2013: El año del descontrol

“La vigilancia y la lucidez son los senderos de la inmortalidad. Los que vigilan no mueren. La negligencia es el sendero de la muerte. Los negligentes son como si ya estuvieran muertos”.
Buda

(Por Fabián Scabuzzo) La mayoría de las consecuencias imprevisibles, no lo son. Lo dicen los médicos y los accidentólogos: actuar sobre la prevención ahorra muchas vidas. Este año tiene algunos ejemplos significativos:

Dos hechos nacidos del descontrol

El día que ocurrió la tragedia la empresa Litoral Gas tardó tres horas en cortar el suministro en la zona afectada.

El 6 de Agosto de 2013 un edificio entero se derrumbó por una explosión de gas acumulado en un subsuelo. Murieron 22 personas. Al día de hoy la justicia busca limitar las responsabilidades entre gasistas y empresa de gas. El día que ocurrió la tragedia la empresa Litoral Gas tardó tres horas en cortar el suministro en la zona afectada mientras una llama de varios metros impedía acceder a los edificios siniestrados para empezar el salvataje. No encontraban la llave general del área. Es apenas una anécdota de esas jornadas horrorosos apenas aliviados por los abundantes gestos solidarios de la gente común y la grandiosa tarea de los rescatistas.

El 10 de agosto dos niñas cayeron al vacío en un juego de un parque de diversiones. Una de las tazas de la “Vuelta al Mundo” se desengachó de su lugar a 25 metros de altura, mató a dos chicas oriundas de Rafaela de 12 y 14 años e hirió seriamente atra hermana, una prima y una tía de ellas. Por esta tragedia fue procesado el director de inspección de la Municipalidad de Rosario, Gregorio Ramírez. El detalle indignante de este suceso es que el mismo apoderado del Parque, de profesión ingeniero civil , firmó los informes técnicos habilitantes tres meses antes, cuando los mismos deben ser rubricados por un ingeniero mecánico y por ética ajeno a la administración de la empresa.  

El mismo apoderado del Parque firmó los informes técnicos habilitantes tres meses antes.

En estos dos casos ocurridos en Rosario hubo denuncias previas que no fueron atendidas, personas que debían controlar, en nombre del estado,  y no lo hicieron.

Otra situación más que nos toca vivir en los días de verano:  los cortes de luz. Aquí la ausencia de inversiones en la correcta distribución de la energía, sumado a que nadie controla y obliga a las empresas a hacer esas obras, forman un cóctel explosivo que impacta en quienes pagan por ese servicio. En algunos casos es el mismo estado quien debe controlarse a si mismo, una falta de respeto a más del millón de hogares afectados a los cortes de luz en estos días, el problema  involucra a distribuidoras privadas, estatales y mixtas.

Cuando muere gente por falta de controles o hay cortes de luz, el estado está ausente, en general tarda en reaccionar y asumir la culpa, algo que raramente ocurre. Es una cadena en la interminable secuencia de hechos vinculados a la corrupción, sí, porque la falta de controles es un vicio nacido de las acciones más repudiables de los funcionarios.

Las formas de las corrupción se viralizan en un estado sin controles, desde los hechos más grandes, vinculados a la contratación de la obra pública por cientos de millones hasta aquellos que parecen insignificantes, como el elevadísimo ausentismo en el empleo público. En todos ellos hay alguien que no mira, no vigila, no controla y no sanciona.

La vista gorda

La perdurable protección policial, que le ahorró tener un prontuario acorde a sus actividades, volvía complejo aludir a un hombre ligado en lo profundo al mundo del hampa, aunque casi sin registro policial o judicial que lo indicara.

Las vinculaciones de la policía con el narcotráfico son la razón del crecimiento de este ilícito en nuestra provincia. En estos días asesinaron a otro jefe narco,  Luis Medina, que se movía por el país sin que nadie lo detenga,  gracias a un entramado de sobornos. El  colega Hernán Lascano, del diario La Capital de Rosario, describe esta impunidad con brillante pluma:

La violencia extrema erosiona una vez más todos los secretos. No porque Luis Roberto Medina fuera un desconocido, sino por la dificultad de hablar de un individuo al que, como a otros de idéntica condición a la suya, el sistema penal santafesino apenas había tocado en vida. Ahora sí lo hará. La perdurable protección policial, que le ahorró tener un prontuario acorde a sus actividades, volvía complejo aludir a un hombre ligado en lo profundo al mundo del hampa, aunque casi sin registro policial o judicial que lo indicara. ¿De dónde agarrarse para conectar con esos sinuosos ámbitos a un empresario diversificado en varios rubros de la economía lícita, dueño de múltiples propiedades en Rosario, en countries bonaerenses y en Punta del Este, como también de locales comerciales y vehículos costosos? Sólo la muerte produce esa capacidad de transparencia.

Muchos tienen la capacidad de pagar protección e inmunidad, ya sea porque están en un lugar con poder y devuelven con favores,  o porque los negocios ilícitos dejan una diferencia importante que se destina a esos pagos que se derraman sobre quienes tienen que controlar: funcionarios, policías y jueces.

El país de la corrupción

Desde los hechos más horrendos hasta los que son casi una costumbre, la corrupción hace mella en un país lleno de slogans que hablan de la igualdad y el derecho de las personas. Abundan los informes que señalan la riqueza de los funcionarios del gobierno nacional, especialmente de la presidenta, que se se multiplicaron a lo largo de los años, según ellos “legalmente”.

Trece años después de la impactante denuncia de corrupción que comprometió al gobierno de De la Rúa, éste y 7 funcionarios fueron absueltos. Nadie creyó en esa sentencia y mucho menos que la justicia no tuviera pruebas suficientes. Un fallo “rumoreado y vergonzoso” según la ONG Sin Corrupción que depende la ACIJ,  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

Sobre el total de 21 expedientes relevados, se desprende que el promedio de duración es de 137 meses, es decir, más de 11 años.

Según un informe elaborado por la misma ACIJ meses antes de esa sentencia, la justicia tarda más de 11 años en tramitar los casos de corrupción,  sobre el total de 21 expedientes relevados, se desprende que el promedio de duración es de 137 meses, es decir, más de 11 años.

“Aunque un panorama así ya es alarmante, la situación todavía es más grave pues ese promedio está compuesto por 21 expedientes de los cuales sólo 15 llegaron a la etapa de juicio -que es aquella comprendida desde el momento de radicación de la causa en tribunal oral hasta su finalización por cualquier causa”, dice la investigación.

De estos “beneficios” se nutren los casos más resonantes de corrupción del gobierno argentino: el Caso Ciccone, que implica al mismísimo vice presidente Amado Boudou y el caso Lázaro Báez cuyas ramificaciones se conectan a la sospechosa fortuna de la familia Kirchner.

Sin control, así nos va.

Tragedia de Rosario. Los rescatistas y la solidaridad. Lo peor y lo mejor del año.