Villablino, un lugar no alejado del primer estallido social de España.

Ana Luisa Durán, alcaldesa de Villablino. En los años 90, el dinero brotaba por las calles de Villablino, la capital de Laciana, donde la concesión de coches eran negocios prósperos y las entidades financieras mantenían abiertas una sucursal en cada esquina. Era el efecto de la minería, un sector que daba empleo a toda la comarca, sirviendo de motor para el sector servicios, y que alimentaba a una parte de la provincia de León. La zona era muy rica. Cada día un nuevo negocio, un bar, una discoteca, un súper, tiendas de regalos…
Desgraciadamente, los tiempos han cambiado. Y ahora, desde hace una década, Laciana agoniza, se muere. La comarca sufre una lenta agonía. Ha recibido un “golpe mortal” porque el “Gobierno no ha calculado la dimensión de las medidas que ha tomado”. Así lo advierte Ana Luisa Durán, alcaldesa de esta localidad de 10.600 habitantes, en la que hoy “todo el mundo está en paro”. Con la minería cerrada “aquí se ha parado el motor de la comarca”. Y ahora los negocios agonizan por falta de clientes.
Durán se enfrenta a uno de los peores momentos como alcaldesa. La crisis del carbón ha puesto la cuenca al borde de la desesperación y la situación de sus vecinos es su máxima preocupación. Reconoce que se han desaprovechado las oportunidades de cambiar el rumbo económico de la comarca y pide ayuda a Junta y Estado para que Laciana tenga futuro. Ella y el resto de la corporación municipal alertan de que la situación es ya de “emergencia social”. Tanto es así, que la corporación decidió no percibir sus asignaciones de noviembre y diciembre para destinarlas a un fondo de ayuda. “Con ello se creó una bolsa de 4.800 euros destinada a ayudas a las familias de mineros necesitadas. Las familias se apuntan en el registro, se evalúa la asignación, que puede estar en 100 ó 150 euros, o la cantidad que se precise, y la familia recoge esa cantidad en alimentos en el supermercado”, asegura Durán. El objetivo es prestar ayuda a quien hoy sufre un claro estado de necesidad. Necesidad real que, salvo que se tomen las medidas de apoyo al sector, puede finalizar o en un “estallido social”.
“La gente aquí ya no tiene nada que perder, y cuando digo nada que perder es nada que perder –sentencia la alcaldesa–. El Ayuntamiento tiene que acometer en los próximas semanas medidas de urgencia para evitar los desahucios, porque en breve éste será el nuevo problema al que nos tendremos que enfrentar”. De momento, según los cálculos de Olga Santiago, concejal de Asuntos Sociales, hasta medio centenar de familias percibirán ayuda en forma de alimentos. “Estamos ante una gran crisis social. Una crisis sin precedentes. Unos 700 trabajadores del sector de la minería han perdido aquí su empleo, no tienen ingresos, algunos ni siquiera cobran el paro. La situación se hace límite y el Gobierno mira para otro lado. Hay mucha desesperación”, insiste Ana Luisa Durán.