Al final parece que alguien ha querido poner coherencia en todo este tema. El SUP (Sindicato Unificado de Policía) ha emitido un comunicado condenando la desproporcionada actuación de un grupo de policías (UIPs) la pasada semana. Dichos individuos fueron grabados agrediendo a una adolescente y posteriormente a un fotógrafo que ejercía su derecho a informar libremente en la vía pública.
El comunicado esgrime que “quienes han actuado extralimitándose en sus funciones de policía no pueden apelar al compañerismo porque ellos no han sido compañeros de nadie, han vulnerado los principios de la actuación policial, han desahogado sus bajos instintos o sus complejos y nos han perjudicado a todos los miembros de esta profesión”. Finalmente alguien desde dentro se ha atrevido a hablar claro.
Pero desde el SUP van más allá y piden que se inicie una investigación con el fin de aclarar los hechos para depurar responsabilidades “aunque el daño ya está hecho”. Al menos desde este sindicato, van más allá que desde la Delegación del Gobierno en Madrid o el Ministerio del Interior, donde han hecho la vista gorda a la espera de que amaine el temporal.
Lo que deberían tener claro los políticos de este país es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estadoestán para proteger y defender a la ciudadanía, no para atemorizarla. Y que este hecho puede provocar que, como señala el SUP, denuncias por abuso de la autoridad policial que “prosperarán o avanzarán solo por estar en el recuerdo estas imágenes”. Y seguro que la Policía se lo pensará dos veces antes de levantar la mano.
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