Coletas, rata

RESULTA INADMISIBLE QUE cualquier político, sea, por supuesto, del partido que sea, acabe sufriendo un escrache y pueda ser acosado. Incluso ante su domicilio, de forma ocasional o permanente, estando en la oposición o en el Gobierno. Se llame Pablo, Irene, Cristina, Soraya, Esteban, Rita o Rosa. Viva en Malasaña, en la colonia de la Fuente del Berro o en Galapagar, veranee en Asturias o donde la venga en gana.

Y tan intolerables resultaban estas persecuciones antes como ahora, por más que tan deleznables prácticas pudieran haber gozado de simpatía, o al menos comprensión, cuando no silencio cómplice, por parte incluso de quienes las padecen ahora. Ni fueron "jarabe democrático de los de abajo" en otro momento −según la expresión utilizada por Pablo Iglesias en 2013 en su programa "Fort Apache" de Hispan TV, cuando Podemos aún no había sido fundado−, ni deberían tener amparo o cabida nunca en nuestra sociedad.

El ejercicio del poder y la asunción de responsabilidades políticas, obvio es decirlo, no eximen a nadie, al contrario, de la legítima protesta por parte de quien se considere concernido o incomodado en su forma de entender la gestión de lo público, cuando no, directamente perjudicado en sus intereses. Siempre habrá un motivo de queja y toda decisión es susceptible de ser contestada y protestada en la calle, aunque solo sea por el derecho que nos asiste al pataleo.

Explicar esto a estas alturas debería ser algo innecesario, aunque quizás no tanto después de que el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero hayan decidido cancelar sus vacaciones en Asturias alegando motivos de "seguridad". Así lo acordaron tras la aparición de varias pintadas (Coletas, rata) en carreteras de la zona donde pretendían pasar unos días de descanso, y una vez también de que, a través de las redes sociales, una vecina llegara a difundir la dirección de su vivienda de veraneo para animar a la gente a ir hasta allí a protestar.

Que el restaurante Casa María (Felgueras, Lena) también haya sufrido insultos por haber atendido a Iglesias y su familia, y que la dueña del local se haya visto obligada a ofrecer explicaciones en las redes sociales por darles de comer, resulta incomprensible, además de bochornoso, y es una prueba más, del imparable nivel de estulticia y cainismo al que estamos llegando.

Tiene razón Cristina Cifuentes, víctima ella misma de un escrache en la calle que la obligó a refugiarse en un restaurante (14 de julio de 2012), cuando al hilo del acoso a Iglesias y Montero se preguntaba estos días en Twitter si sus hijos eran de "peor condición" que los de los dirigentes de Podemos. Las situaciones no son comparables, porque cada caso tiene su singularidad y se produce en un contexto distinto, pero la condena deber ser la misma, y con la misma energía, en todos los casos y circunstancias

Cuando una protesta deja de ser algo puntual por parte de alguien que no encuentra otra manera de que su voz sea tenida en cuenta, y se convierte en una persecución ideológica, no se está ejerciendo ya el legítimo y muy sano derecho a la libertad de expresión, sino que, lisa y llanamente, estamos, o deberíamos estar, ante un delito.

Desconozco cuál sería la tipificación legal, al no haber violencia física ni invasión de la intimidad, ni tal vez amenazas ni coacciones, pero esa intimidación, cuando es constante, debería merecer algún reproche administrativo, o incluso legal. Aunque solo sea para que no se convierta en un reclamo a sabiendas de su impunidad. No ahora, en caliente, porque el perjudicado sea Iglesias, sino con carácter general y para siempre.

Tan legítimo es que te caiga bien (o mal) el Coletas, como despectivamente le llaman sus detractores, como que tengas una magnífica (o pésima) opinión de Santiago Abascal. De esto, entre otras cosas, va la democracia. De lo que no va, con seguridad, es de tratar de acogotar a quien no comulga con nuestras ideas. Sobran los insultos. Sobran los linchadores y sus secuaces, enarbolen una pancarta o vayan envueltos en una bandera.