La regulación del servicio doméstico puesta en marcha hace justo un ańo ha hecho aflorar en este tiempo más de 5.300 empleos en Aragón que hasta entonces no eran controlados por la Seguridad Social. Con esta medida, el Gobierno central busca no solo mejorar las condiciones de este enorme y -hasta ahora- silencioso colectivo, sino que recaudará una importante cantidad de dinero.
Si en el ańo 2011 el número de trabajadoras -la mayoría son mujeres- dadas de alta en el Régimen Especial era de 6.700, con el paso al General la cifra superó el pasado mes de mayo las 12.000. El motivo no es otro que la amenaza de sanciones a los contratadores en caso de no regularizar el servicio doméstico adquirido, que hasta entonces se movía mayoritariamente con el pago en mano.
De hecho, se calcula que todavía quedan en Aragón más de 5.000 empleadas del hogar que realizan su tarea sin cotizar. Con la entrada en vigor de esta normativa -oficialmente el 1 de enero del ańo pasado, pero se concedió una prórroga de seis meses, hasta junio de 2012- quien quiera hacerse con los servicios de una de estas trabajadoras domésticas debe formalizar un contrato con tan solo una hora semanal desempeńada.
Un requisito que no todo el mundo estaba dispuesto a asumir. Hasta tal punto que el Gobierno aprobó una modificación el pasado 1 de abril por el cual el peso de los trámites con la Administración pasaba del contratador a la trabajadoras, siempre y cuando desarrollaran su labor por un tiempo menor a las 60 horas semanales. Además, se redujeron los tramos de cotización hasta dejarlos en ocho, perjudicando a las que menos cobran. Una decisión que no fue bien recibida por las asociaciones de empleadas de hogar ni por los sindicatos.
“Fue un retroceso, después de haber puesto en marcha una normativa pionera en toda Europa”, critica Pura Huerta, responsable del área de Formación y Empleo de UGT Aragón. En cualquier caso, los agentes sociales reconocen que la regulación de este colectivo ha supuesto un gran avance ya que les equipara en derechos con el resto de trabajadores.
Y además, todos los empleadores seguirán a cargo de las nóminas, aunque será la empleada la responsable de liquidar de una sola vez a la Seguridad Social por todos los contratantes -en caso de que trabaje en varias casas, como suele ocurrir-.
Avances pendientes
Sin embargo, todavía quedan puntos por mejorar en la regulación de las trabajadoras domésticas. Aspectos como el salario, mermado en muchos casos por el gasto en Seguridad Social, o la prestación por desempleo son algunas de las batallas pendientes para este colectivo.
Además, los sindicatos creen que la modificación de abril frenará los buenos datos de regulación registrados este ańo y fomentará que muchas empleadas del hogar sigan en la economía sumergida.
Para luchar contra esta situación, la labor de los inspectores se ve frenada por la imposibilidad de acceder a un domicilio privado sin contar con una orden judicial. Sin embargo, algunas fuentes seńalan que ya se está citando a personas a presentar la documentación pertinente en dependencias oficiales ante la llegada de denuncias por parte de las propias trabajadoras.
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