Votar es según la RAE en su primera acepción, “Dicho de una persona: Dar su voto o decir su dictamen en una reunión o cuerpo deliberante, o en una elección de personas” Como se supone que las elecciones son para elegir personas, votar es dar nuestro voto (Expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción) para elegir a una persona. Dicho esto de otra forma, votar sería expresar secretamente nuestra opción por una persona, lo que vendría a ser lo que hacemos cuando votamos a senadores, es decir, dentro de varias alternativas de personas, elegimos a tres. (Con excepciones en algunas CC.AA. y Ciudades Autónomas).Las palabras más repetidas por nuestros políticos son las que incluye el titular de este artículo. Ellos, la casta, en su simplicidad las encadenan para acabar concluyendo que si "votamos" hay democracia, y si hay democracia, pues entonces vivimos en un Estado de Derecho. Incluso usan este razonamiento cuando quieren hacer ostentación de legitimidad. “Me han votado los ciudadanos”, comentan no sin desparpajo para justificar todo lo que hacen y dejan de hacer en el marco de sus competencias y obligaciones.“El Gobierno actúa con legitimidad porque ha sido votado por los ciudadanos”, comentan algunos osados sin ponerse colorados. Y muchísima gente les cree, y utiliza este razonamiento simplista para defender a los suyos sin tomarse la molestia de actuar como ciudadano responsable y profundizar un poco en estos conceptos tan repetidos por tantos y tan poco comprendidos por otros tantos. Leído lo anterior, es posible concluir que si bien votamos a senadores, no lo hacemos cuando se elige a concejales, diputados provinciales o diputados nacionales. En estos casos se nos presentan listas cerradas de nombres elegidos por la secretaría general o dirección de cada partido, que puede incluir gente a la que votaríamos y gente a la que no votaríamos, pero debemos elegir, que no votar, entre las diferentes listas encabezadas por el logo del partido correspondiente. Quienes resulten electos representan, en la práctica, a sus partidos que son los que les incluyeron en las listas y les apoyaron en sus campañas. No representan legítimamente a los ciudadanos por cuanto no cuentan con la preferencia personal de ellos. Y el resultado lo tenemos a la vista en cualquier cámara. Concejales o diputados votando ciegamente según lo ordena el partido conforme a sus intereses y no votando en conciencia lo que sea mejor para los ciudadanos, lo que nos permite concluir que los plenos de los ayuntamientos o las cámaras, tanto regionales o nacional, son instituciones donde están representados los partidos y sus intereses, y no los ciudadanos y los suyos. Pero esto no es todo. Son estos representantes de partidos los que eligen a nuestras autoridades como alcaldes, Presidentes Autonómicos o Jefe de Gobierno. Han usurpado a los ciudadanos este acto democrático para ser ellos, y entre ellos, los que eligen a nuestros máximos ¿representantes? Por tanto, lo de votar, como dijo aquel prócer, es, al menos en España, “un concepto discutido y discutible”.
Democracia es una forma de organizarse socialmente y donde el poder, que en el caso de España se denomina “soberanía”, reside en todos y en cada uno de los ciudadanos, que en actos solemnes elige a representantes para que gestionen ese poder durante un lapso de tiempo predeterminado, otorgando con este acto legitimidad a las actuaciones de quienes sean electos como representantes (Democracia representativa). Podemos darnos cuenta de que el rasgo fundamental que caracteriza a una democracia representativa es que los ciudadanos podamos libre y secretamente expresar nuestra preferencia por una persona para que actúe como nuestro representante y defienda nuestros intereses. Pareciera que en España tenemos algún problema con estos conceptos. Pero hay más. En España, lo repito, los ciudadanos somos poseedores de la “soberanía” (el poder), por tanto, deberíamos poder delegar ese poder, libremente y por un lapso de tiempo determinado, en un “soberano”, es decir, en una persona que personifique esa soberanía, la gestione y la ostente. A cambio tenemos una máxima autoridad nacional que ha sido nombrada solamente por un ciudadano en circunstancias más que discutibles, que ejerce su cargo sin haberse delimitado antes el tiempo por el cual lo hará y que además, cuando quiera, nombrará en este algo cargo a su hijo, sin ninguna intervención de los poseedores de la soberanía. ¿Democracia?, bueno, “a la española”.Estado de Derecho. Podemos decir que el Estado de Derecho necesita para serlo, de un estado organizado políticamente y del derecho como el conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad, o nación. Obviamente el poder del estado se encuentra limitado por el derecho, generalmente mediante una Constitución que da luego origen al conjunto de leyes que constituyen el derecho. En los estados de derecho modernos también es requisito fundamental que haya una efectiva separación de poderes, a fin de que ejerzan los debidos y sanos contrapesos. Lamentablemente en España el Poder Ejecutivo invade y resta competencias a los otros dos poderes. En la práctica, quien legisla es el Consejo de Ministros, que ni siquiera guarda las debidas formas cuando anuncia que aprobará tal o cual ley, sin tener ni siquiera la delicadeza de anunciar que propondrá la discusión de determinado proyecto de ley al poder legislativo. También el Poder Ejecutivo invade y “okupa” el poder judicial, nombrando jueces y magistrados a placer, y dando a la Fiscalía, organismo político dependiente del poder político, una importancia desmesurada en el proceso de aplicar la ley. Todo esto por no mencionar la dependencia económica del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, situación que podría de alguna forma condicionar la actuación del Poder Judicial para no perder financiación o para obtener más.
Por tanto, esas palabras tan usadas por la casta, como voto, democracia y Estado de Derecho, no tienen el significado que quieren hacernos creer, o al menos, podríamos los ciudadanos discutir mucho al respecto.