Revista Regiones del Mundo

Venta de armas.

Por ArÍstides

VENTA DE ARMAS.
VENTA DE ARMAS.

EL MUNDO SÓLO PUEDE LLAMAR A TU PUERTA CUANDO ESTÁS EN EL CUARTO DE BAÑO

El Sol saldrá a las 5,53h. y se pondrá a las 18h.

El estado español, con 696,34 millones de euros, es el sexto país que más armas vende, por delante de China y detrás de los EEUU, Rusia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Los fabricantes son empresas privadas que deben contar, para realizar las transacciones, con la aprobación de una comisión dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, que a su vez cuenta con la presencia de altos representantes del Ministerio del Interior, Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia.

La venta de armas es un negocio que creció un 22% (informe Sipri) en el período 2005-2009. En el caso español, su venta está supeditada al artículo 8 de la Ley 53/2007 “las solicitudes serán denegadas cuando existan indicios de que el material pueda ser utilizado en acciones que perturben la paz (…) exarcebar conflictos latentes (…) con fines de represión o en situaciones de violación de derechos humanos.” Atendiendo a ello, organizaciones como Intermón Oxfan, Greenpeace o Amnistía Internacional denuncian que se está exportando material bélico a países en conflicto. De esta forma, se realizaron ventas a estados con inestabilidad interna (Venezuela, Bolivia, Sudán, Guinea Conakry, Pakistán, Sri Lanka, Israel o Malasia), conflictos armados (Colombia o Líbano) y que violan los derechos humanos (Irán, Arabia Saudí, Angola, Turquía o Marruecos).

La exportación de este tipo de material ha reportado a las empresas fabricantes 411 millones de euros en el último semestre del 2009, con un aumento del 64,5% sobre el mismo período del año anterior. Especialmente llamativa es la autorización de venta, por valor de 80 millones de euros, al Reino de Marruecos. Los denunciantes argumentan que en el reino alauí hay un conflicto sobre el Sahara Occidental que dura 34 años -en el que el estado español es parte implicada- y que en él se violan reiteradamente los derechos humanos.

No parece que quienes están en la Comisión Ministerial pongan excesivo celo en salvaguardar el artículo mencionado. Por la calidad de los miembros que lo componen, no cabe pensar que estas decisiones son casuales y más parece que es un caso claro de prevaricación y mala fe.


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