Zapatero y su negligente gestión de la crisis

El Parlamento de Islandia acaba de culpar de "negligencia grave" al ex primer ministro Geir H. Haarde por el colapso sufrido por la economía islandesa en octubre de 2008, a raíz del hundimiento de su sistema bancario.

Ante esa condena, muchos españoles sentimos envidia de Islandia y de su democracia. Allí es posible condenar nada menos que a un ex primer ministro por haber gestionado con negligencia la crisis económica, pero en España ni siquiera es posible avergonzar a los cientos o quizás miles de políticos que con su negligencia permanente están condiciendo el país hacia la ruina y el fracaso.

No tenemos datos suficientes para comparar la "negligencia" del ex premier islandés Haarde con la negligencia de Zapatero, pero cabe pensar que la mayor diferencia entre una y otra es que mientras en Islandía saltó por los aires el sistema financiero, en España eso no ha ocurrido, al menos por ahora.

Muchos observadores creen que la negligencia de Zapatero es de tal tamaño que es muy difícil de superar. Se negó a reconocer la crisis para no perder votos y mintió al afirmar ante el pueblo que la crisis no existía y que nunca afectaría a España, a pesar de que él tenía ya en su poder datos fehacientes del derrumbe de la economía española y de la sangría de puestos de trabajo. Su negativa a reconocer la crisis en 2008 fue la causa principal de que España perdiera todo un año y que tardara todavía más en reaccionar y adoptar las primeras medidas, siempre tímidas, cobardes y nada traumáticas porque el presidente no quiere ser impopular y perder votos. Su negativa a adoptar medidas está causando daños terribles a la economía española. Su negativa a introducir las reformas urgentes que las grandes instituciones internacionales, los expertos y hasta la Unión Europea le aconsejan, está llenando España de víctimas, entre las que destacan los casi cinco millones de parados, las oleadas de nuevos pobres que comen de la caridad o duermen en las calles, sin más protección que los cartones y plásticos, los centenares de miles de empresas, comercios y talleres que han tenido que cerrar y la destrucción de un tejido productivo español que tardará décadas en recuperarse. El endeudamiento descontrolado, el despilfarro, la negativa a asumir un programa de austeridad y sus maniobras para retrasar medidas que, como la reforma del mercado laboral, son urgentes e imprescindibles, completan el mapa de su inmensa y estremecedora "negligencia" ante la crisis.

Pero Zapatero puede sentirse seguro y no debe temer condena alguna del Parlamento español, ni de la Justicia, ni del pueblo, porque en España todos los recursos del poder, incluyendo los grandes poderes del Estado, que deben ser independientes en democracia, están controlados por los partidos políticos, lo que obliga a concluir con certeza que España es cualquier cosa menos una democracia.

Sin embargo, la gran diferencia entre España e Islandia ni siquiera es la inmensa diferencia de calidad entre un sistema político y otro, sino dos factores todavía más preocupantes: la impunidad casi total de los políticos españoles y la cobardía de la sociedad española, dos fenémenos que, unidos al de la corrupción imperante, ya infectada en las venas, arterias y capilares de la nación, convierten a España en una de las democracias más degeneradas y prostituidas de todo el Occidente.

Islandia es un país cuyas libertades son añejas y están garantizadas por un sistema claramente democrático en el que el gobierno está bajo constante vigilancia por parte de una ciudadanía que ocupa el papel soberano que le corresponde en las democracias, mientras que España es una partitocracia donde los partidos políticos ejercen una casi dictadura, en la que los ciudadanos están excluídos de los procesos de toma de decisiones y donde la desprestigiada e inepta "casta" política controla plenamente los resortes del poder, sin prácticamente control alguno. Para terminar el cuadro comparativo, los islandeses son un pueblo orgulloso, rebelde y celoso de sus deberes y derechos, incapaz de delegar su voluntad política, mientras que el español es un pueblo acobardado, sometido y casi envilecido por una "casta" política sin altura ni méritos, un pueblo que no solo es incapaz de rebelarse, sino que tampoco tiene arrestos para exigir a los políticos que gobiernen por lo menos con decencia.