La Cámara de Representantes aprobó el miércoles la extensión hasta el año 2019 de la ley de sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro vinculados en prácticas de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.
La legislación ya había obtenido el visto bueno del Senado y con la aprobación del miércoles, el Acta de Extensión del 2016 para la Defensa de los Derechos y de la Sociedad Civil de Venezuela pasa a manos del presidente Barak Obama, quien tiene previsto firmar próximamente la legislación para convertirla en ley.
El senador Marco Rubio, uno de los principales promotores de la legislación en la Cámara Alta, instó al presidente Obama a que “implemente totalmente” la ley para salir en defensa del pueblo venezolano.
“En la medida que el despreciable régimen continúa violando los derechos de su propio pueblo, es nuestro deber como país seguir haciendo todo lo que podamos para enfrentar la catástrofe en la que se ha convertido en Venezuela”, manifestó Rubio en un correo electrónico.
La aprobación de la medida también fue celebrada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, quien resaltó que la legislación le dará al gobierno de Estados Unidos las herramientas para seguir ayudando al pueblo venezolano en medio de la cruenta represión emprendida por el régimen de Maduro.
“En la medida que el pueblo venezolano es privada de libertad y protesta por falta de comida y el suministro de las necesarias provisiones, y enfrentan una economía en deterioro, nosotros deberíamos mantener la presión sobre los opresores congelando activos y cancelando las visas de los violadores de los derechos humanos del régimen de Maduro”, dijo Ros-Lehtinen en un correo electrónico.
“A la vez que enviamos esta legislación a la Casa Blanca para que sea firmada, una vez más insto al presidente Obama a que añada más nombres a la lista de las personas sancionadas para luchar a favor de la democracia en Venezuela”, agregó.
El proyecto de ley solicita al presidente Obama que congele las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas involucradas en actividades de represión y de corrupción.
Aprobada inicialmente en diciembre del 2014, la legislación fue diseñada en respuesta a la feroz represión emprendida ese año por el régimen de Maduro contra los estudiantes e integrantes de la sociedad civil que salieron a protestar en su contra, en una ola de arrestos y maltratos que dejaron al menos 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2,500 detenidos desde febrero pasado.
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Tomado de El Nuevo Herald
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