Visitas por la red. Ley de partidos

Los partidos necesitan una transformación profunda, aunque dudo mucho que una ley lo consiga, a pesar de todo mejor apoyar las propuestas de cambio. Yo creo que la llave para abrir la puerta principal de los cambios legales, constitucionales, políticos y las relaciones de poder, es la ley electoral. Es la ley que relaciona representantes y representados, y la que debe asignar mucho mayor poder que el actual a los electores para que puedan influir sobre los partidos, sobre los elegidos, quitando poder a las cúpulas y pasándolo a la ciudadanía y revisando la circunscripción electoral que evite el coste de algunos escaños por 3 o 4 veces los votos de otros.
Por Una Nueva Ley de Partidos
La sociedad española asiste preocupada y escandalizada al deterioro de la política. Tras treinta y cinco años de democracia, los partidos funcionan mal. Tal y como muestran todas las encuestas, los ciudadanos sienten que el nivel de los políticos está por debajo de las exigencias de los problemas que afronta el país. La corrupción se ha hecho crónica y, en mayor o menor medida, salpica a los principales partidos. Hay una crisis de confianza en la política. No podemos seguir así. Las leyes y pactos para controlar la corrupción han fracasado. No faltan leyes para castigarla, pero faltan normas que creen contrapesos en la política, que establezcan más competencia entre políticos de un mismo partido y que limiten el poder de las cúpulas dentro de las organizaciones políticas. Normas encaminadas a evitar que la corrupción pueda crecer sin freno. Los partidos políticos tienen un papel insustituible en todo sistema democrático. A diferencia de lo que ocurre en otras democracias avanzadas, en España el marco legal vigente no facilita la depuración de los partidos cuando ello se revela necesario. Los partidos españoles se autorregulan: los congresos y órganos de dirección se reúnen cuando conviene a sus dirigentes; el método habitual de selección de cargos internos y de candidatos a cargos representativos es la cooptación; y el control de las cuentas se encomienda a un organismo, el Tribunal de Cuentas, fuertemente politizado, cuyos miembros acceden al cargo por cuota política y cuyo último ejercicio auditado es 2007. En las democracias constitucionalmente más avanzadas los partidos están fuertemente regulados por la ley o, en el caso británico, por la costumbre. No es por capricho. Los partidos políticos no son entidades privadas como, por ejemplo, un club de fútbol o una empresa agrícola, que pueden organizarse como mejor les plazca. Son entidades especiales a las que se les reconoce el monopolio de la representatividad política y que se financian con fondos públicos. Su funcionamiento tiene más trascendencia que el de cualquier empresa o sociedad recreativa. Por ello, la periodicidad de los congresos, los métodos de selección de los delegados y el control de sus cuentas mediante auditorías independientes están regulados por la ley. Nada de eso es de aplicación en España y esta anomalía es una causa importante de la difícil situación actual. En todos los países hay corrupción política, pero la democracia interna en los partidos, la competencia entre los que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las obligaciones de transparencia impuestas por la ley permiten que los políticos corruptos sean apartados con celeridad. En España esto no ocurre y la corrupción crece, debilita la acción de gobierno en una coyuntura crítica, provoca la desafección ciudadana y acaba causando una grave crisis política e institucional. Hay más. El método de cooptación, repetido una y otra vez, es un método de selección adversa que acaba elevando a puestos de responsabilidad a los menos críticos y a los menos capaces. Hay que cambiarlo urgentemente. Creemos que, entre los muchos cambios que hoy demanda nuestro sistema político, el más urgente es la elaboración de una nueva Ley de Partidos Políticos, con el fin de regular su actividad, asegurar su democracia interna, la transparencia y el control de su financiación y acercar la política a los ciudadanos. Esta es una condición necesaria para poder abordar con garantías un proceso de reforma institucional mucho más amplio que debería incluir, entre otras, la reforma de la Justicia, la regulación de los lobbies y la separación estricta de los cargos políticos y los puestos administrativos para garantizar la independencia y la profesionalidad de la función pública. Las normas básicas que esta nueva Ley debería recoger son muy comunes en las democracias europeas. Concretamente, debería exigir 1.   Celebración de congresos cada dos años como mínimo y, en todo caso, a fecha fija. 2.   • Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. Limitación del número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los de la directiva. 3.   • Composición de los congresos y de los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del partido en cada provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los órganos de control. 4.   • Elección de los órganos ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los afiliados o delegados al congreso. 5.   Elección de los candidatos a cargos representativos por elecciones primarias. 6.   • Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de los interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes previas a la presentación de las cuentas que deberán ser aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido. 7.   • Constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral. La Ley de Partidos es una Ley Orgánica que no puede ser objeto de una Iniciativa Legislativa Popular. Pero la Constitución, en su Artículo 29, ampara el derecho de petición, al que nos acogeremos los abajo firmantes para pedir a las Cortes una nueva Ley de Partidos con las características anteriores. Solicitamos su adhesión a esta petición a través de esta web.
Otra iniciativa +DEMOCRACIA UNA INICIATIVA CIUDADANA PARA HACER AVANZAR NUESTRA DEMOCRACIA Principio del formulario Final del formulario LEY DE PARTIDOS
Principios para la reforma de la Ley de Partidos
Tras 35 años de democracia y 5 de una dura crisis económica, con más de seis millones de desempleados y un alarmante nivel de corrupción, asistimos a una verdadera crisis que afecta sin distinción a la gran mayoría de las instituciones políticas, territoriales, económicas y sociales, hasta el punto de ponerse en cuestión, no solo la Constitución que ha servido como base de nuestra convivencia, sino la capacidad del propio sistema para asegurar el progreso y el bienestar de la ciudadanía. La actual desafección ciudadana respecto de los políticos y de la política debe encontrar una solución democrática a través de reformas profundas. Es necesario abrir una nueva etapa con nuevos instrumentos para hacer que los partidos puedan seguir realizando su papel como servicio público que garantiza el derecho de participación política a toda la ciudadanía. Por tanto, sigue teniendo total vigencia el artículo 6 de la Constitución Española, cuando declara que los partidos políticos “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” y establece que “su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”. Sin embargo, este articulado debe desarrollarse, actualizarse y aplicarse plenamente especialmente en lo que se refiere al desarrollo de la parte final de dicho artículo, en la que se estipula, en relación a los partidos, que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.” No hay progreso sin reformas, y creemos que el funcionamiento de los partidos y el sistema político es demasiado serio e importante para dejarlo sólo en manos de sus dirigentes. Se debe acomodar el funcionamiento del sistema a una ciudadanía que exige oportunidades de participación, de expresión, de elección y representación (reconocidas explícitamente en el artículo 23 de la constitución) sin las cuales la democracia se reduce a un mero formalismo, poniéndose en peligro su propia legitimidad. Por ello, nuestro compromiso es promover una nueva ley de partidos que responda a la voluntad de quienes dentro o fuera de los partidos políticos exigimos más y mejor democracia. Una ley de partidos que garantice un funcionamiento plenamente democrático tanto para quienes se afilian, como para sus simpatizantes y electores, dotándoles con la capacidad de elección directa de cargos orgánicos y candidaturas electorales, creando vías de participación ciudadana en la definición de objetivos y propuestas, y asegurando la mayor transparencia de las organizaciones políticas en todas sus actividades. La política necesaria para salir de la crisis económica, política e institucional, requiere unos partidos que actúen con transparencia y principios democráticos firmes. Para ello deben cambiar la manera en que funcionan, eligen a sus dirigentes, elaboran sus políticas y rinden cuentas a la ciudadanía. Este cambio debe abordarse cuanto antes. Pedimos una nueva ley de partidos para un nuevo tiempo de democracia, que debe contemplar algunos criterios básicos: 1.   Reconocimiento de la pluralidad y tradición. Los partidos articulan la libre expresión de las preferencias ciudadanas. Su pluralidad, historia y tradición son un valioso patrimonio colectivo, siempre que promuevan valores democráticos y constitucionales. 2.   Apertura. Los partidos son cauces privilegiados para la participación política. La afiliación a los mismos debe estar contemplada como un derecho individual inalienable, con los únicos límites de aceptación del ideario del partido y estar en plena posesión de los derechos políticos. Los Partidos deben incorporar de forma activa, estructuras y tecnologías que promuevan y faciliten la participación de sus afiliados, simpatizantes y electores. 3.   Transparencia. La actividad interna de los partidos debe estar sometida al principio de  publicidad y su financiación pública y privada, a los más estrictos controles de legalidad, límites de gastos electorales, buenas prácticas y rendición de cuentas, en el marco de un ley de financiación que posibilite una rigurosa inspección independiente y que haga penalmente responsables a los órganos directivos de los partidos. 4.   Funcionamiento interno democrático. La celebración de congresos y la convocatoria de elecciones para órganos de dirección debe responder a procesos regulares en los que participen de forma directa todos los afiliados, algo que hoy permite el uso de las tecnologías de la información, y que debe ser completado con un riguroso respeto a criterios de paridad, así como la selección de los candidatos a todos los cargos electos, que debe realizase además, mediante procedimientos de primaras abiertas, con participación de simpatizantes y electores que voluntariamente lo deseen. Las formaciones políticas deben desarrollar una amplia cultura de rendición de cuentas y así como códigos éticos supervisados por expertos independientes. 5.   Responsabilidad. Las propuestas electorales de los partidos deben constituir un compromiso vinculante con los ciudadanos y electores, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Su modificación por consideraciones de oportunidad debe conllevar la asunción de responsabilidades políticas. Los comportamientos partidarios que atenten contra los principios establecidos en la ley y que afecten a derechos fundamentales deben ser recurribles ante los tribunales ordinarios.