Miles de familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España se enfrentan a una situación desesperada. La Seguridad Social está enviando cartas reclamando devoluciones de cantidades desorbitadas por pagos indebidos, correspondientes a las revisiones de los años 2021 y 2022.
En algunos casos, las mensualidades a descontar son tan elevadas que dejan a las familias en una situación de precariedad extrema. Un ejemplo desgarrador es el de una madre soltera desempleada con dos hijos menores a cargo, a la que se le reclaman cantidades del año 2022. Tras la devolución, le quedarán apenas 200€ al mes para vivir en el 2024, una situación que la aboca a la miseria.
Fraccionamientos inviables y cartas sin opción a plazos
Las cartas recibidas por los perceptores del IMV no siempre ofrecen la opción de fraccionamiento de la deuda. En muchos casos, se reclaman cantidades totales sin posibilidad de acordar plazos, lo que deja a las familias sin margen de maniobra para hacer frente a la situación.
La Seguridad Social argumenta que estas medidas son necesarias para controlar el fraude y asegurar el buen uso de los recursos públicos. Sin embargo, las familias afectadas denuncian que la aplicación de estas medidas no tiene en cuenta la situación real de las personas y las aboca a la pobreza.
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Exigen un cambio de criterio
Las organizaciones que defienden los derechos de las familias con bajos ingresos exigen a la Seguridad Social un cambio de criterio en la gestión de las devoluciones por pagos indebidos del IMV. Proponen que se aplique el mismo criterio que se utiliza para las sanciones a los perceptores, limitando la cantidad a devolver a los 180 días anteriores al error. Argumentan que la Seguridad Social también comete errores y que las familias no deben ser penalizadas por fallos administrativos.
Campaña de firmas para exigir justicia
Para visibilizar esta problemática y exigir soluciones justas, se ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org. La iniciativa busca presionar a las autoridades para que tomen medidas que protejan a las familias más vulnerables y garanticen un acceso digno al Ingreso Mínimo Vital.
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