(Leopoldo Calvo Sotelo)
El candidato escogido por la UCD y sugerido por Adolfo Suárez para sustituirlo en la presidencia del gobierno sería Leopoldo Calvo Sotelo (1926-2008). Quien se había educado en el centro liberal de Madrid, “Colegio Estudio”, devoto aplicador de las teorías de Francisco Giner de los Ríos y de su “Institución Libre de Enseñanza”. Leopoldo era poseedor de una vasta cultura. Hablaba perfectamente: inglés, francés, italiano, alemán y portugués. Concluyendo su formación como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en 1951 y doctorándose en 1960.
Proveniente del mundo de la empresa, arrancaría su incursión política como procurador en Cortes por el tercio sindical, puesto en el que permanecería cuatro años, para en 1975 ser nombrado Ministro de Comercio dentro del gabinete de Carlos Arias Navarro. Primer gobierno conformado bajo el reinado de Juan Carlos I, en el que se encontraban igualmente Suárez y Fraga entre otros. Siendo ya Suárez máximo jefe del ejecutivo lo designaría Ministro de Obras Públicas en 1976. Cargo del que dimitiría para organizar la contienda electoral de 1977 por la UCD. Portavoz del Congreso del grupo parlamentario de UCD entre 1977 y 1978. Ministro para las relaciones con la Comunidad Económica Europea de 1978 a 1979. Y previamente a erigirse como Presidente ostentaría la Vicepresidencia del Gobierno para Asuntos Económicos (1980-81).
Nuevamente el artículo 99 de la Constitución Española resultaría de gran trascendencia en una investidura. Concretamente su apartado tercero, donde se expone: “Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.” Pues al sólo contar Leopoldo Calvo Sotelo con el apoyo de la UCD, quien no albergaba mayoría absoluta en el hemiciclo, hubo que repetir la votación del viernes 20 de Febrero, el lunes 23. Fecha sumamente aciaga para nuestra historia, donde pareciera que una vez más los aires de libertad serían acallados por el tan común, en nuestro pasado constitucional, pronunciamiento.
El día 23, a las 18:22, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, irrumpiría en la Cámara con un grupo de guardias civiles armados. Instando a los parlamentarios a que se tirasen al suelo, bramando aquella mítica frase: “¡Quieto todo el mundo!”. Imágenes que quedarían grabadas para la posteridad por las cámaras de Televisión Española.
Automáticamente el general Gutiérrez Mellado (1912-1995), Vicepresidente primero para Asuntos de la Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno, se levanta de su escaño y conmina a los asaltantes a deponer las armas, haciendo uso de la posición que le confería ser el militar de mayor rango allí presente. Como respuesta, al objeto de reducirlo, Tejero disparará al aire, lo que será seguido por una ráfaga de fusiles, mientras otros asaltantes forcejeaban infructuosamente con el casi septuagenario y gallardo mando. En cuento al resto acatarían las prescripciones de Tejero, siendo Adolfo Suárez y Santiago Carrillo los únicos diputados que se mantengan sentados.
Suárez presuntamente manifestaría, con anterioridad a su dimisión: “La clase dirigente de este país ya no me soporta. Los poderes fácticos me han ganado la batalla.” Y es que para un sector del Ejército era considerado como un traidor, tras decretar la legalización del Partido Comunista. Turbulento contexto al que se sumaba el recrudecimiento de la crisis económica; la organización territorial con la inauguración del Estado de las Autonomías, vaticinando algunos la fractura de España como Nación; más la difícil adaptación de determinados sujetos al régimen democrático. Quedando evidenciada la inquina de los militares en aquel 23-F al dirigirse a él. El cabo Burgos le increparía: “¿Tú que te crees el más guapito?”. A las 19:10 Suárez se pondría en pie solicitando hablar con el principal organizador de tan tremendo dislate. Decretando Tejero su reclusión en una habitación aparte y permaneciendo aislado durante diecisiete interminables horas.
(Congreso de los Diputados)
El desmantelamiento del golpe no sólo se debió a la postura contraria de la mayoría de la sociedad civil y política, que concebían como irreversible el Estado democrático, sino también a las gestiones del monarca. Así como a la dirección que había llevado al frente de su cartera Gutiérrez Mellado, la cual buscaba reorganizar el Ejército y constreñirlo a lo meramente castrense, relegando a puestos de menor importancia a aquellos que se reputaban menos afectos al sistema democrático. Determinante se mostraría pues su política de nombramientos, oficiales que se reafirmarían durante el 23-F en su deber constitucional. Como fue el caso de los generales: Gabeiras, primer jefe del Estado Mayor; Quintana Lacaci, gobernador militar de Madrid; Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil y Sáenz de Santamaría, que dirigía la Policía Nacional.
Al acto de indisciplina de Tejero lo acompañaría el de Jaime Milans del Boch, sacando en Valencia los carros de combate a la calle. Mas se logró aplacar la pretensión de otro conato disidente que tramaba copar la sede de Radiotelevisión Española en Madrid. Entretanto Su Majestad sería el encargado de requerir uno a uno a los mandos militares nacionales para garantizar su fidelidad al régimen constitucional.
Poco antes de las diez de la noche intervendría, a través de Radio Nacional y Radio Exterior, Jordi Pujol, presidente de la Generalidad de Cataluña, llamando a la tranquilidad.
A la medianoche llegaría al Congreso el general Alfonso Armada, quien se ofrecería para presidir un gobierno de concentración entre las distintas facciones políticas. Espetándole Tejero: “Yo no he asaltado el congreso para esto”, pues él esperaba un gabinete netamente militar en el que apareciera Milans. Probablemente las discrepancias fueron un detonante más del fracaso del pronunciamiento. La estocada final la aportaría el Rey, con su aparición en televisión a la una de la madrugada. Ataviado con el uniforme de Capitán General de los Ejércitos declararía: “(…) La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.” En la jornada posterior al golpe Santiago Carrillo afirmaría: “Hoy todos somos monárquicos”.
Días después, Leopoldo Calvo Sotelo, el que sería Presidente de la Nación hasta Diciembre de 1982, manifestaría: “Es momento para proclamar nuestra fe en el orden constitucional y declarar paladinamente que hoy un auténtico grito de “¡Viva España!” no encierra una verdad distinta que la de “¡Viva la Constitución! y “¡Viva la democracia.””
En Febrero de 1982 se juzgarán a 32 de los implicados en la trama golpista, primeramente por el tribunal militar, trasladándose posteriormente la causa al Supremo, en pro de endurecer las penas. Milans del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero Molina, serían condenados a 30 años de prisión. Acierto que se le atribuye al ejecutivo de Leopoldo Calvo Sotelo y que él explicaría de la ulterior manera: “Creo que mi Gobierno cumplió el objetivo de hacer justicia civil y de devolver a los españoles la fe quebrantada en la monarquía parlamentaria.”
Al 23-F hay que sumar tres conspiraciones golpistas, que no llegarían a ejecutarse al ser antes abortadas, auspiciadas durante la vigente etapa democrática. La “Operación Galaxia”, prevista para el 17 de Noviembre de 1978, con la intención de paralizar los procesos de reforma democrática iniciados, contando también entre sus protagonistas con Antonio Tejero. La desarticulada igualmente por el gabinete de Leopoldo Calvo Sotelo, dispuesta para el 27 de Octubre de 1982, la víspera de las elecciones generales, con implicación de cerca de 400 personas. Y la última, que se sepa, al parecer estaba ideada para el 2 de Junio de 1985, ya bajo el gobierno socialista, jornada coincidente con la efeméride del Día de las Fuerzas Armadas, a celebrar ese año en la Coruña.
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