¿Vuelve Franco y ahora se llama Mariano?

El gobierno de Mariano Rajoy está a punto de aprobar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que reprime fuertemente las protestas y manifestaciones contra el poder político en España, utilizando el miedo y la represión para combatir el creciente rechazo a la clase política y a la indignación ciudadana por la pérdida de libertades, derechos, prosperidad y felicidad. Solo su anuncio ha generado grandes polémicas y rechazos. El Ministerio del Interior pretendía aprobarla en el último Consejo de Ministros, pero finalmente ha sido retrasada bajo la excusa de que le faltan algunos detalles.

La mayoría de los ciudadanos cree que no hace falta en España una nueva Ley de Seguridad Ciudadana. En la enorme polémica desatada por una ley que es mas represiva y sancionadora que la actual "Ley Corcuera" vigente, se ha acusado al gobierno de utilizar el miedo para expulsar la protesta de las calles y se ha hablado de un retorno del Franquismo. Algunos han llegado a decir que Franco ha vuelto y que ahora se llama Mariano.

Quizás los demócratas que acusan a Mariano de ser un nuevo Franco lo hacen porque el presidente ha dicho que su ley anti-libertad "garantiza la libertad", un truco semántico y una mentira sustancial que fue repetida en el pasado por Hitler, Stalin, el propio Franco, Pinochet, Videla, Somoza, Castro y otros totalitarios para justificar leyes represivas y anticiudadanas.

Desde 1992 está vigente la ley orgánica 1/92 de 21 de febrero, conocida como “ley Corcuera” por el ministro socialista que la promovió. Aquella normativa de seguridad ciudadana, calificada como la de "la patada en la puerta", acabó costándole el cargo al ministro José Luis Corcuera, por las reacciones que provocó.

21 años más tarde, con el Partido Popular en el poder, Jorge Fernández Díaz prepara una nueva ley, mucho mas represiva, restrictiva y antidemocrática, en la que se recoge como “falta muy grave” los escraches, hasta ahora inéditos en la justicia española, así como las concentraciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas. La posible sanción acarrea una multa de entre 30.001 y 600.000 euros. Como “falta grave”, y con una sanción de 1.001 a 30.001 euros, se considera la realización de botellón no autorizado, acudir a una protesta o manifestación encapuchado, cortar el paso de una vía pública con neumáticos u otros obstáculos, o también el injuriar, vejar o amenazar a las fuerzas de seguridad mientras velen por el mantenimiento público.

El gobierno, que empieza a sentirse preocupado por el nivel de protestas ciudadanas, parece querer fortalecer y blindar a su policía con la nueva ley, asumiendo ya con claridad que ese cuerpo, al que rearma, nutre de personal y mima mas que al Ejército, es su gran defensa frente a una ciudadanía indignada y frustrada ante el incumplimiento de las promesas electorales, los recortes en derechos y servicios básicos, la injusticia, la corrupción generalizada en las esferas del poder y la arrogancia de una clase política que ya es mas odiada que cuestionada o rechazada.