Uso del Estado por la Iglesia

Por Frei Betto

El alcalde de Río, Marcelo Crivella, obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, auspició el 4 de julio una reunión secreta con más de 200 pastores evangélicos para capacitarlos sobre el uso de la maquinaria estatal con el fin de obtener ventajas para templos y fieles, como exención de impuestos y prioridad en exámenes de salud. Esa ilegalidad dio por resultado un pedido de impeachment por parte del legislativo carioca.

Marcelo Crivella, Alcalde de Río de Janeiro y obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios.

La relación entre la Iglesia y el Estado siempre ha sido  problemática. El cristianismo nació de la ruptura de Jesús con dos estados: el Sanedrín judío, que lo condenó, y el poder romano,  que lo ejecutó en la cruz.

Durante tres siglos los cristianos perseguidos por el Imperio Romano se vieron obligados a practicar su fe en las catacumbas. En el año 313, el emperador Constantino dio un golpe maestro: debido a la popularidad de los cristianos, se alió a ellos.

En mi opinión, la Iglesia no convirtió a Constantino a la fe cristiana. Fue el emperador romano quien convirtió a la Iglesia a los privilegios imperiales. Eso es lo que describen las cartas de San Jerónimo. Los obispos comenzaron a recibir los honores de príncipes, y el papa se convirtió en monarca absoluto, hasta el punto que en el año 800 el papa León III coronó al emperador Carlomagno, fundador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que dominó a Europa durante los siete siglos posteriores.

A lo largo de la historia, el Estado y la Iglesia siempre intentaron cooptarse el uno al otro, como demuestra el período colonial brasileño hasta 1872, cuando el emperador tenía la prerrogativa de nombrar los obispos. En la Unión Soviética, tras el intento fallido de erradicar la religión, Stalin se empeñó sin éxito en cooptar a la Iglesia Ortodoxa Rusa.

En los países capitalistas se llegó a un acuerdo de caballeros. El Estado le concede privilegios a la Iglesia, como exención de impuestos y derecho a tener escuelas y universidades que mercantilizan la educación. La Iglesia, por su parte, observa un silencio obsequioso ante los males y las arbitrariedades del Estado.

Participé durante diez años en el reinicio del diálogo entre el gobierno y la Iglesia Católica en Cuba. Ante el distanciamiento crítico de los obispos con respecto al socialismo, en cierta ocasión uno de ellos me preguntó si mi propósito era lograr que la Iglesia apoyara a la Revolución.

Le respondí que el papel de la Iglesia, según el Evangelio, no es el de apoyar u oponerse al Estado. Es el de servir al pueblo, sobre todo a los más pobres y excluidos, como hizo y propuso Jesús. En caso de que el Estado oprima al pueblo, se producirá un conflicto inevitable con la Iglesia, como ocurrió en Brasil después que la dictadura militar promulgara el Decreto Institucional 5.[1]. En caso de que el Estado sirva y promueva al pueblo, reinará la armonía entre las dos instituciones.

El derecho del pobre es el criterio evangélico de valoración del Estado. En esta sociedad secularizada y plural, la Iglesia no tiene derecho a pretender imponer sus preceptos por la vía de la ley civil, ni a querer reducir los espacios de  otras denominaciones religiosas.

Una Iglesia que coloca sus intereses corporativos y patrimoniales por encima de las necesidades y los derechos del conjunto de la población no ha entendido la propuesta del Evangelio. Jesús fue enfático: “He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10,10). Léase alimentación, salud, educación, etc. para todos. No dijo: “He venido para mejorar la vida de mis discípulos, y los demás que se vayan por donde vinieron”.

Poner al Estado al servicio de los intereses de las religiones constituye un retroceso histórico que reaviva hogueras inquisitoriales.

[1] El decreto daba poderes extraordinarios al presidente de la República y suspendía varias garantías constitucionales (N. de la T.)