Más de año y medio después de ser obligatorio, y como en su día predijeron los expertos en derecho administrativo, los ciudadanos no realizan el trámite del certificado energético si no es por el miedo a las multas. Casi ninguna Comunidad Autónoma, a estas alturas, se había preocupado excesivamente por implementar un sistema de sanciones excepto la Comunidad de Madrid, que comenzó la apertura de expedientes sancionadores ya en 2014.
No es posible saber cuántas viviendas de las certificadas se han destinado al arrendamiento y cuantas a la venta, ya que no es obligatorio que el certificado recoja tal información. Lo que es una pena, pues ayudaría a definir los sectores de incumplimiento y a establecer mejores mecanismos de investigación y sanción.
La Comunidad de Madrid ha publicado sus estadísticas de 2014, y destaca el hecho de que casi la cuarta parte de las etiquetas son G, la peor posible. Además el 80% han sido evaluadas como E, F y G, un dato desalentador que habla claramente del mal estado de conservación del parque inmobiliario nacional, de la baja tasa de modernización de los hogares españoles y de las escasas preocupaciones respecto al derroche de energía. Parece claro que lo que preocupa en los países del norte es muy diferente de lo que preocupa en España.
La Comunidad de Madrid informa que en 2014 se abrieron un total de 21 expedientes informativos, una cantidad ridícula teniendo en cuenta que se tramitaron más de 120.000 certificados energéticos. De los 21 expedientes y tras las investigaciones oportunas resultó que:
– En nueve de ellos se había falseado la información reflejada en los certificados energéticos.
– En tres casos los certificados se habían elaborado por un técnico no habilitado legalmente.
– En los nueve restantes los inmuebles se estaban publicitando sin exhibir la etiqueta energética.
En cuanto a las sanciones propuestas, los propietarios que han publicitado su inmueble sin poseer la etiqueta energética han sido multados con 601 euros y las otras sanciones han ascendido entre 2.000 y 6.000 euros por presentar datos falsos o carecer el técnico de las competencias necesarias para elaborar el certificado energético. Resulta sencillo el paralelismo entre certificado falsificado y “Express” sin toma presencial de datos.
Si el régimen sancionador pretendía dar vigor a la normativa disuadiendo a los infractores, se está demostrando que en su concepción actual es insuficiente y absolutamente ineficaz. ¿De verdad es tan difícil revisar los inmuebles que se exhiben sin etiqueta en la web e identificar a sus propietarios?
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