La captura del banquero Fortunato Benacerraf Saías, anunciada este lunes, directivo de la entidad financiera 100% Banco, por su relación con otros dos empresarios investigados por una conspiración contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) para sabotear la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ha confirmado que en Venezuela la rebelión es de los ricos.
Benacerraf, líder visible de una familia de tres generaciones de banqueros y de origen judío-sefardí, se une a una creciente lista de empresarios de diversos sectores que se ha sumado activamente y en forma directa a las acciones conspirativas para desalojar del poder a Nicolás Maduro, electo en 2013 y cuyo período de seis años vence a principios de 2019.
Si bien la burguesía venezolana y sus operadores políticos, asociados en una compleja coalición de partidos denominada Mesa de Unidad Democrática (MUD), han siempre intentado reducir la visibilidad de sus representantes, en estos últimos tres meses de violentas protestas no han podido ocultar el rol financiero y operativo de los dueños de la riqueza.
El banquero, cuya detención se informa hoy, está relacionado con Arístides Moreno y Roberto Picón, acusados de programar un ataque cibernético a las redes del organismo electoral con el fin de impedir las elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el 30 de este mes.
Moreno es el director ejecutivo y fundador de un conglomerado de servicios financieros, Inversur, y presidente de una compañía de distribución domiciliaria de gas doméstico en Caracas, Domegas. También integra la directiva de otra firma de comercialización de productos de aseo y de servicios de fumigación, Fuller de Venezuela.
Mientras que Picón es directivo y socio de la empresa del área de TI, Consultores e Ingenieros (Consein), con operaciones en Venezuela y Panamá, y principal aliada comercial de Microsoft.
En esa última firma el principal accionista es Isaac Saías Eseyeg, familiar del Fortunato Benacerraf y directivo del 100% Banco.
Llama la atención que Moreno y Picón siempre fueron presentados como asesores de la MUD y nunca se informó su rol como empresarios en un aparente objetivo de reducir el impacto público de ese dato.
Una de las actuaciones más destacadas de los grupos económicos durante la etapa más violenta de la confrontación, ha sido el aporte de recursos para financiar ese tipo de actividades. Para ello han organizado programas de captación de donantes a través de páginas de Internet especializadas y redes sociales.
Un análisis a las tres mayores iniciativas, que en sólo 10 días lograron recaudar cerca de 100 mil dólares para compra de cascos, escudos artesanales e insumos médicos para los manifestantes, revela la participación de jóvenes herederos de familias muy adineradas y residenciadas en ciudades de EEUU como Nueva York y Miami.
Son los casos de Héctor Castro Gaspard, residente de Miami, y de Aurora Kearney Troconis y Nelly Guinand, establecidas en Nueva York.
También destaca la historia de una banda que atacó con morteros tipo bazucas las instalaciones de la base áerea La Carlota. Se trata de los hermanos Ricardo y José Gabriel Adib Yatim, propietarios de empresas como una fábrica de muebles. Ellos actuaron con la colaboración de Andrés Sena Pereira, representante de una importadora de alimentos que recibió sólo en 2014 más de 10 millones de dólares a tasa oficial o preferencial.
Asimismo hay que mencionar que uno de los hombres que actuó en el linchamiento del joven Orlando Figuera, el 20 de mayo en Altamira, es Enzo Franchini Oliveros, de 32 años, socio y administrador de una compañía de construcción que fue contratista del gigante brasileño Odebrecht.
Otras historias con la participación de integrantes de la burguesía, en este caso agraria, son la de un hacendado de Barinas que prestó una retroexcavadora para apoyar saqueos y destrucción de edificaciones públicas en la ciudad de Socopó (estado Barinas).
Mientras que en el estado Mérida quedó documentada la actuación de un ganadero que financió con comida, bebidas alcohólicas y armas a quienes ejercían la violencia en el municipio Obispo Ramos de Lora.
Esta relación de eventos ratifica que la supuesta rebelión en Venezuela es realmente dirigida y ejecutada por una parte del empresariado, que han visto amenazados sus intereses ante las políticas de inclusión y distribución de la renta petrolera desarrolladas por el Comandante Hugo Chávez y continuadas por el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro.
(Tomado de Cubadebate)
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