Chile, las marcas de la violencia

Para Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Chile es propicio para debatir sobre la violencia sexual sufrida por miles de mujeres como forma de tortura durante la dictadura militar de 1973-1990. Hasta el momento la misma “no ha sido reconocida por el sistema judicial y se ha mantenido invisibilizada incluso por los organismos especializados en buscar la justicia y reparación”, precisó. Pese al tiempo transcurrido desde el golpe que destituyó al gobierno de Salvador Allende y dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet, “la reparación en el plano de la violencia sexual que sufrieron las mujeres prisioneras políticas –y también muchos hombres– es un tema que sigue constituyendo una gran deuda, tanto del Estado como de la sociedad en su conjunto”, declaró Margarita Romero, presidenta de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi de Chile.
El Museo de la Memoria de Chile –espacio destinado a mantener vivo en el recuerdo colectivo las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura– fue el escenario elegido para la realización del Conversatorio La violencia sexual como práctica de terrorismo de Estado, una de las primeras iniciativas chilenas destinadas a reflexionar sobre cómo avanzar en el reconocimiento de estos delitos ignorados por la justicia.
El encuentro fue organizado por Corporación Villa Grimaldi, ex Presas Políticas Villa Devoto de Argentina y Corporación Humanas. Tuvo el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria. En la oportunidad se exhibió el documental Campo de batalla. Cuerpo de mujer, que reúne testimonios de 18 mujeres argentinas sobrevivientes de situaciones de violencia sexual y tortura.
Participó el Juez Héctor Fabián Cortés, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad, en San Rafael y en San Luis. El magistrado expuso los avances trasandinos en la materia, y confirmó que hoy ya se puede tipificar las violaciones sexuales y otras formas de tortura como crímenes diferentes. Explicó que si bien en la etapa de instrucción de las causas penales todavía vienen mezcladas las situaciones de abuso o violaciones sexuales como una forma de tormento o tortura, “esto puede ser corregido por los fiscales, quienes en dicha instancia deberían separar ambos delitos. Para esto, hay que contar con la declaración de la víctima, la cual otorga antecedentes que le permiten al fiscal iniciar una investigación. Es sólo un tema de aplicación práctica, pero no de dificultad teórica. En Argentina, de hecho, ya existe un fallo judicial donde se atribuyen ambos delitos por separado”, afirmó.
En Chile esa diferenciación no ha sido establecida, pese a que la primera querella por violencia sexual como tortura fue presentada ante el poder judicial en 2010 por la Corporación Humanas. Fue una denuncia penal por los delitos de tortura, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, secuestro y asociación ilícita. Al año siguiente, Humanas presentó cinco nuevas querellas por casos de mujeres chilenas que fueron torturadas en Argentina, en el marco del Plan Cóndor.
No obstante el desfaje en términos de jurisprudencia, tanto en Chile como en Argentina los movimientos de mujeres y organismos de derechos humanos han sido protagonistas de la lucha por el reconocimiento de estos crímenes y políticas de reparación. A través de iniciativas propias, han encabezado una larga y valiente lucha, presentándose ante la justicia para que estos delitos no queden en la impunidad y continuar su lucha por la verdad, memoria, justicia y reparación.
Las secuelas del silencio
Avanzar en la visibilización de este delito ha sido difícil por el silencio, la vergüenza, la negación, el bloqueo y el dolor que le genera a estas mujeres el tener que recordar y poner palabras a los vejámenes vividos y las experiencias extremas a las que fueron sometidas. La violencia sexual como tortura las afectó por sus actividades políticas, sus vínculos personales y familiares o su rol en la sociedad civil; pero también fue una forma de represalia por las actividades o ideas políticas de sus maridos, parejas, ex parejas, hijos/as, padres/madres o demás familiares.
“Fui prisionera a partir del 12 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile. Tenía 16 años. La mayoría de las mujeres prisioneras allí venían de la Universidad Técnica; con ellas, inauguramos ese centro de detención y tortura. Muchas de nosotras sufrimos violación en los camarines y ni siquiera estábamos vendadas. `Patota´ o `capote´ le llamaban a la práctica de violación sistemática realizada por un grupo de soldados”, revela Lelia Pérez Valdés, directora de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Fue en ese recinto de tortura, hoy transformado en parque por la paz, donde sufrió una segunda experiencia de detención, violencia sexual y tortura. Tenía 18 años y 3 meses de embarazo que terminó en aborto por los golpes.
Hoy, Lelia Pérez es capaz de identificar tres dimensiones de la violencia sexual de la cual fue víctima. Recuerda que en el Estadio Chile, el primer lugar de detención en que estuvo, por ejemplo, la violación era para mostrársela a los hombres. “La identifico como la satisfacción del vencedor que se encuentra vinculada al placer sexual de los violadores”, afirma. En cambio, explica la profesional, en el centro de detención Venda Sexy, era usada como un mecanismo para obtener información. “En ese lugar, la violencia sexual fue una experiencia piloto, donde incluso se utilizaron animales. Una de las cosas más dolosas, es que los perros eran adiestrados por una mujer, la capitana de carabineros Ingrid Olderock”, narra Lelia. La tercera dimensión de violencia sexual que puede describir la directora del Parque por la Paz, fue en el centro de tortura Villa Grimaldi donde “las experiencias de violación eran acotadas a ciertos momentos; si bien existió mucho abuso sexual, no parecía ser la técnica de represión, como lo era en otros lados”, precisa.
Para Pérez esta experiencia es una herida abierta. Recuerda que lo conversó con un compañero de celda sólo 25 años después. En una oportunidad los hombres protestaron por la comida (habían llegado a ingerir ratas y materia fecal), pero nunca lo hicieron por las violaciones. “En ese momento, él trajo lo ocurrido al presente y, llorando, me pide perdón de rodillas”, recuerda.
El caso de Lelia revela las rutas que han transitado varias mujeres como ella en el proceso de sanación y reparación. Para la psicóloga clínica Margarita Díaz, terapeuta y supervisora del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), el camino de silencio “no es una vía de sanación, sino que es consecuencia de la tortura”, indica. Precisó que existe un silencio porque no hay un contexto que valide y quiera oír la experiencia de estas mujeres. “El silencio es resultado de la incapacidad de la sociedad de hacerse cargo, lo cual es agudizado por contextos sociales, políticos y culturales que no brindan los suficientes espacios de reparación para que las mujeres puedan hablar”, sostiene.
En Chile, esta realidad se negó durante muchos años. Las mujeres afectadas guardaron el secreto por sentirse “culpables y cochinas” describe la experta, quien confirma las graves consecuencias derivadas de la experiencia en sus vidas afectivas y de intimidad sexual. “Aunque existan episodios que no recuerden, es el cuerpo el que habla a través de sus síntomas, por lo que hoy no son pocas las mujeres que sufren de diabetes o enfermedades de mayor complejidad, como cáncer”, advierte.
Para salir de este silencio, sostiene la especialista, las terapias grupales permiten que las mujeres juntas sean capaces de recuperar recuerdos y reconstruir la historia. Es clave para sanar. Y si bien nunca es fácil verbalizar episodios de esta naturaleza, “a las mujeres que les complica menos son, generalmente, ex militantes políticas que se mantuvieron siempre en un contexto que las contuvo, lo que les permitió empoderarse de su experiencia, trabajándola y convirtiéndola en una acción política”, agrega la terapeuta.
El dolor: bandera de lucha para la reparación
Dentro del proceso vivido, muchas mujeres han dado sentido a este dolor enarbolándolo como bandera de lucha para lograr la verdad, la justicia y la reparación en materia de derechos humanos. Pese a que aún no ha logrado sanar, Lelia Pérez se encuentra en el camino de aprender para vivir con él. “Aunque aún duele mucho, me he sentido más tranquila al empezar a mirar y hacer otras cosas pequeñas, como tener una mascota, un jardín, viajar… es decir, me he preocupado de conectar con otras cosas de la vida”, cuenta. Confirma que conversar esta realidad con los otros y otras, ha sido de gran ayuda. “Además, he podido entregarle a mis hijas, herramientas para tratar a una mamá que está en estas condiciones”, reconoce.
Cruzando la cordillera, está el testimonio de la periodista Miriam Lewin, una de las miles de víctimas de la dictadura argentina, donde se vivieron episodios de similar crudeza. Fue secuestrada en mayo de 1977, a los 19 años, por un grupo de inteligencia de la Fuerza Aérea, en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos. Estuvo detenida desaparecida; nunca la legalizaron ni pasó por una cárcel. Después la llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde estuvo secuestrada por la marina hasta enero de 1979. Vivió en libertad vigilada hasta abril de 1981, cuando pudo salir del país.
A través de su profesión, Lewin dio un sentido a su vida a través del testimonio. “Algunos hacen casi exclusivamente eso”, contó. Se especializó en periodismo de investigación, y gracias a su trabajo, identificó, denunció y colaboró para llevar a dos curas abusadores ante la justicia. También contribuyó a la identificación de los pilotos de los “vuelos de la muerte” –operaciones en las cuales, tanto en Chile como en Argentina, se lanzaba al mar los cuerpos de personas secuestradas luego de haber sido torturadas, con el fin de hacerlas desaparecer definitivamente. “Pongo mi energía en eso, en encontrar justicia por lo que pasó, pero también buscando justicia para los que sufren hoy. Si bien actualmente no me encuentro enrolada en ningún partido político, es en causas de este tipo donde vuelco toda la energía que destinaba a mi antigua militancia”, afirma la investigadora.
Lelia Pérez, en tanto, ha participado en movimientos de mujeres, que para ella se han transformado en espacios de sanación y acogida. “El desempeñarme como una de las directoras de Villa Grimaldi –lugar donde sufrí experiencias que, pese a mi calidad de lingüista, ni siquiera soy capaz de describir en palabras– me permite resignificar, procesar y transformar lo vivido, promoviendo una cultura distinta”, reconoce.
La psicóloga Margarita Díaz explica que los traumas que acompañan a las víctimas de los crímenes cometidos en dictadura no pueden ser sanados exclusivamente a través de terapia. “Para que exista sanación, debe haber reparación social”, afirma. El cine documental, los testimonios, actos y espacios de encuentro en los lugares donde ocurrieron las torturas son importantes. Insiste en que se requiere que la sociedad y el Estado se hagan cargo de la reparación a través de las leyes, de los actos políticos y lugares de memoria. “Debemos generar una cultura de memoria, de lo contrario, no hay reparación posible”, sostiene. “Todos somos parte de una sociedad en que se torturó, se silenció y se negó. En la medida en que la sociedad sea capaz de reconocer y generar políticas permanentes de reparación, podrán sanar las mujeres y también la sociedad. Sanar y reparar nos corresponde a todos”, advierte.
Miriam Lewin declaró en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés. En casi todos los casos los apropiadores han sido condenados a prisión perpetua o de más de 18 años. Miriam afirma que para ella la reparación significa hacer justicia en el primer centro clandestino de detención donde estuvo detenida, que es pequeño y del cual aún no existe ningún represor detenido. Reconoce, no obstante, los avances en el tratamiento jurídico de los crímenes de la dictadura, del cual la reciente muerte en la cárcel del uno de los principales artífices del golpe de estado del ’76 y del secuestro y tortura de decenas de miles de argentinas y argentinos es emblema. “Me siento parte y me hace feliz haber logrado que un dictador como Videla haya muerto en una cárcel común”, concluye.
En materia de reparación, las asignaturas pendientes del estado chileno son graves. Como directora del parque por la Paz Villa Grimaldi, Lelia aspira a cumplir con tres puntos. Primero, denunciar que la violencia sexual como tortura es un problema social e histórico; por lo tanto, hay patrones culturales necesarios de modificar. Segundo, el ejercicio ciudadano de conocer e incidir en la formación que reciben los uniformados. Y por último, que se haga justicia por los crímenes cometidos contra las prisioneras políticas y contra todas las mujeres que han sido víctimas de violación.     Fuente: Clam