La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció este martes que a partir de septiembre se iniciará un proceso para elaborar una nueva Constitución.
La mandataria hizo el sorpresivo anuncio en un mensaje transmitido desde el palacio de La Moneda en cadena nacional donde también dio a conocer algunas medidas anticorrupción.
"En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos", dijo durante su discurso.
La reforma de la carta fundamental del país fue una de las grandes promesas de la presidenta durante su última campaña, junto a la reforma educativa y fiscal, recordó el corresponsal de BBC Mundo en el Cono Sur, Ignacio de los Reyes.
"Movimientos ciudadanos y miembros de la coalición de partidos que apoyan a la presidenta habían demandado una reforma profunda del sistema político del país, azotado en los últimos meses por una serie de escándalos de corrupción", recordó el corresponsal.
Lucha contra la corrupción
Además de este proceso constituyente, Bachelet también presentó una serie de medidas destinadas a luchar contra la corrupción.
Entre los anuncios se encuentran la eliminación de aportes anónimos y reservados a políticos o partidos y mayor regulación de las campañas electorales, reduciendo el gasto y limitando los espacios donde hacer propaganda.
Además, las empresas no podrán hacer aportes y será el Estado quien regule los gastos de los partidos siempre y cuando cumplan con ciertos requerimientos.
Los regalos de campaña serán delitos de cohecho y aumentarán las exigencias y transparencia en el uso del dinero público en el Estado, según dijo la mandataria.
Habrá además un registro público de lobistas o cabilderos y los políticos que violen la ley electoral perderán su cargo.
Bachelet dijo que se encargará "personalmente" de lograr la aprobación e implementación de estas medidas.
Pero el gran interrogante, explicó el corresponsal de BBC Mundo, es si el Congreso aprobará un paquete de medidas que acota el poder de actuación de los propios legisladores, regula más estrechamente su relación con las empresas privadas y limita el financiamiento de los aspirantes a cargos públicos.
Penta, SQM y Caval
En los últimos meses, Chile ha vivido una crisis política sin precedentes en su historia reciente, marcada por los llamados casos Penta, SQM, y Caval.
Los tres escándalos han minado la confianza de los chilenos en sus partidos políticos y han puesto en alerta a una sociedad poco acostumbrada a conocer de la corrupción al más alto nivel.
El primero involucra una supuesta red de fraude fiscal y el financiamiento de campañas electorales a través de facturas falsas del grupo de empresas Penta, que sacudió al partido de la derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) y a conocidos empresarios nacionales.
Al Caso SQM o Soquimich, una empresa controlada por Julio Ponce, exyerno del exlíder de facto Augusto Pinochet, se lo conoce por haber afectado además a políticos de otros partidos.
Pero el caso que más afectó a la imagen pública de la presidenta, que registra sus peores niveles de popularidad, es el conocido como Caval, la empresa de su nuera, que está siendo investigada por posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias tras la compra y venta de un terreno de 44 hectáreas.
Un hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, participó personalmente en la reunión que aseguró el crédito bancario usado en la operación y se vio luego obligado a renunciar a las labores que su madre le había dado como director sociocultural del Gobierno.
Fuente: BBC
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