Aumentan los conflictos por tierras ocupadas por pueblos originarios: ya hay más de 300 en todo el país

Amnistía Internacional realizó un relevamiento en base a denuncias; hay muchos casos que derivaron en situaciones de tensión; demoras del INAI, el organismo estatal encargado de relevar la situación de las comunidades

El conflicto mapuche en Río Negro o las usurpaciones en Villa Mascardi engrosan a una larga lista de sucesos sobre la problemática indígena a nivel nacional. Hoy, en todo el país hay más de 300 conflictos que involucran pueblos originarios. El dato surge de un mapa elaborado por Amnistía Internacional, actualizado periódicamente en base a denuncias e informes de sus colaboradores en el interior. La mayoría son conflictos territoriales y más de 30 de ellos derivaron en algún episodio de violencia.

El Estado también debería contar con esta información. Hace 15 años que tiene la obligación de relevar todos los conflictos del país como punto de partida para encontrar una solución. Pero todavía no lo cumplió. En 2006, se promulgó la ley 26.160 para responder a la situación de "emergencia". Además de prohibir los desalojos, la norma tenía un plazo de cuatro años para hacer el relevamiento territorial, pero la normativa fue prorrogada en 2009, 2013, 2017 y por última vez, el jueves pasado.

El encargado de llevar a cabo el relevamiento es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dirigido por la exsenadora María Magdalena Odarda, que fue citada al Congreso por Juntos por el Cambio después del último incendio en el Bolsón para que informe las políticas implementas por el organismo.

Según los datos del INAI, hay 1756 comunidades indígenas identificadas y 742 ya han sido relevadas, es decir, menos de la mitad. "El relevamiento avanzó muchísimo en aquellas provincias donde hubo voluntad política", apunta Julián Fernandez Duarte, director de Asuntos Jurídicos del INAI. El funcionario considera que el retraso del relevamiento responde a cuatro razones: la inexperiencia del Estado en trabajo intercultural, la resistencia delos factores de poder, la falta de interés de los gobiernos provinciales y la falta de presupuesto.

De todas maneras, Fernandez Duarte se mostró ilusionado por "el consenso" de la nueva prolongación de la ley y señaló: "Se incorporan los organismos provinciales y con eso creemos que se va a saldar esas resistencia del territorio provincial. Hay que mantener esos consensos político para que las provincias aceptan el programa".

Con el correr de los años solo aumentan los conflictos -hace cuatro años eran cerca de 200- pero el estado de situación es prácticamente el mismo. Los focos siguen siendo el norte y el sur del país con excepción de Buenos Aires. "El diagnóstico es casi similar al de años atrás, más de la mitad de los pueblo indígenas no cuentan con un registro", afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina en sintonía con los datos del INAI.

García Rey explicó que la ley es una buena herramienta inicial, pero luego es necesario que se reconozcan las tierras "Uno de los motivos por los cuales se dan los conflictos es por la falta de seguridad jurídico de las comunidades indígenas. Mientras no se avance en la titulación las tensiones se siguen amplificando. Se aprovecha esta inseguridad y desigualdad de poder y las comunidades intentan resistir".

En el mapa de situación diferenció conflictos territoriales, ambientales, casos de violencia, desalojos, por criminalización de las comunidades o por problemas con la personería jurídica de los indígenas. Identificó también casos registrados de coronavirus dentro de las comunidades, actualmente son 21.

"Mientras se dilate el relevamiento y el orden del territorio, los focos de conflictos van a seguir estando. Hasta tanto no se les brinde la seguridad jurídica a las comunidades indígenas es imposible que no se generen . Si uno supiera cuales son los reclamos, generaría herramientas para intentar solucionarlos. En tanto no se sienten las bases del territorio este tipo de conflictos seguirá", cerró Rey.
El cruce entre una gobernadora y el Presidente

Después de una serie de ataques a clubes y propiedades, que incluyeron incendios y mensajes amenazantes contra el gobierno y la justicia provincial, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, protagonizó las últimas dos semanas un duro intercambio con el presidente Alberto Fernández por la presencia de fuerzas nacionales en su distrito.

"No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde", dijo Carreras, cuando reclamó más apoyo de la Nación.

Por carta, Alberto Fernández le respondió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Le dijo que va a asistir a la provincia ante los actos de violencia de movimientos mapuches, algo que finalmente se concretó, pero también le pidió que sea ella la que garantice la seguridad en la provincia.

Fernández le recordó a la mandataria provincial que "es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior". E inmediatamente afirmó que "no es este el caso ni mucho menos. Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro".

LA NACION