APPA defiende la seguridad jurídica para las inversiones reguladas

APPA defiende la seguridad jurídica para las inversiones reguladas

Los recortes retroactivos realizados por el anterior Gobierno, fueron duramente criticados por el comisario europeo de Energía, Gunther Oettinger

Las recientes expropiaciones llevadas a cabo por Argentina y Bolivia de compañías españolas son un ejemplo de cómo las medidas que atentan contra la seguridad jurídica ahuyentan las inversiones internacionales.

La seguridad jurídica es necesaria, no solamente para las inversiones realizadas en energías renovables sino también para el resto de costes reconocidos del sistema como el propio déficit tarifario

Madrid, 9 de mayo de 2012.- La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA ha reclamado seguridad para las inversiones realizadas en el sector renovable. “Las energías renovables están amparadas por un paraguas legal, que es el objetivo reconocido en la Ley 54/97, y han sido realizadas según las especificaciones y retribuciones marcadas por el Boletín Oficial del Estado, modificar esas condiciones nos pondría al mismo nivel que aquellos países que criticamos por su arbitrariedad”, ha declarado González Vélez, presidente de APPA.

El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, José María González Vélez, ha criticado duramente las recientes declaraciones de directivos de grandes compañías eléctricas que piden recortes retroactivos a la retribución renovable para atajar el grave problema del déficit tarifario. “Las energías renovables han ahorrado en el mercado eléctrico 9.173 millones de euros más que las primas recibidas en el período 2005-2010. Las renovables, por su evolución de costes comparada con los precios de los combustibles, son parte de la solución al déficit, no parte del problema”, ha declarado González Vélez.

Seguridad jurídica para las inversiones

Existen grandes diferencias entre hacer uso de la flexibilidad, que la regulación permite, para adecuar los costes a la actual situación del sistema eléctrico – como es el caso del ajuste realizado en la retribución a la distribución – y modificar un marco regulatorio a largo plazo, gracias al cual se han tomado decisiones de inversión en energías renovables.

“Si empezamos a pedir ajustes retroactivos para resolver el déficit tarifario, entonces entenderemos como normal las expropiaciones en Argentina o Bolivia y podríamos resolver el déficit tarifario simplemente negando su pago. La seguridad jurídica es necesaria para todas las inversiones y nos permiten tener una reputación internacional que hoy no podemos perder”, ha explicado José María González.

Durante los últimos cinco años, en España se han instalado 14.000 megavatios de centrales de gas cuando el consumo sólo ha aumentado un 5%. Esto ha llevado a nuestro país a tener un sistema eléctrico sobredimensionado. “Algunos empresarios de grandes eléctricas españolas no dudan en cuestionar los objetivos vinculantes comprometidos con Bruselas por nuestro Gobierno o en poner en peligro nuestra credibilidad como país antes de reconocer los graves errores estratégicos – tanto en infraestructuras como en contratos de abastecimiento – cometidos en el desarrollo del mercado de gas en España, que han generado una auténtica burbuja del gas. Precisamente, las políticas europeas e internacionales de desarrollo de las renovables defienden decididamente el interés general y de futuro, sustituyendo el gas y otras energías fósiles, que debemos importar y son contaminantes –contaminación que también debemos pagar–, por fuentes autóctonas y limpias como las renovables”, ha señalado el presidente de APPA.

Ayer mismo, las multinacionales que operan en España han reclamado al Gobierno previsibilidad y ausencia de legislación retroactiva, señalándolos como las principales barreras de inversión de nuestro país, un análisis con el que se identifica plenamente la Asociación. “Es muy difícil que España consiga atraer inversiones extranjeras y se recupere de la actual crisis si no existe una confianza plena en nuestro marco regulatorio”, ha concluido González Vélez.

NOTA DE PRENSA

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