Castigar a los banqueros, no a los pensionistas

George Grosz (1893– 1959) - Drinnen und Draußen“. [Dentro y fuera]

En estos tiempos de crisis económica permanente, solo las grandes empresas, entre ellas las del monopolio eléctrico, las petroleras o la banca, obtienen grandes beneficios, en detrimento de los salarios. Sin embargo, ante la inflación galopante, la patronal y sus voceros mediáticos aprovechan para arremeter, una vez más, contra el sistema público de pensiones. 
La inflación galopante, debida sobre todo a la agudización de los costes de la energía tras la agresión militar a Ucrania por parte de Rusia, tendrá una notable incidencia sobre la revalorización de las pensiones de jubilación. Debido a que la última reforma del Sistema Público de Pensiones fijó de forma explícita su actualización de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC). Según apuntan organismos oficiales como el Banco de España, la revisión de pensiones de 2023 en la senda de una inflación que se prevé en el entorno del 7% será la más cara de la historia, y podría superar los 10.000 millones de euro.

Ante esas previsiones, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado al Gobierno que no aplique la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ya que ello llevará a la «ruina» a la Seguridad Social.

Garamendi se ha apresurado a utilizar ese característico lenguaje catastrofista que las grandes agrupaciones patronales, y sus altavoces mediáticos, utilizan para lanzarse contra cualquier medida destinada a fortalecer el Estado del Bienestar. En concreto, contra su pilar central: el sistema público de pensiones.

Un discurso que huele a naftalina: "Con el seguro de desempleo nadie trabajaría; con el seguro de vejez, nadie ahorraría, y el resultado final sería la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República". Este alegato, debido a la pluma de Arthur M. Schlesinger, Jr., es un compendio de los argumentos esgrimidos, por la patronal estadounidense en vísperas de la implantación del Plan Federal de Pensiones. Según el profesor de economía canadiense John K. Galbraith (1908-2006) ningún texto jurídico en la historia de Estados Unidos fue tan enconadamente atacado por los portavoces del mundo de los negocios como el proyecto de Ley de Seguridad Social de 1935, estableciendo un plan federal de pensiones.Pese a todo, la ley fue aprobada, y como el tiempo ha demostrado, la grandeza de los Estados Unidos de América del Norte no sufrió merma alguna por la entrada en vigor de esa medida. Al cabo de casi noventa años de funcionamiento del Plan Federal de Pensiones no se han cumplido los negros augurios pronunciados en aquella ocasión por los profetas a sueldo de la gran patronal. La República estadounidense no sólo no se ha derrumbado, sino que ha llegado al siglo XXI convertida en una gran potencia económica y militar.Y, por cierto, las únicas bancarrotas financieras que han tenido lugar no han venido del lado de las pensiones, sino de la especulación bancaria e inmobiliaria que desató la Gran Recesión de 2008.Otro mantra clásico que suelen esgrimir los enemigos del sistema público de pensiones es el argumento demográfico. Es el caso de José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA, que insiste en que hay que tener en cuenta el cambio en la demografía española y asegura que "España se va a convertir en pocas décadas en el país más envejecido de Europa" y que "donde ahora hay tres personas pagando una pensión, en unas décadas habrá una".Este catedrático o bien realiza sus predicciones utilizando datos del Paleolítico o, lo que sería mucho peor, tiene la información suficiente y pretende engañar al público en general. A base de repetir argumentos falaces como este se corre el riesgo de que la opinión pública acepte ciertas extrañas convenciones que entrañan un marcado sesgo ideológico. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población.La segunda convención es la que ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores. Sin participación de los presupuestos generales del Estado. Esto no se corresponde con ningún principio irreversible de las leyes de la Física que rigen el funcionamiento del planeta, sino con el interés de los grandes grupos empresariales del país. Empezando por el oligopolio de las eléctricas, que obtienen grandes beneficios usando recursos naturales. Continuando por las gasolineras, citemos como ejemplo el caso de Repsol, que ha duplicado su beneficio en el primer trimestre del año, al alcanzar 1.392 millones de euros, gracias a los altos precios del petróleo y el gas. Es decir, un crecimiento neto del beneficio del 114,8 % respecto al mismo periodo de 2021. Y por supuesto, no podía faltar el sector bancario. Porque tanta preocupación por las pensiones por parte de los dirigentes de la patronal o del Banco de España y, sin embargo, ninguno de ellos ha encendido las luces rojas de alarma ante el gran agujero de la Sareb, el banco malo que forma parte del esquema planteado por el Estado español y las autoridades europeas para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008.La Sareb no es exactamente un banco, sino la compañía que absorbió los activos tóxicos de las entidades financieras con problemas para que pudieran sanear sus balances y lograr liquidez al mismo tiempo. En 2012 y 2013 Sareb compró un paquete de casi 200.000 activos problemáticos que incluía préstamos al promotor e inmuebles, por un precio fijado por el Banco de España: 50.781 millones de euros. Todo esto fue sufragado mediante bonos avalados por el Tesoro Público que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Y que, en último término, incrementan la deuda del Estado que, en definitiva, pagamos todos los contribuyentes, empleados o pensionistas.¿Acaso no sería justo que todas estas empresas, que obtienen sustanciosos beneficios en los momentos de crisis, contribuyeran a mantener ese pilar básico del Estado del Bienestar que son las pensiones de jubilación?Porque a estas alturas del siglo XXI, todos sabemos que los causantes de los desastres económicos que afligen al mundo no han sido los salarios disparatados, ni la baja productividad o la indolencia laboral, ni las huelgas o la holganza de los empleados. Si los trabajadores no han intervenido para nada en los excesos del tinglado financiero, ¿por qué se los quiere castigar endureciendo el sistema de pensiones que asegura su subsistencia al término de la vida laboral? ¿No sería más lógico castigar a los causantes de la crisis?Durante la última época de bonanza económica, cuando ningún gobernante o pronosticador de futuros preveía que fuera a desencadenarse la penúltima y actual crisis del capitalismo, El ya citado John Kenneth Galbraith fue de los pocos que advirtió sobre los peligros de las burbujas financieras. Y propuso que los gobiernos, en caso de dificultades, deberían castigar a los banqueros, no a los trabajadores.Pues, no debería olvidarse que el sistema público de pensiones no sólo no es un gasto, sino un poderoso factor de recirculación del dinero así como de la redistribución de la riqueza a través de la solidaridad intrafamiliar. Solidaridad de los mayores, que suplen la precariedad de los jóvenes ayudando allí donde no lo hace ni el empresariado ni el EstadoEn lugar de repetir viejos discursos gastados, las patronales y sus voceros a sueldo podrían ensayar fórmulas novedosas que sanearan las cuentas públicas y reforzaran la autonomía de los jóvenes. Si no encuentran otra mejor, prueben la que apuntó el presidente estadounidense Biden: pay more. Pagad mejores sueldos a vuestros empleados.
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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo, Sareb,1​2​ es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia), y por las entidades en proceso de reestructuración o resolución según lo previsto en la Ley 9/2012 (Banco Mare Nostrum (BMN), Banco CEISS, Caja3 y Liberbank).3​4​ La Sareb está participada en un 55% por capital privado, y en un 45% por capital público a través del FROB.5​ Para su creación se asumió el control sobre algo más de 50.000 millones en activos, los cuales se financiaron con deuda avalada por el Estado.​Se considera a la Sareb como el banco malo de España, aunque no dispone de licencia bancaria ya que no es un banco sino una sociedad de gestión de activos. Dispone de un plazo de 15 años para proceder a la desinversión de todos sus activos, buscando la máxima rentabilidad.7​ Para facilitar esta meta, se dispuso de ventajas legales para fondos de inversión y socimis que no aplican a otras sociedades anónimas, como preferencia en el cobro de deuda subordinada frente a otros acreedores en las mismas condiciones.​El 18 de enero de 2022 el Consejo de ministros aprobó un Real Decreto-ley para modificar el régimen jurídico de la Sareb y que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal. Esto se hizo a cambio del pago de un euro simbólico y el FROB podrá elevar su participación del 45,9% en la Sareb más allá del 50%, en un porcentaje aún por decidir. Según el Gobierno, la reclasificación de Sareb tras la decisión de Eurostat de 2021 de obligar a contabilizar la deuda de la Sareb como deuda pública -lo que sumó 35.000 millones de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit-, así como su situación patrimonial, hacían “imprescindible” modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual. La deuda asciende a 35.600 millones de euros según Eurostat o a 37.673 millones de euros de acuerdo con las últimas cuentas presentadas por Sareb en 2020. Dicha deuda se tendrá que hacer efectiva antes de 2027, fecha marcada para la liquidación y cierre de la Sareb.