Barinas – En un fallo que ha desatado una ola de indignación dentro y fuera de Venezuela, el Circuito Judicial Penal de Barinas condenó este 14 de octubre a 15 años de prisión a Randal Glendysmar Telles Peña, una joven de 22 años, por la publicación de un video en TikTok que las autoridades calificaron como «incitación al odio».
El caso, que involucra el uso de inteligencia artificial para crear contenido crítico contra figuras del alto mando político, pone de nuevo en el ojo del huracán el debate sobre la libertad de expresión en el país.
El origen del caso: Un video denunciado de forma anónima en Venezuela
El incidente que llevó a la detención de Telles data de finales de 2024. Según reportes, la joven subió a su cuenta de TikTok un video corto que combinaba una imagen generada por inteligencia artificial –representando a líderes como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello– con un audio que incluía críticas al gobierno venezolano.
El contenido, descrito por activistas como una sátira política, fue denunciado de manera anónima ante las autoridades, lo que precipitó su arresto casi inmediato.
Tambien Puede Interesarte:Ada Lluch es expulsada en vivo de “Espejo Público” tras polémicas declaraciones sobre delincuencia en BarcelonaTras pasar casi once meses en detención preventiva, Telles compareció ante el tribunal el pasado 14 de octubre. El veredicto, emitido por el juez penal del estado Barinas, la halló culpable bajo cargos relacionados con la Ley contra el Odio, aprobada en 2017, que ha sido ampliamente criticada por organismos internacionales por su uso para reprimir disidencias. La sentencia no solo impone 15 años de reclusión, sino que también genera un precedente aljudicializar la creación de contenido digital con herramientas de IA.
La voz de la condenada: Desesperación en una carta familiar
Antes de conocer la sentencia, Telles escribió una emotiva carta a su familia, revelada por fuentes cercanas y difundida en redes sociales. En ella, la joven expresaba su profundo abatimiento: “Tenía toda la ilusión de volver a casa…
Tengo deseos de desaparecer, siento que se me acabó la vida y con ello mis sueños”. Estas palabras, que han circulado ampliamente en plataformas como Instagram y X (anteriormente Twitter), han humanizado el caso y avivado el clamor por su liberación.
Su madre, en un video viral publicado en redes, ha clamado públicamente por justicia. “Pido al fiscal Tarek William Saab que revise este caso, mi hija no es un criminal, solo expresó su opinión”, se escucha en el testimonio, que acumula miles de visualizaciones en TikTok y ha sido compartido por cuentas opositoras.
Reacciones: Un «precedente grave» contra la libertad digital
El fallo ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo paradigmático de la instrumentalización del sistema judicial venezolano para acallar voces críticas. Provea, una ONG local, denunció que “este caso representa un grave precedente contra la libertad de expresión y la creación digital en el país”, advirtiendo sobre el riesgo de que cualquier uso de IA en redes sociales pueda ser penalizado.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en comunicados emitidos esta semana, han instado al gobierno de Maduro a revocar la sentencia, recordando que Venezuela acumula más de 300 presos políticos, muchos de ellos detenidos por publicaciones en línea.
“La verdad no se encarcela”, ha sido el lema que resuena en manifestaciones virtuales y presenciales en Barinas y Caracas.
Diversos activistas, como el periodista Víctor Amaya, han contextualizado el caso en un patrón más amplio: “Por estos días nos hemos enterado de tres sentencias de este tenor.
Gente presa y condenada a décadas en prisión por hablar en redes”. Este endurecimiento, argumentan, forma parte de una política sistemática de persecución que busca infundir miedo y limitar el “pensamiento libre” en plataformas digitales.
Contexto: La represión digital en la era de la IA
Venezuela no es ajena a controversias por el control de las redes sociales. Desde las protestas de 2017, el gobierno ha intensificado el monitoreo de contenidos en TikTok, Twitter y Facebook, utilizando leyes como la controvertida Ley de Responsabilidad en Internet (Ley RESCATE) para justificar detenciones.
El auge de la inteligencia artificial añade una capa de complejidad: herramientas como generadores de imágenes y audios deepfake facilitan la sátira, pero también exponen a los usuarios a acusaciones de “manipulación” o “desinformación”.
El caso de Telles refleja la tensión entre innovación tecnológica y control estatal. En un país donde el 70% de la población accede a internet principalmente vía móviles, las redes sociales se han convertido en el principal espacio para la disidencia. Sin embargo, con más de 18 millones de venezolanos en el exilio o desplazados, estos incidentes no solo silencian individuos, sino que perpetúan un clima de autocensura generalizada.
Un foco internacional renovado
La condena ha atraído atención global, con medios como EVTVMiami y El Nacional destacando su similitud con casos previos de represión. En X, el hashtag #LibertadParaRandal acumula miles de menciones, impulsado por influencers y exiliados venezolanos. Mientras tanto, el Ministerio Público, encabezado por Tarek William Saab, ha defendido el fallo como una medida contra la “incitación al odio”, sin responder directamente a las apelaciones de la familia.
El destino de Randal Telles Peña pende ahora de posibles apelaciones, pero su historia ya trasciende las fronteras de Barinas. En un Venezuela polarizada, donde la expresión libre es un lujo precario, este caso subraya una verdad incómoda: la censura no solo encarcela cuerpos, sino que asfixia sueños y voces. El país, que clama por democracia y derechos humanos, merece –y exige– un sistema judicial que proteja, no que persiga.
La entrada Venezuela: Una joven de 22 años enfrenta 15 años de cárcel por un video crítico en TikTok se publicó primero en Reporteros Independientes.
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