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EL GOBIERNO ESPAÑOL APRUEBA POR DECRETO LA REFORMA LABORAL
El Gobierno español aprobó hoy por decreto ley una reforma laboral que busca dinamizar el mercado de trabajo y "reducir la excesiva temporalidad" en un país en el que la crisis ha dejado más de cuatro millones y medio de desempleados.
La reforma reclamada por la patronal y organismos internacionales, es rechazada por los sindicatos que creen que lesiona los derechos de los trabajadores y han convocado en su contra, para el 29 de septiembre, la primera huelga general de la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Ejecutivo no logró alcanzar un acuerdo con los empresarios y los sindicatos para consensuar la reforma, que hoy sacó adelante en solitario en forma de decreto ley, aprobado en el Consejo de Ministro, y que entrará en vigor mañana, jueves.
No obstante, el Gobierno, según explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pedirá su tramitación en el Parlamento como proyecto de ley con el fin de que los demás grupos políticos puedan presentar sus enmiendas y recoger de esa manera el máximo consenso posible.
La reforma es la más importante acometida en España en los últimos veinte años, según De la Vega, que la definió como "buena, ambiciosa y de calado".
Con ella se busca "reducir la temporalidad excesiva" en el empleo y una mayor estabilidad y flexibilidad que redunde en un aumento de la productividad, agregó.
De la Vega reconoció que se aprueba sin el acuerdo de la patronal y de los sindicatos, pero insistió en que con ella se busca "atajar algunos de los problemas más acuciantes" que vive España.
La reforma laboral era una de las principales reclamaciones de la patronal. Algunos organismos internacionales habían aconsejado también llevar a cabo cambios por considerar el mercado de trabajo español demasiado rígido.
El ministro de Trabajo, Ceslestino Corbacho, explicó que se trata de "una reforma estructural", pensada no solo para el momento actual sino para que sirva de marco y referencia durante años y con la que se pretende "cambiar la cultura, que cuando hay problemas no empecemos ajustando la plantilla, sino ajustando la producción".
Entre las novedades que incluye el texto aprobado está que el Estado asumirá el pago de 8 días de indemnización en los casos de despidos a trabajadores con contratos indefinidos para los que se fijan una indemnización media de 33 días por año trabajado, frente a los 45 actuales.
Además, para recurrir a un despido procedente las empresas solo tendrán que argumentar que tienen pérdidas económicas sin un periodo mínimo específico.
Para estos despidos hay una indemnización de 20 días por año trabajado.
Los sindicatos mayoritarios españoles, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) convocaron este martes una huelga general para el 29 de septiembre contra la reforma laboral aprobada hoy.
Los dirigentes sindicales la rechazan porque consideran que perjudica a los trabajadores y no fomentará la creación de empleo al tiempo que facilitará el despido, mientras que las organizaciones empresariales la ven "tibia" y consideran que el Ejecutivo se ha quedado corto.
Para Paloma López, secretaria de Empleo de CCOO, facilita el despido y sus medidas "no hacen más que profundizar en una salida de la crisis injusta" a cargo de los trabajadores.
En España el derrumbe del sector inmobiliario, que fue el motor económico en los últimos diez años, unido a la crisis económica, se ha traducido en una gran perdida de puestos de trabajo, con una tasa de desempleo de más del 20 por ciento de la población activa (4,6 millones de personas), según las últimas cifras oficiales.
Pero los sindicatos no creen que las medidas aprobadas hoy por el Gobierno sean la medicina apropiada para superar la grave crisis que vive España.
La aprobación de la reforma se produjo en la víspera de la cumbre que los jefes de estado o de gobierno de la Unión Europea celebrarán mañana jueves en Bruselas, lo que permitirá a Zapatero esgrimirla entre sus medidas anticrisis, junto al plan de choque de reducción del déficit público aprobado en mayo para dejarlo en el 3 por ciento del PIB en 2013, como exige la UE.
(fuente:efe)