Casado: ética y legalidad

Cada vez que algún dirigente político es acusado de corrupción o trato de favor, afirma que no ha cometido ilegalidad alguna y que los hechos carecen de recorrido penal. Supongamos que quien así argumenta está en lo cierto. Entonces habría que preguntarse si todo lo lícito es correcto desde el punto de vista ético y político. Los dirigentes, al igual que las formaciones políticas, no pueden limitarse a comportarse dentro de los márgenes establecidos por el código penal. Precisamente porque son referentes sociales, porque han sido elegidos como representantes, porque gobiernan o aspiran a gobernar, cabe esperar de ellos un comportamiento mucho más exigente que el estrictamente legal.

Con frecuencia escuchamos o leemos, incluso repetimos, eso de la escasa solvencia intelectual de muchos políticos y, aunque esta percepción pudiera ser errónea, ellos se empeñan en mostrar sus capacidades una y otra vez. "La ética la marca la ley", dijo Pablo Casado recientemente. Es una frase que le retrata y sintetiza su concepto de la política. Hace unos años otro político, acusado de recibir una importante cantidad de dinero de una constructora, incidía en lo mismo al ser preguntado por una periodista: "¿Le parece ético?". "No, me parece legal", fue su respuesta. La prensa informa cada cierto tiempo de algún hecho que queda impune por no estar tipificado, por haber prescrito o por falta de pruebas concluyentes, ¿quiere esto decir que sus autores actuaron correctamente desde un punto de vista ético y político?

Es preciso que la ética sea exigida a la actividad política; también a la económica y a toda actividad humana en general. Despojar de ejemplaridad la actividad política es aceptar la corrupción, la discriminación y la intolerancia sin más restricción que la que pueda determinar algún tribunal de justicia. La sociedad, una sociedad democrática, no puede aceptar las malas prácticas o los abusos como algo inevitable, hasta el punto de considerar ilusos a quienes proceden como personas honradas. Quienes defienden que la política abdique del sentido ético de sus acciones, quienes limitan la ética a lo dictaminado por la justicia, avalan que el fraude, el engaño o el desprecio por los derechos sean aceptables mientras no se produzca una sentencia judicial en sentido contrario.

La ética no la marca la ley, señor Casado. Bastaría con recordar los años de estudiantes en cualquier instituto para saber que ética y ley ocupan planos distintos. La ley, el cumplimiento de la misma, se le exige a cualquier persona y, llegado el caso, corresponde a los jueces determinar si un acto es delictivo o no. La ética es independiente de la ley, incluso puede ser contraria a la misma. No hay que ser un lumbrera para deducir que, si las leyes están hechas por personas -las que forman el poder legislativo-, es probable que se dicten leyes contrarias a la ética más elemental. Esa ética elemental es la que antepone la dignidad de las personas y los derechos de las minorías a los intereses políticos, económicos o religiosos.

Aunque la ética siempre debiera impregnar los límites de lo legal, no siempre ha sucedido así. En tiempos de la dictadura se elaboraban leyes, pero por muchas leyes que promulgara el franquismos nunca dejó de ser un régimen golpista, represor y asesino. En democracia, cuando se legisla contra los más vulnerables, es necesario derogar esa legalidad por falta de ética.