Pero... ¿por qué ahora? ¿Se trata de una decisión altruista, de carácter social y propia de la "Obra Social" -tal y como ha declarado el Consejero Delegado de la entidad- o se está intentando obtener un cierto rédito reputacional de algo que iba a ocurrir de forma inevitable? Es necesario observar la cronología de los hechos para hacerse una ligera idea.
En primer lugar, llegó la siguiente sentencia del Tribunal Supremo, un contundente revés judicial para los intereses de la banca que acabaría determinando el devenir de las clausulas suelo.
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Como hemos destacado, tras este revés judicial, en junio se avanzó el BBVA decidiendo eliminar radicalmente las controvertidas clausulas suelo.
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Poco más tarde, en agosto, conocíamos que el gobierno tenía intención de dar un golpe de efecto con esta cuestión (de cara a las elecciones generales), por lo que, además de la presión derivada de las sentencias judiciales, también aparecía la presión política, al darse cuenta el gobierno de Rajoy del lastre que suponía su apoyo dado a la banca de cara a los próximos comicios.
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Antes de avanzar, es preciso aclarar a qué nos referimos por presión judicial. Tras la sentencia del supremo, posteriormente se desestimó el recurso presentado por el BBVA y, además, el Tribunal Constitucional tampoco admitió a trámite el recurso de amparo que se presentó. En otras palabras, el destino de las clausulas suelo era ya entonces "crónica de una muerte anunciada", por lo que el posterior pacto entre Banca y Gobierno, parece más un intento de sacar un mínimo de rédito reputacional (por ambas partes) para "vestir" de "decisión voluntaria" una más que previsible imposición judicial forzosa.
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Y es entonces, precisamente en este escenario, cuando llegó la decisión "voluntaria" y con la marca de la "Obra Social" por parte del grupo financiero catalán, a cuyo anuncio casualmente siguió de forma inmediata el de Bankia.
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En Accionistas CaixaBank se nos plantean dos preguntas, cuya respuesta probablemente nos ayude a entender el porqué de este paso atrás en torno a las clausulas suelo.
¿Es esta decisión de carácter realmente voluntario?
Si esta se hubiera dado unilateralmente y con anterioridad a la sentencia del Tribunal Supremo, entenderíamos que sí lo es. Sin embargo, siendo tardía y dado el contexto en el que ésta se ha tomado, entendemos que cabe demasiada suspicacia al respecto y que difícilmente puede ser calificada de tal. Insistimos en lo afirmado anteriormente, a nuestro juicio parece más bien el "vestir" de "decisión voluntaria" una más que previsible imposición judicial forzosa.
¿Realmente tiene esta decisión un marcado carácter social?
La respuesta a la pregunta anterior determina en gran parte la respuesta a esta pregunta. Si no se considera como "voluntaria", ya no cabe el plantearse si ésta viene determinada por el "alma social" del grupo financiero catalán.
El carácter no retroactivo de la medida no debe ser pasado por alto. El daño está hecho y, además, éste se ha producido en los peores momentos de la crisis. Muchos clientes han tenido que pagar más (de lo que consideraban justo) por las cuotas hipotecarias de sus viviendas a la vez que en los periódicos la palabra "desahucio" aparecía día sí y día también. Con un índice de desempleo tan alto y un mercado inmobiliario completamente parado, esa situación puede llegar a suponer muchísima presión a una familia en dificultades. A pesar de ser CaixaBank una de las entidades con más recursos económicos, inicialmente la entidad defendió firmemente la existencia de esas clausulas, a diferencia de lo que parecen trasmitir ahora. De existir retroactividad, podríamos entender que se está entonando el "mea culpa" pero, al no darse ésta y al producirse poco antes de que se vaya a conocer una sentencia que se prevé desfavorable, es necesario obviar varios aspectos para hacer un esfuerzo y entenderla realmente como una concesión social voluntaria .
Es más, al igual que las preferentes en su día, las clausulas suelo suponen un importante escollo para entidades como CaixaBank. Cuando uno hace alarde continuo de "valores", "confianza" y "honestidad", un producto mal vendido supone un problema a largo plazo y la entidad catalana lo sabe. ¿Por qué? Pues porque ese cliente afectado difícilmente contratará otro producto más y, además, jamás recomendará a la entidad al considerarse engañado. Es importante reflexionar sobre la cantidad de productos financieros que un cliente suele contratar a lo largo de su vida. Entre preferentes, clausulas suelo, IRPH, etc... al final se suman muchos clientes a los que resultará muy complicado "venderles" -por ejemplo- un seguro, sector por el que está apostando muchísimo la entidad. Es obvio que este tipo de trabas dificultan mucho la consecución de futuras metas comerciales y es necesario buscar alguna solución que permita desencallar la relación comercial con el cliente. Está claro que la venta no adecuada de productos es "pan para hoy y hambre para mañana" y, aunque puedan llegar "soluciones" posteriores, cada episodio de este tipo merma irremediablemente un poco más la reputación de una entidad financiera.
Sin embargo, es necesario hacer un último apunte. Si realmente la motivación es una cuestión social y -por el motivo que fuere- la decisión hubiera llegado tarde, por coherencia, sería deseable y previsible que se produjera una decisión similar destinada a los clientes que tienen contratadas hipotecas afectadas por la desaparición del IRPH (controversia que trataremos en un próximo post).
La respuesta a las dos preguntas anteriores -aspecto en el que los medios parecen haber preferido no profundizar- es importante ya que incide directamente en la reputación de la entidad. No se trata de una cuestión trivial. Para conocer y analizar bien a una entidad financiera como CaixaBank, es importe analizar la decisión tanto como la razón que probablemente la motive. Al contrastarlo con las justificaciones trasladadas por la dirección, eso ayudará a ver qué grado de confianza hay que depositar en el cuerpo directivo de la entidad. Es más, en caso de determinar que esta decisión es más forzada que involuntaria y, por lo tanto, que su declarado carácter social es más que cuestionable, eso nos llevaría a concluir que se puede estar desvirtuando el carácter de la "Obra Social", es decir, el "alma" del conglomerado financiero catalán.
Por nuestra parte, quedamos a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Supremo que afectará a unas 15.000 hipotecas (y que determinará también si se da o no un efecto retroactivo), momento en el que retomaremos este asunto y aprovecharemos para realizar otras pocas reflexiones.
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