Venezuela: año de elecciones presidenciales

ANA CRISTINA BRACHO

Tras años de inusitada intensidad, el período constitucional de la Presidencia de Venezuela ha llegado a su año final. En consecuencia, este 2024 será un año electoral. Este hecho marca toda la agenda del país que recibe el año en ese ambiente, a la espera de la definición de candidatos y de un calendario electoral.

La economía

Venezuela ha sido objeto de un proceso de coerción internacional continuado, el cual alcanza 10 años de su fase más intensa. Esta había logrado, después de 2017, someter a la nación a una situación inédita al perder, casi por completo, sus ingresos petroleros. Esta acción, catalogada por Venezuela como de violación sistémica de la Carta de las Naciones Unidas es denunciada por el Gobierno como un crimen de lesa humanidad (2020) y, ahora, como un genocidio económico.

Pese a ello, esto no ha significado que no se den importantes cambios en el ámbito económico. La diversificación de los mercados internacionales, en especial a través de nuevas alianzas, la recuperación del comercio petrolero, la explotación de nuevos rubros y, finalmente, las licencias que le han sido otorgadas a Caracas en los últimos meses, permiten que, según las estimaciones, tras un año 2023 de crecimiento económico, presentado por el presidente Maduro como un “año bisagra”, se estime que este 2024 continúe la recuperación.

La nueva situación genera un dinamismo en el país mayor al de los últimos años, viviéndose tiempos de mercados abastecidos, apertura permanente de comercios y tendencias al regreso de la migración económica, que encuentra mejores condiciones en el país y se enfrenta a situaciones cada vez más hostiles, en especial con la reanudación de planes de deportación.

Si podemos observar que aquello se corresponde a la natural adecuación a la nueva situación que hace que el poder de las medidas coercitivas disminuya –si no logran deponer los gobiernos en sus primeras fases–, no podemos obviar que Venezuela se enfrenta este año a la necesidad de recuperar todo el sistema de protección y previsión social, altamente comprometido en los últimos tiempos.

De allí que, pese al crecimiento indexado de pagos no salariales denominados bonos, sigue siendo una urgencia la recuperación del salario como derecho humano fundamental y que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades vitales, así como para significar un verdadero estimulo para el trabajo formal.

Lo político

En 2024 la Revolución bolivariana cumple 25 años en el poder. Así, conmemora la construcción colectiva de la Constitución mediante la convocatoria a una consulta para la transformación, que servirá de impulso a la construcción de los nuevos planes que deberán desarrollarse a partir del nuevo período constitucional.

Para tales efectos todo el mapa político comienza a reorganizarse, donde se observa que avanza el proceso de rehabilitación de líderes opositores en el marco de los Acuerdos de Barbados, al tiempo que el presidente Nicolás Maduro Moros dijo, en la entrevista anual con Ignacio Ramonet, que su presentación como líder de la coalición chavista aún estaba por definirse. Lo que nos deja advertir que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus fuerzas aliadas convocarán a mecanismos para la selección de su candidato. Siendo que, para tales fines, Nicolás Maduro parece estar en buenas condiciones para presentarse nuevamente a la reelección.

La Asamblea Nacional, personificación del Poder Legislativo venezolano, comenzó el año el 5 de enero, como dispone la Constitución. En ese acto eligió para su nueva legislatura la misma junta directiva que tuvo en 2023. Iniciando temprano con la consulta del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que había sido aprobado en primera discusión el año pasado y que ha encendido un debate caracterizado por el rechazo de las organizaciones de esta forma que tienen naturaleza extranjera o reciben fondos foráneos.

Del mismo modo, adelanta una agenda de atención a la población privada de libertad en aras de reducir problemas estructurales de esta como las malas condiciones de reclusión o el retardo procesal.  Por lo pronto, la agenda parlamentaria no ha sido publicada aunque las comisiones de trabajo fueron instaladas y cada una anuncia las leyes e investigaciones con las que continuará o iniciará.

Lo territorial

En abril de 2023 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició el tiempo para que Venezuela produzca su defensa en el juicio incoado unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana que, pese a lo firmado en Ginebra en 1966, estima restablecer la vigencia del Laudo Arbitral de París de 1899, que pretendió ser la validación de la usurpación territorial de Inglaterra a Venezuela. La noticia generó en Miraflores la activación de una consulta popular, siguiendo lo dispuesto en el Artículo 71 de la Constitución, llevada a cabo en diciembre de 2023 con un avasallante respaldo ciudadano.

Tras la misma, Guyana y Venezuela sostuvieron un encuentro diplomático, luego de varios años de negativa de Georgetown, en el cual se fijaron unos criterios mínimos de relacionamiento. Para abril de 2024 se espera que Venezuela entregue su posición oficial, la que habrá de guiarse por los resultados de la consulta.

Mientras tanto, la explotación petrolera y gasífera de la zona sigue siendo objeto de licitaciones por parte del Gobierno guyanés, las que en su mayoría benefician a los grupos empresariales más adversos al Gobierno venezolano. Al tiempo que aumenta la coordinación militar de los Estados Unidos y Reino Unido con la República Cooperativa.

Lo internacional

El recién electo presidente de Argentina, Javier Milei, representa un nuevo gobierno antagónico a la Revolución bolivariana, con el que empiezan a evidenciarse las profundas diferencias, además de que ambos mandatarios han expresado públicamente su pobre valoración mutua. Al respecto, recién electo Milei se consumó la entrega de una aeronave venezolana a los Estados Unidos, así como anunció la Casa Rosada que no mantendría relaciones diplomáticas con Caracas. Esto hay que tomarlo recordando los importantes intereses petroleros que tiene Venezuela en la nación austral, donde cuenta con una red de gasolineras instaladas en 2003 y una importante población venezolana que reside en dicha nación.

Las licencias han permitido a Venezuela reposicionarse de su espacio petrolero, por tanto la diplomacia energética vuelve a ser un gran espacio internacional para Caracas, que espera su adhesión definitiva en los Brics y así seguir transitando hacia el mundo multipolar y pluricéntrico que ha impulsado desde hace ya más de dos décadas.

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Ana Cristina Bracho Venezolana, abogada