Vulnerando pactos y convenios

Fotografía Pagina web Federación Nacional de Cafeteros El descontento social que se está manifestando en la actualidad en el país y desde hace muchas semanas, no sugiere una muestra de debilidad en la dirección del gobierno por parte de Santos, como algunos otros dirigentes políticos y analistas de la realidad social lo insinúan, mas vale esta coyuntura de paros y protestas no es sino la acumulación de antiguos problemas, heredados de administraciones anteriores y que han llegado al límite sin solución de fondo.
Los interminables conflictos por la tierra con las comunidades étnicas del Cauca que ahora se han agravado con la adjudicación de derechos mineros en tierras de los resguardos, la omisión de compromisos pactados en obras civiles, ampliación de coberturas en salud pública, protección de sus autoridades comunitarias ante las arremetidas de los violentos y fundamentalmente excluirles del conflicto que enfrenta a las fuerzas legales del estado y a la subversión, que mantiene a estas comunidades en medio de la guerra, son los elementos relevantes por los que las comunidades indígenas amenazan con nuevos paros.
Las actuales disputas con los cultivadores de café, son el desenlace de un proceso originado ya hace al menos dos décadas como efecto de los cambios en el mercado internacional del grano, el otrora cultivo estrella, orgullo del país y principal producto de exportación que tributó los mayores ingresos al estado por al menos 6 decenios, sucumbe ante el debilitamiento del gremio que los asocia, la federación nacional de cafeteros, y de las políticas inestables e insuficientes para paliar el debilitado ingreso de los cultivadores, así que solo ahora desde hace unos meses bajo presión se les adjudicó un esquema de subsidios que de todas maneras luce creando desigualdades entre pequeños y grandes cultivadores, además de traer dificultades en su aplicación en virtud de la informalidad de los campesinos en el manejo de los requisitos y controles para cobrar estas ayudas, por ello la buena gestión se detiene al encontrase con un escollo nacido de nuestra idiosincrasia,  para la que el estado no encuentra solución oportuna y que fomentará nuevas protestas y reparos alimentando el uso de vías de hecho, como el cierre de carreteras que tanto daño le causan a toda la economía en general.
El otro episodio que está provocando serios quebrantos a la tranquilidad pública es el polémico asunto del Catatumbo, región ubicada al norte del país que se encuentra en un paro que pasa de los 45 días, ocasionado por las reiteradas omisiones en la solución de la compleja problemática que padecen los habitantes de este trozo del territorio nacional, al igual que el Choco, la costa pacífica de Cuca y Nariño, y extensas zonas del Caquetá, Putumayo y Arauca en las que la presencia del estado es precaria o nula por completo.
En el caso del Catatumbo se habla de al menos cinco décadas de reclamos insatisfechos como justificación a que el estado ha estado casi que ausente, convirtiendo esa zona en paraíso para el cultivo de coca y amapola, permitiendo de paso la desaparición de los cultivos tradicionales, por las nulas oportunidades de producción asistida por técnicos agrícolas u al menos organizada, la escasez de créditos y la imposibilidad de comercializar ante la carencia de vías de penetración; en consecuencia la orientación económica de toda la región depende de los cultivos ilícitos, lo que la convierte en tierra abonada para la intervención de todos los actores armados que son parte del entramado violento del país, como son los narcotraficantes y sus aliados los paramilitares y las bandas criminales, además de la insurgencia representada en el ELN y las FARC, todo ello enmarcado un círculo vicioso sin fin; y ahora cuando las asociaciones de campesinos le solicitan al gobierno nacional la aplicación de normas para establecer una zona de reserva campesina, surgen impedimentos desde todos los flancos del gobierno, al punto de estigmatizar la petición de este derecho como la búsqueda de un santuario para actividades anti-gubernamentales o una tierra de nadie que se orientaría hacia una supuesta república independiente dentro del país.
Que hipótesis más absurdas, sobre todo teniendo en cuenta que la ley 160 de 1994 en sus artículos 80 a 84 y el decreto ley 2664 de diciembre de 1994, determinan las condiciones legales para crear estos espacios y no se vislumbran posibilidad alguna de crear a partir de ahí, zonas afines a la insurgencia o para destinos ilegales y como si fuera poco el Incora, actual Incoder define en un anexo web los requisitos mínimos para el trámite de constitución y delimitación de zonas de reserva campesina, y entre esas condiciones destaco estas: 1-   Que se localice en zonas de colonización o donde predominen la existencia de baldíos 2-   Que corresponda a un área geográfica que requiere de la regulación, delimitación, ordenamiento de la propiedad o tenencia de la tierra 3-   Donde existan conflictos que impidan el logro de la paz y la   justicia social de las comunidades de campesinos 4-   No estar ubicadas en parques naturales, en zonas de reserva forestal, en territorios indígenas o de titulación de comunidades negras, en áreas sonde se haya constituido zonas de desarrollo empresarial y en áreas reservadas para fines señalados en la ley 160 de 1994.
Como podemos observar y concluir a partir de estos requisitos, en el Catatumbo coinciden con lujo de detalles todos estos motivos, con excepción del interés de Santos por su locomotora minera; parece que en la feria de títulos mineros concedidos en la pasada administración se incluyeron amplias zonas de este territorio, de ahí la razón aparente para deslegitimar la petición de los labriegos y dedicar todo el arsenal mediático del gobierno para convencer a la opinión publica de los peligros de declarar esta región como zona de reserva campesina, que en mi sana opinión permite la titulación obligatoria de la tierra gestando legalidad que permite implementar planes de asistencia técnica, además de la posibilidad de otorgar créditos bajo hipoteca para mejoramiento de cultivos, tecnificación, manejos ambientales y hasta para mejorar las actividades pecuarias; labores que en su conjunto le quitan legitimidad a la lucha subversiva y estimulan la obtención del sustento económico con actividades legales.
Aunque Juan Manuel Santos y su gobierno no son los precursores de las múltiples razones para la existencia de estas protestas, si actúa de acuerdo a como se han comportado sus antecesores, vulnerando e incumpliendo los pactos y convenios establecidos con las comunidades afectadas, de ahí que el desorden social que hemos vivido por estos días es la justa consecuencia de los innumerables engaños a los que la gente ha sido sometida ; ojalá actuara Santos con generosidad y humanidad para con estos millones de Colombianos y no se continúe alimentando la inconformidad social, que en Colombia ha sido desatendida por años como fruto de nuestro desmesurada resignación, pero que como una caldera está guardando presión con escapes exiguos.
Solo me resta confiar en la sensatez de quien hoy nos gobierna, no sea que tengamos que lamentar hacia futuro episodios muy crudos de violencia e intranquilidad.