Zapathatcher al ataque

EL PSOE se está cubriendo de gloria. A la debacle del PSC en las elecciones catalanes y a la complicidad del Gobierno con Estados Unidos en el cierre en falso del “caso Couso”, se suma ahora la eliminación de la ayuda de 426 euros a las personas sin empleo y sin prestación.  Imagino que ésta será una de las primeras medidas que le han impuesto a Zapatero los banqueros y empresarios que  le han visitado recientemente en La Moncloa.  La reforma del sistema de pensiones también caerá, sin duda alguna, más pronto que tarde, en lo que constituye otro paso más en esta escalada hacia el desmantelamiento del estado del bienestar, que podemos dar por muerto antes incluso de haberse desarrollado.   

No deja de ser una ironía -sin ninguna gracia, eso sí- que quienes en los seis primeros meses del año han sumado más de 25.000 millones de euros de beneficios sean, precisamente, quienes abogan por abaratar aún más el despido, recortar derechos laborales y sociales, reducir los salarios, incentivar sin límite la precariedad, sembrar la dudas sobre la viabilidad de las pensiones, rebajar la presión fiscal a las empresas, fomentar las privatizaciones para ganar aún más, …. Los servicios públicos son cada día peores, su calidad se resiente como consecuencia de la merma presupuestaria, y estamos solo en el inicio de un camino que nos lleva al precipicio.

Zapatero se ha vendido  a la banca y a la patronal; le han metido el miedo en el cuerpo y su debilidad ante el poder del dinero nos costará a todas y a todos años de retroceso y regresión. Muchas personas y familias se ven abocadas ya a la exclusión y el futuro pinta aún peor. La eliminación de la ayuda de 426 euros es una ofensa, que condena a una parte de la ciudadanía a una situación de vulnerabilidad, que tiene dos culpables claros: Zapatero por acción y el PSOE por omisión.   No espero que Ferraz, ni los cargos públicos del PSOE levanten la voz ante este nuevo atropello. Si confío, en cambio, en la militancia socialista. 

Es necesaria una revolución democrática ante una política  económica y social, que atenta contra derechos humanos fundamentales como son el empleo, la vivienda, los servicios públicos y todas aquellas  prestaciones que garantizan la cohesión y la equidad.  Resulta hipócrita hablar de democracia cuando son los sectores más débiles de la población quienes están pagando todos los platos rotos de la crisis, mientras sus responsables no sólo quedan libres de toda culpa, sino que además son ellos mismo quienes marcan, con la complicidad y la ayuda inestimable del Gobierno,  la hoja de ruta para hacer frente a esta coyuntura, pensando única y exclusivamente en sus intereses. Banqueros y empresarios tienen hoy razones más razones si cabe para frotarse las manos; por el contrario, quienes perderán su ayuda de 426 euros en febrero tienen hoy más razones para sentirse desprotegidos y abandonados a su suerte.