Día Internacional de los Derechos Humanos: "Las políticas frente a la crisis acaban con los Derechos Humanos".Más de 60 organizaciones se han unido ya para participar en esta Manifestación bajo el lema SOS DERECHOS HUMANOS en la Plaza San Juan de Dios de Cádiz, hoy a las 18h La crisis capitalista, generada por la avaricia, la codicia y la falta de regulación, ha supuesto el retroceso para los derechos de la mayoría de la sociedad, especialmente los más débiles y aquellos que menos tienen. Si al comienzo de la crisis se hablaba de la refundación del capitalismo, este nuevo capitalismo está siendo aún más perverso y más dañino contra los derechos humanos. En España, el Partido Popular planteó su llegada al poder con una agenda supuestamente reformista para alcanzar el objetivo de sacar al país de la crisis. Pero no son reformas, son recortes. Y no se trata sólo de una crisis, sino de una estafa: una generalización de recortes que ha afectado a las personas en situaciones más débiles y ha supuesto un debilitamiento de los derechos de la mayoría de la sociedad.
También el anterior Gobierno del PSOE contribuyó decisivamente con sus políticas a esta situación, aprobando además junto con el Partido Popular una reforma de la Constitución que supuso la derrota definitiva del Estado del Bienestar al imponer el objetivo del pago de la deuda ilegítima, como obligación principal para el Estado por delante del resto de derechos de los ciudadanos y obligaciones de los poderes públicos.La deuda y sus intereses sirven de excusa a una política mal llamada de austeridad, porque esta austeridad es en realidad una auténtica asfixia social.No se trata de purgar los “excesos” que hemos cometido, porque la mayoría de la sociedad no ha vivido por encima de sus posibilidades. Ha sido el sistema financiero, alentado por los gobiernos, quien ha promovido un endeudamiento insostenible y un consumismo desaforado. En todo este panorama no debemos olvidar que estamos hablando de la vida de muchas personas, del empobrecimiento de la clase media y de la generalización de la exclusión. No es que los recortes hayan provocado que sea más difícil llegar a fin de mes. Las consecuencias son aún más graves: los recortes sociales matan. Tienen víctimas reales, de carne y hueso.El punto de partida, sin duda, debe serla angustiosa situación económica y laboral. Las cifras de paro resultan absolutamente alarmantes: casi seis millones de parados en España y un porcentajede paro del 36% en nuestra provincia, marcan una realidad insoportable para muchas familias. El derecho al trabajo, reconocido constitucionalmente, es una auténtica quimera. La excusa de la crisis ha sido utilizada por los poderes económicos y por los gobiernos para debilitar la posición de los trabajadores en el mercado laboral, recortando sus derechos y reforzando a los empresarios que ahora disponen de más y mejores armas para fomentar la explotación y liberalizar el despido. El trabajo ya no es un salvavidas ante la exclusión. Se detecta un incremento de trabajadores que viven por debajo del umbral de la pobreza. Pero, sin duda, los parados se llevan la peor parte puesto que crece su número y el de los que no reciben prestaciónalguna. En este marco se explica el aumento de la pobreza infantil, de la actividad de los comedores sociales, de personas sin vivienda,…Sin embargo, quienes están pagando esta situación son los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos al rescate de los bancos mientras que comprueban, día a día, que las entidades bancarias mantienen su dureza frente a quienes no pueden soportar el pago de sus hipotecas. La cifra escalofriante es de más de 400.000 familias afectadas desde que comenzó la crisis sin que se presenten soluciones adecuadas. La presión social obligó al gobierno a tomar esta situación en consideración, pero, de nuevo, con un parche que no cambia nada de lo sustancial, pues sigue supeditándose al interés depredador de la banca.Parecería lógico que si cada vez son más los que menos tienen, fuera el momento de incrementar el apoyo social y las ayudas sociales. Sin embargo, en este país se ha perdido la lógica de las cosas y, justo en el peor momento, las ayudas sociales sufren en los Presupuestos Generales del Estado un recorte sin precedentes del 40% en los servicios sociales municipales.Si de cifras hablamos, el recorte sanitario alcanza el 22%. Pero el recorte esconde algo más: el final de la universalidad y la gratuidad de la sanidad en España. El copago y la situación de los extranjeros sin autorización de residencia ejemplifican este final. Pretenden esquilmar la sanidad pública para privatizar y reforzar la sanidad privada, de manera que el derecho a la salud cede ante el negocio y el beneficio. Se oculta una agenda para desprestigiar la sanidad pública y crear un doble sistema sanitario: de pago para quienes pueden afrontarlo, gratuito para los demás, casi a modo de beneficencia.Planteamiento que también está presente en el ámbito educativo. La nefasta política del ministro Wert ha supuesto un recorte de 5.212 millones de euros en educación, situándonos a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Un recorte que se plasma en el despido de miles de profesores y en la masificación de las aulas. Y que esconde asimismo un proyecto de modelo educativo clasista y elitista, abandonando criterios de igualdad y no discriminación.La crisis, esta crisis, está sepultando los derechos sociales y generando un panorama que resulta desolador. Pero no es todo, ante el rechazo social, el gobierno está planteando un recorte en derechos de expresión, manifestación, reunión,… Que se enmarca además en un importante retroceso del sistema judicial y penal, que supone un ataque a la independencia judicial, el imposibilitar en la práctica, con las tasas, la tutela judicial efectiva o el endurecimiento de penas hasta incluso implantar la inconstitucional cadena perpetua. Y de guinda el intolerable doble indulto a los Mossos d’Esquadra condenados por tortura, el crimen mas execrable que puede cometer un funcionario del Estado.Son medidas que se suman a una ola conservadora en lo ideológico que está suponiendo un retroceso en los derechos de las mujeres y en las políticas de igualdad. Y que también nos están devolviendo de vuelta al modelo desarrollista sin cortapisas que agrede al medio ambiente y compromete el futuro de todos y todas. A lo que hay que sumar el retroceso a niveles de hace tres décadas en las políticas de cooperación con el Tercer Mundo, precisamente en un momento en que aumenta la pobreza y la hambruna. Y no por causas naturales sino, entre otras, por la transformación de los productos alimenticios en bienes especulativos al servicio del mercado y del enriquecimiento de los que concentran toda la riqueza de este planeta.Todas estas políticas antidemocráticas se están llevando a cabo a espaldas de la mayoría de la población. Nunca las instituciones y el sistema político estuvieron más alejados de la ciudadanía. Con contumacia están terminando de vaciar la democracia de contenido.Es por ello que en un día como el 10 de Diciembre, en el que conmemoramos la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU, la sociedad debe plantarse como una exigencia irrenunciable, exigir el cumplimiento de estos derechos y denunciar su aniquilación a manos del capitalismo depredador que, escudado en la crisis, está dibujando un horizonte de desesperanza, miedo y frustración. Que no sea así, depende de todos y todas. Necesitamos el compromiso y la rebelión cívica de toda la sociedad. Rebelión activa y desobediencia civil ante normas ilegítimas, son compromisos ante los que todos y todas estamos concernidos. 10 de Diciembre de 2012
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