La Oficina de Regulación y Gestión de la Energía desde Washington obligó a la compañía BP a pagar una multa de 5,2 millones de dólares por la presentación en un informe de datos inexactos o deliberadamente falsos sobre la producción de energía, en el territorio tribal de los indígenas Ute en el suroeste del estado de Colorado.
Este es el primer trastorno que afectó al gigante multinacional en EE. UU. después del derrame de petróleo en el Golfo de México y de ninguna manera está relacionado con la catástrofe. La multa se impone como una medida civil o administrativa y supone la persecución judicial sólo en caso del pago atrasado.
Una vez recibida la carta de la oficina regulativa, la administración de BP admitió que había cometido errores y los atribuyó a fallos informáticos en sus ficheros automatizados. Sus altos ejecutivos supusieron que la mayoría de objeciones apareció a raíz de que la compañía hubiera pagado el royalty, no por “el metano extraído de capas carboníferas” —que realmente excavaba— sino por “el gas natural”. Y esas eran unas cláusulas diferentes en la oferta pública de la comunidad indígena.
Las auditorías de la reserva y del Departamento federal del Interior habían descubierto antes errores en la información que facilitaba BP sobre el pago por la transferencia de derechos, para excavar las riquezas de la 'Madre Tierra' de modo que la empresa debería pagar la recarga. En la sucursal estadounidense de la Multinacional, sin dimes ni diretes se comprometieron a corregir los problemas.
Sin embargo, las inspecciones posteriores revelaron los mismos errores que, según opina el director de la Oficina de Regulación y Gestión de la Energía del Departamento del Interior, Michael Bromwich le “lleva a la conclusión de que la presentación continua de informes erróneos por parte de BP era intencionada”. “Es totalmente inaceptable que las empresas informen mal sobre la producción energética en varias ocasiones, sobre todo, cuando interfiere con un proceso de auditoría" —dijo Bromwich y en consecuencia conminó— “recoger cada dólar adeudado por la producción de energía en tierras de los indios estadounidenses”.
El monto total de la sanción calculado desde el 2 de agosto de 2007 hasta el 15 de mayo de 2010 es de 5.189.800 dólares. El importe, si sucede, estará dividido entre la Bolsa federal y la comunidad indígena de Colorado.
fuente:RT