19 de abril de 1810 - grito de independencia contra el yugo español

El 19 de abril de abril de 1810, el pueblo venezolano se plantó ante el imperio español para empezar a ser protagonista de su propia historia, la cual, desde la colonización, fue intervenida y dirigida por el yugo español que demandaba "obediencia, lealtad y respeto" al Rey de España.
Hace 204 años, el movimiento popular, reunido en la Plaza Mayor de la capital, dijo "No" al mandato del capitán general Vicente Emparan, convirtiéndose así en cimiento de la independencia patria, que se afianzó el 5 de julio de 1811 con la firma del Acta de la Declaración de la Independencia.
"Emparan salió al balcón de la casa del Ayuntamiento y dirigiéndose a la multitud de militares y gente común, blancos y pardos la mayoría, les preguntó si querían que él siguiera gobernando, la respuesta en coro, que crecía en su voz, fue ¡no!", se narra en el libro La lucha por la igualdad, Los pardos en la Independencia de Venezuela, obra de los historiadores Rocío Castellanos y Boris Caballero.
Ambos estiman que aquel día de abril "se podría calcular entre milicianos, militares, pardos de la ciudad, castas y blancos criollos aproximadamente por lo menos unas 1500 a 2.000 personas concentradas en la plaza y sus adyacencias. Los jóvenes criollos y los pardos eran los que más movilización enseñaban".
En el momento independentista, la historiografía tradicional le otorga un papel destacado al padre José Cortés de Madariaga quien, desde el balcón del Ayuntamiento y a espaldas de Emparan, hizo una seña negativa al pueblo para que este rechazara la opresión española.
"El 19 de abril es más que un mito socarrón con un cura Madariaga que hace señas al pueblo como si este no supiera qué decidir", sopesó Luis Britto García en un artículo publicado el 21 de abril de 2012 en su blog personal.
Más bien, explicó, es, la primera rebelión "que culmina en un proceso independentista que dura hasta hoy. Sus postulados, el derecho a procurar la propia conservación y defensa, a erigir un sistema de gobierno que las garantice, la soberanía del pueblo, son conceptos relumbrantes y poderosos como relámpagos".
A partir de los acontecimientos libertarios, la edición del 27 de abril de la Gazeta de Caracas, que había permanecido bajo la dirección española, reconoció la gesta popular con un lema romano, el cual se mantuvo hasta el fin de la Primera República: Salus populi suprema lex, esto es: El bien del pueblo sea la suprema ley.

ACTA DEL 19 DE ABRIL DE 1810

El Acta del 19 de abril de 1810 es el documento que redactó el Cabildo de Caracas tras la sesión extraordinaria que terminó con la renuncia de Vicente Emparan como Capitán General e inició la emancipación de Venezuela. La sesión se realizó en el Ayuntamiento de Caracas (hoy Casa Amarilla de Caracas) y había sido organizada para convencer a Emparan de presidir una junta de gobierno en rechazo a la ocupación napoleónica de España. Esto fue en vano y terminó con el establecimiento del gobierno que un año más tarde declararía la independencia.
El acta está firmada por los asistentes al Cabildo de ese día, y actualmente está en un arca en la Capilla Santa Rosa de Lima, en el Palacio Municipal de Caracas. A veces es confundida con el Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela, que no fue firmada hasta el 5 de julio de 1811 y está en exhibición en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (al menos en facsímil).
Acta del 19 de abril de 1810 En la ciudad de Caracas el 19 de abril de 1810, se juntaron todos los señores que abajo firmarán, y son los que componen este muy ilustre Ayuntamiento, con motivo de la función eclesiástica del día de hoy, Jueves Santo, y principalmente con el de atender a la salud pública de este pueblo que se halla en total orfandad, no sólo por el cautiverio del señor Don Fernando VII, sino también por haberse disuelto la junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el Emperador de los franceses, y demás urgencias de primera necesidad, a consecuencia de la ocupación casi total de los reinos y provincias de España, de donde ha resultado la dispersión de todos o casi todos los que componían la expresada junta y, por consiguiente, el cese de su funciones. Y aunque, según las últimas o penúltimas noticias derivadas de Cádiz, parece haberse sustituido otra forma de gobierno con el título de Regencia, sea lo que fuese de la certeza o incertidumbre de este hecho, y de la nulidad de su formación, no puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque ni ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina, y a la reforma de la constitución nacional; y aunque pudiese prescindirse de esto, nunca podría hacerse de la impotencia en que ese mismo gobierno se halla de atender a la seguridad y prosperidad de estos territorios, y de administrarles cumplida justicia en los asuntos y causas propios de la suprema autoridad, en tales términos que por las circunstancias de la guerra, y de la conquista y usurpación de las armas francesas, no pueden valerse a sí mismos los miembros que compongan el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los medios de su conservación y defensa; y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia Constitución primitiva de España., y a las máximas que ha enseñando y publicado en innumerables papeles la junta suprema extinguida. Para tratar, pues, el muy ilustre Ayuntamiento de un punto de la mayor importancia tuvo a bien formar un cabildo extraordinario sin la menor dilación, porque ya pretendía la fermentación peligrosa en que se hallaba el pueblo con las novedades esparcidas, y con el temor de que por engaño o por fuerza fuese inducido a reconocer un gobierno legítimo, invitando a su concurrencia al señor Mariscal de Campo don Vicente de Emparan, como su presidente, el cual lo verificó inmediatamente, y después de varias conferencias, cuyas resultas eran poco o nada satisfactorias al bien político de este leal vecindario, una gran porción de él congregada en las inmediaciones de estas casas consistoriales, levantó el grito, aclamando con su acostumbrada fidelidad al señor Don Fernando VII y a la soberanía interina del mismo pueblo; por lo que habiéndose aumentado los gritos y aclamaciones, cuando ya disuelto el primer tratado marchaba el cuerpo capitular a la iglesia metropolitana, tuvo por conveniente y necesario retroceder a la sala del Ayuntamiento, para tratar de nuevo sobre la seguridad y tranquilidad pública. Y entonces, aumentándose la congregación popular y sus clamores por lo que más le importaba, nombró para que representasen sus derechos, en calidad de diputados, a los señores doctores don José Cortés de Madariaga, canónigo de merced de la mencionada iglesia; doctor Francisco José de Rivas, presbítero; don José Félix Sosa y don Juan Germán Roscio, quienes llamados y conducidos a esta sala con los prelados de las religiones fueron admitidos, y estando juntos con los señores de este muy ilustre cuerpo entraron en las conferencias conducentes, hallándose también presentes el señor don Felipe Basadre, intendente del ejército y real hacienda, y el señor brigadier don Agustín García, comandante subinspector de artillería; y abierto el tratado por el señor Presidente, habló en primer lugar después de su señoría el diputado primero en el orden con que quedan nombrados, alegando los fundamentos y razones del caso, en cuya inteligencia dijo entre otras cosas el señor Presidente, que no quería ningún mando, y saliendo ambos al balcón notificaron al pueblo su deliberación; y resultando conforme en que el mando supremo quedase depositado en este Ayuntamiento muy ilustre, se procedió a lo demás que se dirá, y se reduce a que cesando igualmente en su empleo el señor don Vicente Basadre, quedase subrogado en su lugar el señor don Francisco de Berrío, fiscal de Su Majestad en la real audiencia de esta capital, encargado del despacho de su real hacienda; que cesase igualmente en su respectivo mando el señor brigadier don Agustín García, y el señor don José Vicente de Anca, auditor de guerra, asesor general de gobierno y teniente gobernador, entendiéndose el cese para todos estos empleos; que continuando los demás tribunales en sus respectivas funciones, cesen del mismo modo en el ejercicio de su ministerio los señores que actualmente componen el de la real audiencia, y que el muy ilustre Ayuntamiento, usando de la suprema autoridad depositada en él, subrogue en lugar de ellos los letrados que merecieron su confianza; que se conserve a cada uno de los empleados comprendidos en esta suspensión el sueldo fijo de sus respectivas plazas y graduaciones militares; de tal suerte, que el de los militares ha de quedar reducido al que merezca su grado, conforme a ordenanza; que continuar las órdenes de policía por ahora, exceptuando las que se han dado sobre vagos, en cuanto no sean conformes a las leyes y prácticas que rigen en estos dominios legítimamente comunicadas, y las dictadas novísimamente sobre anónimos, y sobre exigirse pasaporte y filiación de las personas conocidas y notables, que no pueden equivocarse ni confundirse con otras intrusas, incógnitas y sospechosas; que el muy ilustre Ayuntamiento para el ejercicio de sus funciones colegiadas haya de asociarse con los diputados del pueblo, que han de tener en él voz y voto en todos los negocios; que los demás empleados no comprendidos en el cese continúen por ahora en sus respectivas funciones, quedando con la misma calidad sujeto el mando de las armas a las órdenes inmediatas del teniente coronel don Nicolás de Castro y capitán don Juan Pablo de Ayala, que obraran con arreglo a las que recibieren del muy ilustre Ayuntamiento como depositario de la suprema autoridad; que para ejercerla con mejor orden en lo sucesivo, haya de formar cuanto antes el plan de administración y gobierno que sea más conforme a la voluntad general del pueblo; que por virtud de las expresadas facultades pueda el ilustre Ayuntamiento tomar las providencias del momento que no admitan demora, y que se publique por bando esta acta, en la cual también se insertan los demás diputados que posteriormente fueron nombrados por el pueblo, y son el teniente de caballería don Gabriel de Ponte, don José Felix Ribas y el teniente retirado don Francisco Javier Ustáriz, bien entendido que los dos primeros obtuvieron sus nombramientos por el gremio de pardos, con la calidad de suplir el uno las ausencias del otro, sin necesidad de su simultánea concurrencia. En este estado notándose la equivocación padecida en cuanto a los diputados nombrados por el gremio de pardos se advierte ser sólo el expresado don José Felix Ribas. Y se acordó añadir que por ahora toda la tropa de actual servicio tenga press y sueldo doble, y firmaron y juraron la obediencia a este nuevo gobierno.
Vicente de Emparan; Vicente Basadre; Felipe Martínez y Aragón; Antonio Julián Alvarez; José Gutiérrez del Rivero; Francisco de la Hoz Berrío; Francisco Espejo; Agustín García; José Vicente de Unda; José de las Llamosas; Martín Tovar Ponte; Feliciano Palacios; J. Hilario Mora; Isidoro Antonio López Méndez; licenciado Rafael González; Valentín de Rivas; José María Blanco; Dionisio Palacios; Juan Ascanio; Pablo Nicolás González, Silvestre Tovar Liendo; doctor Nicolás Anzola; Lino de Clemente; doctor José Cortes, como diputado del clero y del pueblo; doctor Francisco José Rivas, como diputado del clero y del pueblo; doctor Juan Germán Roscio; como diputado del pueblo, doctor Félix Sosa; como diputado del pueblo, doctor Félix Sosa; José Félix Ribas; Francisco Javier Ustáriz; fray Felipe Mota, prior; fray Marcos Romero, guardián de San Francisco; fray Bernardo Lanfranco, comendador de la Merced; doctor Juan Antonio Rojas Queipo, rector del seminario; Nicolás de Castro; Juan Pablo Ayala; Fausto Viana, escribano real y del nuevo Gobierno; José Tomás Santana, secretario escribano.