Chile: legislar por la igualdad

En Chile los derechos sexuales de las mujeres siguen siendo materia pendiente. El país andino todavía no posee una ley marco de derechos sexuales y reproductivos, el aborto está prohibido sin excepciones y no hay debate social al respecto. Si bien existen proyectos de ley presentados en el Congreso, parece no haber voluntad política para modificar de un modo profundo la legislación heredada por la dictadura, lo que agudiza la disparidad social y de género ya que son las mujeres y las personas de menores recursos quienes quedan al desamparo del Estado. Frente a este horizonte poco favorable, ¿cuáles son las estrategias posibles para colocar en agenda legislativa y social los reclamos y reivindicaciones del movimiento de mujeres?Derechos en retirada
En el año 1989, ya en las postrimerías de la cruenta y extensa dictadura, el gobierno de facto de Augusto Pinochet derogó el artículo 119 del Código Sanitario que permitía“interrumpir el embarazo por causas de salud de la mujer”. Esta modificación de la norma formó parte de las llamadas “leyes de amarre” –dictadas al término del gobierno de Pinochet para retardar las reformas del sistema de gobierno militar durante el retorno de la democracia– que hasta hoy siguen vigentes. Esta alteración colocó a Chile dentro del pequeño grupo de países que penaliza el aborto en todos los casos, en un retroceso legal de un derecho que podían ejercer las mujeres desde inicios de la década de 1930. A su vez y dentro de este misma contienda, en abril de 2008, el Tribunal Constitucional de Chile declaró inconstitucional las normas del Decreto Supremo Nº 48/2007 del Ministerio de Salud sobre regulación de la fertilidad que ordenaban al sistema público de salud aconsejar y distribuir la “píldora del día después”, prohibiendo por ende la distribución gratuita en el sistema público de este medicamento. Además de este panorama legislativo, el Estado chileno tampoco ha acatado las recomendaciones sobre la temática realizadas por diversas instancias internacionales, entre ellas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité de Expertas de la CEDAW. Similares recomendaciones efectuaron los “Informe Sombra” presentados por organizaciones de mujeres al Comité de la CEDAW.
Actualmente hay tres proyectos de ley que tienden a despenalizar el aborto terapéutico en alguna instancia en discusión en el Senado, todos aprobados en la Comisión de Salud y en espera de ser debatidos en el plenario de esa Cámara. Uno de ellos incluye las causales de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación y dos de ellos sólo incluyen el peligro de vida de la madre y la inviabilidad fetal. El compromiso con las y los parlamentarios es que pasen a votación a más tardar en abril de este año. “Lamentablemente el Senado Chileno está compuesto por una mayoría conservadora que no está dispuesta a despenalizar el aborto por razones de violación. Si se logra la aprobación en su sala de los proyectos que incluyen sólo las causales de peligro de vida de la madre e inviabilidad fetal, será un avance”, declaró para el CLAM Natalia Flores, secretaria ejecutiva del Observatorio de Género y Equidad.
Para lograr mantener el tema en agenda, la estrategia que se ha llevado a cabo desde el ingreso al Senado en diciembre del 2010 es una conversación argumental constante con las y los senadores, con sus partidos políticos y con diversos actores que tienen influencia en la toma de decisión legislativa respecto de la despenalización del aborto.
Flores explicó que el Observatorio de Género y Equidad ha acompañado todo el proceso de discusión, apoyando a uno de los principales redactores, el senador Fulvio Rossi, en la relación con las organizaciones sociales y las y los otros parlamentarios. Además, y como una decisión táctica, el Observatorio integra el Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo - MILES, instancia conformada por diversos actores y organizaciones, asesorando en estrategias e incidencia parlamentaria.
De todos modos, por más que alguno de los proyectos logre ser aprobado en el poder legislativo todavía deberá ganar la pulseada con el Presidente Sebastián Piñera, quien advirtió que usará su poder constitucional de veto en caso de aprobarse el aborto terapéutico. Asimismo cabe aclarar que también hay en el Congreso sectores conservadores que plantean aumentar las penas y penalizaciones.
En opinión de Natalia Flores, el gran desafío será trasladar la opinión ciudadana, que en Chile está en más de un 60% de acuerdo con la despenalización del aborto en las tres causales aludidas, al voto de las y los parlamentarios. “Si nuestros legisladores recuerdan que su labor es representar la voluntad de sus votantes deberían aprobar en sala alguno de los tres proyectos y permitir que la discusión legislativa continúe y no se estanque en un estatus quo”, afirmó. En su opinión, uno de los desafíos para superar esta situación es propiciar el diálogo y la conexión del movimiento de mujeres con el movimiento estudiantil, a fin de aunar esfuerzos contra los sectores más conservadores de la sociedad.
Por un marco legal más amplio
Otro de los grandes desafíos a los que se enfrenta Chile es rescatar el proyecto de ley marco de derechos sexuales y reproductivos que está estancado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Al respecto Paulina Vidal Pollarolo, socióloga, docente e investigadora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Bolivariana, comentó que el problema es la falta de consenso que genera este tema incluso dentro del Partido de la Concertación –el proponente–, ya que la Democracia Cristiana se ha negado a tratarlo a pesar de que en el programa de gobierno de Michel Bachelet quedó instalada políticamente la necesidad de aprobarlo. Esto despierta curiosidad ya que fue durante el gobierno del demócrata-cristiano Frey Montalva a mediados de la década de 1960, período en que el aborto terapéutico estaba permitido, cuando se lanzaron los primeros planes estatales de difusión de los métodos contraceptivos.
El proyecto que está actualmente en Diputados tiene como objetivos principales difundir los Derechos Sexuales y Reproductivos y generar las condiciones para que todas las mujeres tengan acceso a los métodos de prevención anticonceptiva. “En definitiva”, argumenta Vidal, “se plantea la prevención del aborto a través de la utilización de estos métodos, aunque también existen situaciones para las cuales el Estado debería legislar a fin de que la mujer pueda decidir si continúa o no un embarazo, sin que esto signifique poner en riesgo su salud tanto física como mental o inclusive su propia vida”.
Para la investigadora el problema es la falta de debate social. Cuando éste se da, afirma, se moviliza a través de opiniones de sectores conservadores y de la Iglesia o la Universidad Católica y no se tienen en cuenta a las y los profesionales de la salud que trabajan en las maternidades y ven todo el tiempo la situación de riesgo en la que se encuentran las mujeres que allí se atienden. “En la Universidad hicimos una investigación sobre el aborto por razones de salud, que permitió saber que las voces de médicos y matronas que están en contacto directo con estas mujeres no son consultadas ni se consideran autorizadas a la hora de definir políticas públicas, tampoco son portavoces en los momentos en que se suscitan estos debates. Hay un silenciamiento muy grande frente a estos temas”, puntualizó Vidal.
Los sondeos sobre aborto muestran que la mayoría de la sociedad chilena está en desacuerdo con despenalizarlo por considerar que las personas deberían prevenir esos embarazos no deseados. Sin embargo, a la hora de pensar en la salud de la mujer los números cambian y se tornan favorables hasta en un 70% a la legalización del aborto terapéutico amplio, es decir, que contemple la salud física y mental de las mujeres. Si bien, como señalamos anteriormente, la férrea oposición de la dirigencia de la Democracia Cristiana ha complicado el debate parlamentario sobre salud sexual y reproductiva, los integrantes más jóvenes del partido parecen estar dispuestos a hacerlo. En este sentido apunta la observación de Paulina Vidal, quien señaló como uno de los desafío para este año la conexión entre el movimiento de mujeres y el creciente movimiento estudiantil universitario como una estrategia para aunar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil contra las embestidas de los sectores más conservadores. “Un gran vacío del fuerte movimiento estudiantil del año pasado fue el tratamiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos”, especificó la socióloga. “En algunos foros que hubo durante el período de movilización, les pregunté a las y los dirigentes estudiantiles por qué no los incluyen entre sus demandas ya que este es un tema que atañe particularmente a la gente joven. Con la fuerza que ha tenido en reclamar asuntos específicos de la educación, me llama la atención que no recojan temas ligados a la salud entre sus demandas. Lograr la conexión entre ambos movimientos sería una estrategia sumamente exitosa”, puntualizó.
Asimismo, la investigadora destacó como otro tema pendiente la necesidad de una educación sexual adecuada para toda la población. Si bien actualmente están obligados a incluirla en la currícula, cada colegio chileno puede impartir contenidos de educación sexual según su propia concepción porque no hay una legislación general ni políticas estatales al respecto. “No hay un programa nacional ya que por presión de los sectores conservadores nunca pudo implementarse, de este modo uno de los lineamiento más consensuados es el de la Universidad Católica que recomienda la abstinencia sexual como método de prevención, lo que se escapa de la realidad de la mayoría de los jóvenes del país y no les brinda información adecuada para planificar su vida sexual y reproductiva de modo responsable”.
Lo que este panorama parece estar denotando es un desentendimiento del Estado en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos frente a la carencia de un marco legislativo acorde a los pactos y tratados internacionales a los que el país suscribe y que contemple políticas generales al respecto.
Fuente: Clam