Rafael Correa, se ha defendido este viernes de quienes le acusan de "perseguir a los opositores que denuncian corrupción", después de que la Justicia ratificara la condena contra tres disidentes por injurias.
Correa se ha referido al caso del asambleísta Cléver Jiménez y sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, cuyas condenas a entre seis y 18 meses de cárcel por injurias fueron ratificadas el pasado martes en casación.
Inició un proceso judicial contra estos tres opositores después de que presentaran una denuncia en su contra ante la Fiscalía por delitos de lesa humanidad, basándose en que durante el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010 el mandatario ordenó disparar contra un hospital.
"No se dejen engañar, dicen que Correa persigue a los opositores que quieren denunciar corrupción, pero se les juzgó porque presentaron una demanda a la Fiscalía", ha explicado, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ANDES.
Correa ha considerado que "están abusando del sistema de administración de Justicia". "Imagínese si le hacen eso (al presidente estadounidense, Barack Obama), que porque le odian presentan una denuncia en su contra", ha planteado.
El líder izquierdista ha insistido en que "no es por lo que dijeron, que ya era grave, sino por lo que escribieron, firmaron con un abogado y presentaron ante la Fiscalía". "Nadie está por encima de la ley", ha sostenido.
EL 30-S
La supuesta intentona golpista del 30-S comenzó por una manifestación de la Policía Nacional ecuatoriana contra una ley impulsada por el Gobierno que, según decían, les quitaba beneficios salariales y económicos.
Correa acudió al lugar para intentar dialogar con los policías, pero fue agredido y capturado por un nutrido grupo de agentes que lo llevaron hasta el Hospital de la Policía Nacional, donde estuvo retenido diez horas, hasta que fue rescatado por el Ejército.
En esta jornada de movilización policial murieron 10 personas y resultaron heridas otras 300, en unos hechos que el Gobierno ecuatoriano calificó como intento de golpe de Estado.
Fernando Villavicencio, en Estados Unidos, analiza si regresa a Ecuador
El activista Fernando Villavicencio, acusado por el Gobierno del delito de divulgar documentos reservados junto con el asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez, analiza si le conviene regresar a Ecuador. Él viajó a Washington hace 6 días para presentar ante organismos internacionales de derechos humanos un denuncia en contra del presidente de la República Rafael Correa.
Pero desde el pasado martes enfrenta un año y medio de prisión, junto con Jiménez por una ratificación de sentencia de la Corte Nacional de Justicia por injurias al presidente Correa.
Villavicencio dijo sentirse perseguido por el Gobierno porque este caso que se remonta a lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010, durante la revuelta policial, donde aseguró que el mandatario montó su rescate del hospital de la Policía, estaba dormido y "se reactivó de pronto para llevarme a la cárcel".
En estos seis días, relató, ha visitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Human Rigths Watch, la Freedom House, entre otras.
Mi presencia en Washington, aclaró el activista en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, es "para exponer ante estos organismos mi situación y la de mi familia... quiero que sepan que he venido acá para exponer la violencia que hay en el Ecuador... y quiero advertir que lo que le pase a mi esposa y a mis hijos, quienes se encuentran en Ecuador, es de responsabilidad del presidente Correa".
Villavicencio relató cómo fue el allanamiento a su vivienda el pasado 26 de diciembre por disposición de la presidencia de la República y dijo que esa noche ingresaron 12 policías de élite del GIR junto con miembros de la Fiscalía y de la propia Presidencia y se llevaron sus teléfonos celulares y una computadora donde tenía toda la información sobre casos de corrupción de este Gobierno.
Calificó de malicia y temeraria la acusación del primer mandatario de que él y el asambleísta Jiménez hackearon los correos electrónicos de varios funcionarios de Estado aunque posteriormente retrocedió.
Acusó al secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera de "manejar la justicia, la Fiscalía, la Policía...".
Dijo ser él quien investigó a Pedro Delgado, primo del presidente, quien ahora se encuentra prófugo en Miami y quien enfrenta seis procesos legales, entre ellos por falsificar su título académico y por peculado.
Finalmente, Villavicencio dijo que está dispuesto a sentarse con el presidente Correa y decirle quiénes son sus fuentes de información de los casos de corrupción de su régimen.
El proceso contra Villavicencio y Jimenez
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó ayer el recurso de casación a la sentencia dentro del juicio que por injurias ganó el presidente Rafael Correa al asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa.
Con esto, se ratifica en tercera instancia el fallo que determina que el legislador y su asesor deben cumplir 18 meses de prisión, y Figueroa, seis.
En el 2011 los tres presentaron una denuncia en la Fiscalía acusando a Correa de haber ordenado una incursión armada al Hospital de la Policía para ser rescatado, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Pero tras 9 meses de investigación, la Fiscalía no halló pruebas sobre esa denuncia y fue declarada maliciosa y temeraria, lo que dio pauta a que el mandatario los demande.
La diligencia empezó pasadas las 15:30 y se extendió por tres horas con alegatos de la defensa de los procesados y de Correa.
Iván Maldonado, abogado de Figueroa, señaló que el proceso era inválido porque la calificación de maliciosa y temeraria no se la habría realizado dentro de un juicio como establece el Código Penal
Julio Sarango, abogado de Jiménez y Villavicencio, rechazó que al asambleísta no se le haya respetado la inmunidad parlamentaria, contemplada en la Constitución vigente. Sin embargo, los jueces Vicente Robalino, Mariana Yumbay y Gladys Terán no encontraron irregularidades en las sentencias, dictadas en primera y segunda instancia, y declararon improcedente el recurso extraordinario.
Sarango dijo que esperarán la notificación escrita de la sentencia antes de presentar un recurso de aclaración y ampliación. Caupolicán Ochoa, quien representó legalmente al presidente, dijo que la defensa de los procesados no fundamentó la casación; y Jiménez, que no saldrá del país y cumplirá la pena.
Cléver Jiménez: «El Gobierno intenta acallar la voz de los que queremos denunciar»
El asambleísta reelecto por Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez (Pachakutik), dice que la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, en el 2011, contra el presidente Rafael Correa por el supuesto cometimiento de varios delitos, entre ellos el de lesa humanidad durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, estaba dentro de sus funciones como legislador. Lo afirma tras haber sido sentenciado el 16 de abril pasado a 18 meses de prisión y al pago de unos $ 120.000 al primer mandatario por haberlo supuestamente injuriado con la denuncia. La sentencia de primera instancia se da en un juicio que Correa inició como contrademanda. La jueza de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Lucy Blacio, que acogió la denuncia del gobernante, no solicitó el retiro de su inmunidad parlamentaria al considerar que la denuncia que presentó la hacía fuera de sus funciones.
¿Por qué defiende que la denuncia realizada en la Fiscalía, en el 2011, contra Correa, por un supuesto delito de lesa humanidad por el ingreso de militares al Hospital de la Policía el 30 de septiembre del 2010, es una acción inherente a su tarea como asambleísta?
El grupo de oposición en la Asamblea pidió que se debata, que hagamos una comisión interdisciplinaria para que sea la que investigue esos hechos. Nunca dieron paso los asambleístas oficialistas. Nunca quisieron que se sepa la verdad de lo que pasó el 30 de septiembre. En estas circunstancias y luego de haber pedido información y haber recopilado una gran cantidad de documentos concluimos que el responsable de lo que sucedió el 30 de septiembre, por los documentos que tengo en mi poder, es precisamente el presidente. Presenté la denuncia penal ante la Fiscalía con base en mis funciones. Si revisamos el artículo 128 de la Constitución, ahí se dice que los legisladores no serán ni civil, ni penalmente responsables por los actos en ejercicio de sus funciones... Un acto administrativo es presentar una denuncia penal a la Fiscalía en ejercicio de mi función de fiscalización. Usted dice que la jueza Lucy Blacio violentó su inmunidad parlamentaria durante el proceso que se le siguió por falsa acusación judicial. Ella consideró que estaba fuera de sus funciones como asambleísta. Al no pedir autorización a la Asamblea y continuar con el proceso del juicio, ella prevaricó, se arrogó funciones que no le competen, que solo le competen a la Asamblea. En ese instante yo le presento una denuncia penal por prevaricato que está también en la Fiscalía y hasta el día de hoy no tenemos resultado alguno. Luego de que el conjuez de la CNJ Richard Villagómez desestimó la causa que usted inició contra el presidente Correa en el 2011, por el delito de lesa humanidad, y la calificó como “maliciosa y temeraria”, ¿cree que la figura utilizada para la demanda fue la incorrecta? Yo me ratifico en la denuncia que hice en el 2011. No es ninguna injuria denunciar hechos completamente públicos. La denuncia se presenta en ese sentido para que la Fiscalía investigue y determine los hechos de responsabilidad y luego llame a juicio. Ahí yo tenía que presentar las pruebas, demostrar lo que estaba denunciando. Si hubiésemos ido a juicio habría presentado muchos documentos más y, para este rato, ya conocería el país quién es el responsable del 30 de septiembre. ¿En lugar de una denuncia en la que usted, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio aseguraban el cometimiento de varios delitos, entre ellos el de lesa humanidad, no era mejor haber solicitado una investigación de lo que sucedió aquel 30 de septiembre del 2010? Por supuesto, es lo que estoy pidiendo. Yo no estoy asegurando en la denuncia que el presidente cometió los delitos. Siempre una denuncia va en término de supuestos. Solo después de una sentencia ejecutoriada usted puede decir esta persona es criminal o no. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué no permitieron que vayamos a juicio?
Entonces, ¿no ha presentado todo el grueso de información que respaldaría su supuesto?
Hay muchísima información más que se ha presentado y que se entregó en la Fiscalía y que ni siquiera han leído. El desestimar mi denuncia demuestra que no han leído las pruebas que entregué. Esto es clave, en la misma sentencia del conjuez Richard Villagómez, al momento que él declara a mi denuncia maliciosa y temeraria, la archiva y pide que se desclasifiquen los documentos. Es más que claro que nunca se investigó. ¿Por qué?, porque nunca tuvo acceso a los documentos desclasificados el fiscal. Usted ha dicho que ha habido manipulación de la justicia tanto al desestimar su denuncia como en el juicio iniciado por Rafael Correa, que sí se admitió, por acusación maliciosa. ¿Por qué? ¿Por qué no acogieron lo que usted planteó? Porque esta justicia se encuentra en manos del Gobierno. Porque la justicia y todas las funciones del Estado se encuentran sometidas a la voluntad y al capricho de una sola persona: el presidente. ¿Qué cree que hará la próxima Asamblea de mayoría absoluta de PAIS en torno a la figura de la inmunidad parlamentaria? Más allá o no de la inmunidad parlamentaria considero que lo que está intentando el Gobierno es callar la voz de aquellos que estamos denunciando hechos de corrupción. Aquí hay cosas completamente claras: que se pretende callar a Cléver Jiménez y sobre todo sacarlo de la Asamblea, una vez que fui reelecto. Son más de 40 denuncias que he presentado. Todas justificadas y documentadas. Hago la investigación y una vez que estoy seguro de lo que tengo en las manos he presentado las denuncias ante la Fiscalía. No soy ningún loco. La oposición ha acusado al bloque de PAIS de impedir que la Asamblea cumpla con su rol de fiscalizador; pues, al contrario, varios funcionarios han pedido que se levante la inmunidad de los asambleístas, lo que no ha prosperado, pero en su caso no fue siquiera necesario. Aquí está en juego no la libertad o la cárcel de Cléver Jiménez, aquí lo que está en juego es la libertad de todos los ecuatorianos. Si hoy permitimos que eso pase, el día de mañana el mayor perjudicado será el pueblo ecuatoriano, porque estaremos sembrando y santificando la impunidad de toda la corrupción de este Gobierno. ¿Cuánto pesó su oposición como asambleísta al tema minero en el proceso legal que el presidente Correa le siguió? Usted como representante de la provincia de Zamora Chinchipe, zona en la que se llevan adelante varios proyectos mineros, propuso iniciativas de reforma antiminera. Ese es uno más de los ingredientes. Toda esta persecución también tiene que ver con el plan extractivista del Gobierno. En Zamora Chinchipe se va a dar el proyecto más grande de minería, que ya está en manos de los chinos de Ecuacorriente. Yo he denunciado penalmente ante la Contraloría y ante la Fiscalía sobre el contrato con Ecuacorriente, que es un contrato ilegal, que violó la Ley actual de Minería. Usted ha señalado que no pedirá disculpas al presidente Correa, ¿asumirá la pena de 18 meses de cárcel impuesta por la jueza Lucy Blacio? Apelaré a todos los recursos internos que tengo en el país y luego iré a cortes internacionales. Jamás pediré disculpas. ¿Por qué debo hacerlo? Cuando yo ofendo a alguien, pido disculpas, pero en este caso jamás le he ofendido al presidente. Aquí el que tiene que pedir disculpas es él por los hechos lamentables del 30 de septiembre en los que hubo muertos y heridos, y por muchísimos actos de corrupción que están dándose en su gobierno. ¿Cómo interpreta la teoría del perdón utilizada por el presidente Correa en varios juicios, una vez que estos fueron sentenciados a su favor? Ellos han manifestado que debemos pedir disculpas públicas. Pretenden que lo sucedido el 30 de septiembre se va a acabar cuando el mundo y el país digan ‘bueno, en realidad el presidente no tuvo la culpa’. Yo no necesito el perdón de ese señor (Correa). ¿Por qué tendría que perdonarme? Yo solo necesito el perdón de Dios.
¿Acudirá a cortes internacionales para demandar lo que usted ha calificado como un proceso sin independencia judicial?
Acudiré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que desde ahí se hagan respetar mis derechos constitucionales. Luego iré a la Corte Penal Internacional para que investigue los hechos lamentables del 30 de septiembre. El presidente nos dice a nosotros cobardes, mentirosos y corruptos; o sea que quienes denunciamos hechos de corrupción somos los corruptos y los que cometen actos de corrupción son homenajeados por el presidente o se encuentran felices y contentos en Miami (EE.UU.).
Perfil: José Jiménez Cabrera
NACIMIENTO
PROFESIÓN
Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Cuenca. Maestría en Dirección y Administración de Empresas (Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España).
CARGOS OCUPADOS
Presidente del Tribunal Electoral de Zamora Chinchipe (2004). Director de Tránsito en Zamora (2206-2009).
Fernando Balda y sus denuncias
- El perseguido político y Asambleísta por Sociedad Patriótica Fernando Balda, quien expuso públicamente el caso de los trolls del gobierno, revela todo sobre el posible caso "EL VENADO", que relaciona a Rafael Correa, su esposa Anne Malherbe y al Capitán destituído de la fuerza policial Diego Peñaherrera ex-edecan de su esposa.
- Posible denuncia por supuestos actos de acoso sexual de varios miembros del alto gobierno del Ecuador, lea por favor El "casomameluco" en Ecuador.
- La posible existencia de un inmenso "troll center" del Gobierno o centro de operación de cuentas falsas en internet para atacar a sus críticos, ha vuelto a escena esta mañana. El tema surgió hoy cuando Fernando Balda, un activista político que fue cercano al Gobierno en sus inicios y ahora es de la oposición, puso en su blog una segunda y más amplia denuncia sobre este supuesto operativo puesto en marcha por el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. La primera denuncia la colocó el 8 de febrero. Esta, sin embargo, habla sobre la posible existencia de una red mucho más grande y de una operación más sofisticada.
Fernando Alvarado ha negado la existencia de un operativo de trolls en una entrevista al diario Hoy publicada el domingo 26 de febrero. Balda dice haber recibido de una fuente anónima fotografías de una pantalla de un computador de este supuesto "troll center" en los que se observa los nombres de las cuentas y su forma de funcionamiento.
EL COMERCIO ha verificado la existencia de algunas de estas cuentas en Twitter y Youtube. Asimismo, este Diario ha detectado la forma en que algunas de estas cuentas se comportan. Hoy Fernando Balda cumple condena en el ecuador.Tomado de elcomercio.com POR FAVOR LEA
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