(y II) ¿Consenso de mínimos u objetivos concretos para recuperar la dignidad?

Antonio Piera continúa en “Papeles paras pensar” con el segundo y el tercer tema: Transparencia en la política y sustancial modificación de la Ley Electoral.
- Ley de Acceso a la Información Pública.
- Compromisos electorales de cada partido. Claros, públicos y vinculantes en Generales, Europeas, Autonómicas y Locales. Balance público antes del final de cada legislatura referido exclusivamente a dichos compromisos.
- Referéndums obligatorios para todas las medidas coyunturales de gobierno no contempladas en sus compromisos electorales que afecten gravemente al pueblo.
- Definición previa del concepto “afectar gravemente”.
- Segregación de cualquier cargo público que haya sido denunciado por prevaricación, cohecho o cualquier género de corrupción en cuanto la denuncia haya sido aceptada a trámite por un juez y hasta la sentencia final irrevocable.
- Plena independencia del poder judicial del ejecutivo. Ningún cargo judicial nombrado desde los Partidos. Control público del poder judicial mediante un organismo independiente.
- Desaparición de los Altos Cargos de libre designación en cualquier estamento del Poder.
- Control público de la tramitación y adjudicación de los grandes contratos del Estado.
- Depuración de la Magistratura de Jueces y funcionarios comprometidos con el franquismo. Supresión de la Audiencia Nacional.
- Exhumación y reconocimiento de los que fueron asesinados en y tras la Guerra Civil. Dignidad y respeto para su Memoria.
3.- Sustancial modificación de la Ley Electoral.
- El voto de cada español debe tener el mismo valor elija a quien elija y habite donde habite. Extinción de las leyes que modifican los resultados electorales. Igual número de votos eligen a un diputado en cualquier circunscripción electoral. Desaparición de los porcentajes de mínimos.
- Inmediata erradicación de las trabas (voto rogado) que suponen la imposibilidad real de ejercer su derecho al voto para 1,7 millones de españoles que viven en el extranjero.
Por último, Antonio Piera nos resume las medidas económicas exigibles.
- Reposición del impuesto sobre patrimonio.
- Recuperación de la Banca Pública.
- Denuncia pública y persecución judicial de quienes han evadido dinero a paraísos fiscales. Repatriación, impuestos devengados y multa superior al 30% del capital evadido.
- Prohibición a la Banca de que tenga filiales en paraísos fiscales. Las empresas que dispongan filiales en paraísos fiscales no podrán cotizar en Bolsa.
- Impuestos ordinarios sobre las transacciones financieras.
- Desaparición de las SICAV (consensuada en Europa) y, a corto plazo, endurecimiento de su tributación actual.
- Información acerca de cuáles son los bancos españoles que forman parte de los mercados financieros y cuáles son accionistas de las empresas privadas de evaluación de riesgos.
- Prohibición expresa a los bancos españoles de especular con las materias primas alimentarias.
- Moratoria en el pago de las hipotecas a las familias sin recursos mientras dure la crisis. Hasta que se legalice esta moratoria, dación de la vivienda en pago y extinción automática de la deuda hipotecaria.
”Probablemente –termina Antonio Piera–, no tendría ningún sentido plantearse una lucha por objetivos tan definidos y de tan diversa índole si no tuviera aparejada la modificación de la Ley de leyes, la Constitución española, poniendo en marcha lo que algunos denominan ya la Segunda Transición aunque, para otros entre los que me cuento, es la Transición de verdad la que queda por hacer. Está claro que solo desde la perspectiva del “a dónde vamos” podremos encauzar, fortalecer y dirigir correctamente las acciones que nos caracterizan como movimiento popular. Tomar la calle ha sido y es el primer paso. Definir correctamente el ¿para qué?, ha de ser el segundo”.