La teoría del palo y la zanahoria afirma que si deseas conseguir que un burro se mueva, necesitas colgar una zanahoria por delante del hocico y un palo golpeando su lomo por detrás. Dicha idea fue adoptada como una de las principales teorías de la motivación en las empresas y se refiere a la recompensa y castigo que se debe aplicar para alcanzar los objetivos.
En los últimos tiempos parece que el legislador (ya sea europeo o nacional) está derivando más hacia la parte del palo y obligando a las empresas a adoptar cambios tecnológicos mediante normativas y amenazas de sanciones, dado que a las empresas les cuesta salir motu proprio de su zona de confort.
Normativas que seguramente terminarán siendo beneficiosas para muchas empresas, porque les obligarán (quieran o no) a modernizar sus estructuras y adaptarse a una economía que avanza mucho más deprisa que muchas de ellas. Pero a corto plazo encuentran rechazo y se ven como una imposición (e incluso como una extralimitación en sus funciones) por parte de la Administración puesto que, es cierto, a menudo suponen un gasto que no todas las empresas pueden o quieren llevar a cabo.
Es habitual que muchas de estas leyes y reglamentos comiencen afectando a las empresas de mayor tamaño, pero poco a poco irán llegando al resto del tejido productivo. Así que podemos aplicar lo de "cuando las barbas del vecino veas pelar... ".
Algunas de estas normativas, que están ya afectando o van a afectar a la mayoría de empresas son:
- Normativas sobre igualdad de género, que obliga a determinadas empresas a implantar planes de igualdad para evitar situaciones de discriminación por razón de sexo en las empresas.
- Normativa contra el fraude fiscal que obligan, entre otras cosas, a utilizar un software de gestión certificado que no permite retocar facturas una vez emitidas.
- Ley Crea y Crece, publicada en el BOE en septiembre pasado y pendiente de reglamento (previsto para antes del verano), que impone el uso de la factura electrónica para el envío y recepción de estos documentos entre empresas y profesionales.
- Obligación de registro de la jornada laboral, con la intención de controlar las horas empleadas realmente por los trabajadores.
- Obligación de reporting fiscal para comunicar a las autoridades fiscales la emisión y, en algunos casos, recepción de facturas. De momento está funcionando en las haciendas forales vascas y, para determinadas empresas, en el área de control de la Agencia Tributaria, con el llamado SII (Suministro Inmediato de Facturas). En un futuro cercano se espera que la Agencia Tributaria también extienda la obligación a todas las empresas con el sistema Verifactu.
- Directiva Whistleblower (denunciante): La Ley 2/2023, con vigencia a partir del 13 de marzo de 2023, transcribe una normativa comunitaria y establece la obligación de las empresas con más de 50 trabajadores y de todas las entidades públicas de disponer un sistema interno de información mediante el que los trabajadores puedan informar sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional.
Si tu empresa todavía no ha dado pasos en estos campos, al menos te recomiendo que te informes, porque no pasará mucho tiempo antes de que te obliguen. A veces, adelantarse puede ser más barato, seguramente menos estresante e incluso puede aportar una buena dosis de imagen pública de empresa responsable y socialmente comprometida.
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