Vocación democrática.

*Luisa Ortega Díaz

Venezuela experimentó este 8 de diciembre un exitoso proceso electoral que permitió escoger más de 2.400 concejales, 335 alcaldes de municipio y dos metropolitanos, ratificando así la vocación democrática, de paz, y madurez del pueblo venezolano, la cual le permite hacer valer pacíficamente su soberanía política. Pese a que se pronosticó una alta abstención, los venezolanos nuevamente sorprendimos al mundo con la muestra de interés en una democracia participativa, donde apróximadamente 60% de la población votante se movilizó para expresar su voluntad. Quienes realizaron la elección del candidato de su preferencia lo hicieron conscientes de que su opinión sería respetada. Eso, además de la aceptación de los resultados por parte de todos los actores, no deja lugar a dudas respecto a nuestro sistema comicial, considerado el más confiable y auditable del mundo entero. Debo felicitar al Consejo Nacional Electoral por el alto profesionalismo con que se desempeñó durante estos sufragios; de igual manera, al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), porque los efectivos militares bajo su mando demostraron un alto compromiso con el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos y, en ese sentido, garantizaron el ejercicio del voto. El despliegue de fiscales y directivos del Ministerio Público por todo el país, fue un factor que generó gran confianza en la población que acudió a las urnas con la certeza de que se respetarían los resultados. Corresponde ahora a las recientemente electas autoridades municipales responder positivamente a la confianza que la sociedad ha puesto en ellos. La constante y directa comunicación con los consejos comunales y otras organizaciones sociales serán la clave para la configuración y ejecución de políticas públicas correctas. El Ministerio Público, a través de las fiscalías municipales, ha conocido y atendido las necesidades de muchas localidades que afrontan diversos problemas; por ello ofrece coadyuvar, a través de la iniciativa de municipalización de la justicia, para ofrecer mayor acceso a ella, implementar planes de prevención del delito, así como toda política que tenga como objetivo garantizar la seguridad ciudadana y los derechos humanos. *Fiscala General de la República.