenerado con el tiempo en un fangal de corruptelas y arbitrariedades que lastran muy negativamente el futuro territorial de este país.
Lo que es peor, en el curso de los años en España, el urbanismo y los instrumentos asociados han ido abandonando paulatinamente el componente planificador para convertirse casi exclusivamente en mecanismos para la asignación de nuevos usos y aprovechamientos de determinadas piezas de suelo seleccionadas de una manera irracional y aleatoria. Este proceso de asignación administrativa de aprovechamiento supone una fuente de enriquecimiento notable sin apenas costes de producción. Revalorizaciones que se concretan en una excesiva plusvalía urbanística generada prácticamente desde la nada. Una suerte de piedra filosofal contemporánea que es buscada con ahínco por los propietarios monopolistas del suelo y sus colaboradores necesarios. Aquí, como en otros muchos lugares, la mera clasificación de una superficie de suelo como urbana o urbanizable supone la generación de ingentes rentas; un hecho que está en el fundamento de la atrayente especulación inmobiliaria con el territorio. Es este un mecanismo espurio al socaire del crecimiento de las ciudades -que son fruto del esfuerzo colectivo- pero en base al cual los operadores privados tratan de apropiarse denodadamente de esa nueva riqueza, teniendo como consecuencias colaterales innumerables fraudes técnicos y administrativos, también apoyados políticamente en muchos casos.

La especulación sobre el suelo no es una situación nueva, pero a la que más de doscientos años de experiencia urbanística no ha logrado establecer un control adecuado. Mientras no se cambien estas condiciones legales en que se apoyan los procesos de urbanización en nuestro país, la única forma de combatir esta apropiación privada, indebida y excesiva, de rentas sólo puede consistir en el establecimiento de la máxima transparencia junto a la definición con precisión de esas plusvalías para intentar la máxima devolución hacia la colectividad de la riqueza producida. Y aquí empiezan a tener un papel fundamental los sistemas públicos digitales, geográficos y territoriales, basados en información masiva sobre el suelo. La construcción de bases de datos urbanísticas, fácilmente accesibles mediante su consulta universal permitiría tener un control colectivo y más eficiente de los desarrollos urbanísticos. Y con ello, argumentos colectivos para lograr una mejor reversión a la esfera pública de las plusvalías generadas.

Identificación del conjunto de fincas registrales de la isla de Tenerife sobre cartografía pública homologada. Sistema de Información Geográfica en la red de la empresa pública canaria GrafCan

Un instrumento técnico que colaboraría eficientemente en el objetivo social anterior es el que proporcionan las herramientas denominadas sistemas de información geográfica basadas en programas informáticos ya ampliamente disponibles. Un sistema de este tipo es un conjunto de recursos digitales que permiten una explotación adecuada de datos asignados espacialmente. Con ellos, se pueden hacer análisis complejos sobre las condiciones geográficas y la distribución espacial de distintas cuestiones asimilables territorialmente. Por ejemplo, la distribución de la población, el carácter y riqueza ambiental de los suelos boscosos, etc. En los últimos años esta posibilidad sencilla de asignación espacial de datos concretos ha dado lugar a una explosión exponencial del uso y explotación de la información espacial disponible. Sólo hay que recordar lo que suponen herramientas como Google Earth o Maps para entender el alcance del cambio producido. Pero es que la incorporación de la ordenación urbanística y territorial a los sistemas de información geográficos permitiría un acceso sencillo y casi inmediato de la información sobre el suelo. Una vez construída la base de datos espacial, su disposición en Internet no requiere de grandes esfuerzos. Es más la construcción de una base de datos urbanísticos orientada a su gestión cotidiana podría permitir que cualquier transformación o cambio en los aprovechamientos y usos del suelo pudiera reflejarse en un corto período de tiempo. Llevado a su extremo, estos sistemas de información digital en la red podrían constituir un procedimiento de trasmisión de ese conocimiento esencial para la colectividad que se refiere al manejo del suelo y del gobierno en el crecimiento de la urbanización. Un instrumento que dificultaría la acción oscura de aquellos que pretenden obtener ventaja precisamente de esa información privilegiada que hoy en día está restringido a los departamentos de planificación urbana ligados a los Ayuntamientos.

Favela en la costa de Río de Janeiro. Foto: J.K. Johnson, Flickr--->