Una de las esperanzas colectivas que le dieron una enorme bolsa de votos al PP en las elecciones generales fue su promesa de reformar el Código Penal para aplicar la “prisión permanente revisable” a los criminales más repulsivos, como los violadores y asesinos de niños, que suelen reincidir cuando logran la libertad.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha rechazado ese compromiso al anunciar que esa cadena perpetua sólo aparente, porque permite devolver la libertad al reo si demuestra su reinserción, se limitará a los futuros condenados por terrorismo.
Es decir, a nadie, si es que ETA sigue sin matar, porque para los presos actuales ya buscarán alguna salida buenista en los próximos meses o años.
En España se ha renunciado a la pena de muerte, un gran avance social. Pero también a la cadena perpetua, lo que llevaría a liberar a genocidas como Hitler o Stalin tras unos cuantos años de cárcel.
La cadena perpetua revisable existe en países de gran tradición democrática: saben que no todo el mundo es bueno como creía Rousseau, porque hay alimañas que nunca dejaran de serlo.
Un caso reciente es el de José Franco de la Cruz, “el Boca”, asesino de la niña de 9 años Ana María Jerez Cano, que rechazó someterse a rehabilitación y que salió tras 21 años de cárcel negando cualquier arrepentimiento por su sádico crimen mil veces probado.
Violadores y pederastas asesinos están de enhorabuena, pero el padre de la niña Mari Luz Cortés, violada y asesinada por un pederasta reincidente en libertad, y como él los padres de muchas víctimas de los delitos más repulsivos, están irritados, escandalizados.
Porque quien les prometió personalmente crear la “prisión permanente revisable” no fue Ruiz-Gallardón, sino el mismo Mariano Rajoy que ahora calla.
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