CENSO 2012: Tensiones regionales por escaños legislativos en Bolivia...

El censo puede derivar en tensiones regionales por escaños legislativos

Tras el Censo de Población y Vivienda, es de rigor que se reasigne el número de escaños de la Cámara de Diputados. Se prevé que se generen tensiones entre las regiones.
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont
00:04 / 02 de diciembre de 2012
En los 30 años de democracia boliviana ya hubo dos redistribuciones de escaños de la Cámara de Diputados (tras el censo de 1991 y el de 2001). Ambas ocasiones estuvieron marcadas por “fuertes tensiones regionales y esta tercera reconfiguración del mapa político no será diferente”, pronostica el analista político y asesor especializado en organización y gerencia de campañas electorales, Ricardo Paz.
“Ya sucedió antes. Ésta es la tercera recomposición. Lo previsible es que se despierten pugnas porque algunos departamentos ganarán  representación y otros, los que tengan menos población, la perderán. Esto, además, determinará una menor o mayor cantidad de recursos económicos”, afirma.
De acuerdo con el censo de 2001, de las 130 diputaciones que hay actualmente, 29 están asignadas a   La Paz; 25 a Santa Cruz; 19 a Cochabamba; 14 a Potosí; 11 a Chuquisaca; nueve a Oruro; nueve a Tarija; nueve a Beni; y cinco a Pando. De acuerdo con proyecciones extraoficiales, el resultado del censo aumentará eventualmente en cinco escaños las representaciones de Santa Cruz y en tres para La Paz.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), la Cámara de Diputados se compone de 130 miembros, entre plurinominales y uninominales, y la de Senadores, de 36. En total, la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con 166 legisladores.
La modalidad actual de 130 escaños de diputados —explica Paz— “no es del todo proporcional”, porque “si así fuese, entonces Santa Cruz y La Paz tendrían más del 80% de la Cámara Baja y actualmente concentran sólo un 50%”, calcula.
La politóloga María Teresa Zegada también cree que va a haber conflictividad entre regiones, pues —en su criterio— el tema está ligado a la redistribución de recursos, aunque corresponde una correlación de fuerzas con relación a la población, que se rompe en la Cámara de Senadores (donde cada departamento tiene cuatro representantes); las regiones más “depauperadas demográficamente (como seguramente se confirmará con Pando, el Beni y Oruro)” saldrán perdiendo. “Quitarles escaños se contradice con lo que se quiere en Bolivia, es decir, la búsqueda de equidad en otros sentidos, sea grande o pequeño un departamento”.
Zegada sugiere que se debe encontrar un punto de equilibrio entre la proporcionalidad de la población y “no dejar despojados” a quienes tengan menor densidad demográfica. Paz, en tanto, cree que la migración de habitantes (que dará como resultado una merma de escaños en ciertas regiones) es lo que “ha estado sucediendo en los departamentos de Potosí, Oruro y Tarija”. Por supuesto que ninguna región estará contenta con que disminuya su representatividad. “Sin embargo, no puede ser de otra manera, nuestro sistema político está establecido así: la Cámara de Diputados debe representar territorialmente y la de Senadores de manera nacional”.
Este académico prevé, además, que existan regiones a las que les costará entender el reacomodo más que a otras, pero “se tiene que imponer la racionalidad”.
La redistribución podría mezclarse con el conflicto económico de la reasignación de recursos, percibe Zegada. Sin embargo, esto no tendría por qué ser de ese modo, si se considera al argumento de Helena Argirakis, quien explica que el censo diseña visiones macro sobre ese reordenamiento, pues será otorgado con finalidades claras: “por ejemplo, si hay determinada cantidad de población indígena en un departamento, esos recursos deben priorizarse para esa población vulnerable. Lo mismo sucederá con el caso de las mujeres, los niños y los discapacitados; o sea que no se podrá utilizar ese dinero con libre disponibilidad, ni para prebendas”. Este argumento hace injustificable que el tema del nuevo pacto fiscal se convierta en otro motivo de conflicto. En esta pugna regional —pronostica Zegada— se diluirán las siglas políticas. “Batallarán entre brigadas parlamentarias antes que entre bancadas. Por lo que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) debe adelantarse a un conflicto y proponer soluciones en cuanto se tengan datos oficiales”.
Esta afirmación es matizada y complementada por Argirakis con el razonamiento que se explica con su tesis de que el censo terminará de consolidar una territorialización de la política con relación a la tensión del oficialismo y las oposiciones. En ese sentido, la reasignación en diputados obedece a una “redistribución del poder a nivel local, porque si bien, aparentemente, el caballito de batalla de la oposición, en 2013, será la reconfiguración de la Cámara Baja y el pacto fiscal, las heterogeneidades de la migración (con sus factores de género y de identidad cultural) se ligarán a la problemática matemática de la representación política”. Entonces —dice— la apariencia de bloque monolítico opositor que habría en Santa Cruz (que ganaría curules) no sería sino una fachada de “fronteras hacia afuera”, pues “fronteras hacia adentro” esos factores diversos de migración obligarán a que el reacomodo genere un debate interno que no podrá ser apropiado por las élites cruceñas. “Estos aspectos, con el censo, van a significar también una redistribución del poder ‘fronteras hacia adentro’ de Santa Cruz. Además, hay que recordar que el bloque en el poder cruceño, la élite, está fracturado”.
Posibilidades. Dos son las opciones para la readaptación: una es ampliar el número de escaños de manera que no se quite curules a los departamentos que no hayan ganado población con relación a otros o que la hayan perdido. La segunda es continuar con los 130 escaños actuales, lo que significaría que algunas regiones mermen su representatividad (esta última alternativa es la que actualmente   establece la Constitución, para ejecutarla bastaría con una modificación a la Ley de Régimen Electoral; mientras que para hacer factible la primera, sería necesario hacer ajustes a la CPE. ¿Cuál es la mejor opción? Deberá ser debatido, piensa Argirakis.
En cuanto a los cuestionamientos al proceso, las oposiciones al Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron irregularidades al momento de empadronar a la población; por lo que en los días posteriores a la encuesta se habló de la necesidad de fiscalizar el censo y de cuáles serían las formas más apropiadas de hacerlo.
Zegada cree que proponer esto es un “exceso” porque el censo es un instrumento técnico y que “va  a ser útil” para todos los bolivianos; por más de que algunas preguntas que no figuraron en la boleta y bien podrían haberlo hecho o “el tipo de lápiz usado” por los voluntarios, el rigor no es cuestionable.
En cambio, Paz cree todos los censos deberían ser fiscalizados, “no por algún hecho extraordinario, sino porque siempre tiene que haber una encuesta poscensal para introducir todos los correctivos que correspondan”.
Se está casi exactamente a dos años de las elecciones generales de 2014 (que se realizarán en diciembre de ese año). La redistribución debe estar consolidada hasta esa fecha y se cuenta con un buen lapso de tiempo para ello. Paz considera que en seis meses el TSE ya podría presentar una propuesta de reacomodo de escaños para que sea debatido otro medio año y así en 2013 el tema esté resuelto y se pueda enfrentar los comicios.
‘Es lógico que se generen conflictos’: Carlos Romero es ministro de Gobierno
Todos los departamentos querrán ganar y ninguno perder, por lo cual es lógico que se generen conflictos regionales. Por eso es importante tener una información objetiva del censo y hacer una suerte de pacto tácito en el sentido de que el factor poblacional es fundamental para la asignación de recursos y de representación política, si bien no es el único.
‘El tema es delicado, dialogar será clave’: Marco Ayala es vocal del Tribunal Supremo Electoral
La Constitución Política del Estado determina que debe ser el Órgano Electoral el ente que se ocupe de la redistribución de escaños después de un censo. Con la información se determinará a qué número de habitantes corresponde un diputado. Entonces, hay que hacer un reacomodo estrictamente como está establecido en la Constitución. El tema es delicado, por lo que dialogar será clave.
‘Aumentar escaños fue una mala solución’: Ricardo Paz es asesor de campañas electorales
En el pasado se ha visto que aumentar el número de escaños para un reacomodo es una cura peor que la enfermedad. No es una buena solución. Se quiso establecer que no haya un número fijo de diputados para que se incrementen, luego hubo reducción... en fin, no funcionó. Tenemos ahora un buen sistema con un número fijo y hay que seguir con él.
‘Territorialización de la política se consolidará’: Helena Argirakis es analista política
Con el censo realizado se consolidará la tendencia que se inició en 2010, es decir, la territorialización de la política. Esto quiere decir que ahora, a partir de la información de los flujos migratorios y asentamientos de población a nivel nacional, cobrará mayor importancia la política hecha desde los niveles regionales, municipales y departamentales.
‘Es una cuestión bastante compleja’: María Teresa Zegada es analista política
Por varias razones se trata de una cuestión compleja. Mantener los 130 curules significará quitar escaños a unos en pro de otros, lo cual va a ser difícil porque el tema está ligado a la lucha autonómica y a los recursos. Ambas batallas se van a contaminar, por lo que hay que buscar fórmulas para no dejar sin representación a los departamentos más pequeños.

El TSE es  la instancia que dirimirá reasignación  
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Marco Ayala señala que son dos los elementos que son necesarios para que esta entidad se ocupe de llevar a cabo la reasignación de escaños de la Cámara de Diputados.
Ayala, apunta a que la Constitución Política del Estado determina (artículo 146, parágrafo 5) que debe ser el Órgano Electoral el que se ocupe de la distribución de curules de cada departamento después de un censo, sin embargo, para ello se necesitan dos cosas: “primero los resultados finales de la encuesta y una norma que determine esa situación”. El TSE debe realizar el trabajo técnico con las cifras finales, “pero es de rigor una ley que especifique el número de escaños mínimos que tienen que pertenecer a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico”.
Ayala afirma que este último dato es fundamental para comenzar la redistribución. “Se tiene que contemplar en la norma la relación existente entre la cantidad de población   y la existencia de un escaño”.
El analista político y asesor de campañas electorales, Ricardo Paz, cree que es fundamental que sea el TSE el que esté a cargo de la redistribución. Esto se estableció desde la nueva Carta Magna, pues antes estaba a cargo el Congreso Nacional y “ahí se agarraban de las mechas; los potosinos no querían sesionar, se unían a los tarijeños y se trababa el avance. Ahora, como es un ente al margen de la Asamblea el que decidirá el reacomodo con criterios, esperemos, enteramente técnicos y lejos de los intereses departamentales políticos”.